La justicia imputa a una alcaldesa madrileña del PP por favorecer negocios privados de un concejal
Un juzgado de Madrid ha imputado a la alcaldesa de Fuente el Saz (Madrid), María José Moñino, tras la denuncia presentada por la Fiscalía por delitos de prevaricación y contra el Medio Ambiente. La causa rastrea un total de seis irregularidades cometidas desde el Consistorio, que incluyen decisiones supuestamente para beneficiar los negocios privados del teniente de alcalde y concejal de Seguridad, Juan Pedro Sanz, además de trocear contratos y licitaciones a familiares de la corporación municipal.
En un auto con fecha del 5 de febrero, al que ha tenido acceso eldiario.es, la jueza Raquel Rodríguez Gómez, titular del juzgado de Instrucción número 2 de Torrejón de Ardoz, cita a Moñino como investigada para este jueves a las 12.00 horas. La jueza también ha accedido a las diligencias de investigación que pedía la Fiscalía.
El escrito del Ministerio Público, firmado por María Llamas, pide que se rastreen algunas decisiones bajo sospecha que tienen al teniente de Alcalde como protagonista. Entre ellas están los contratos municipales otorgados a la empresa Horfaven 2008 SL para proveer de materiales de construcción al Ayuntamiento.
Según la documentación que maneja la Fiscalía, y que le fue entregada por parte de los concejales de IU en Fuente el Saz, es el teniente de alcalde quien realiza “labores de asfaltado de calles, del párking del polideportivo municipal” y obras públicas que cobra a través de una facturación cruzada con Horfaven. Por eso la fiscal ha pedido la relación de los contratos a esa empresa, que se investigue si hay indicios de ilegalidad y que se determine quiénes controlan esa sociedad, por si tienen vínculos con el teniente de alcalde.
La Fiscalía también reclama al Ayuntamiento todos los documentos sobre la concesión de una licencia para construir una gasolinera de la empresa Petrolsaz. La estación de servicio se levantó sobre unos terrenos propiedad del teniente de alcalde, según la documentación que maneja la Fiscalía, que recibe una cuota mensual por parte de esa empresa. La sociedad propietaria de la gasolinera está administrada por José Benito del Olmo y David Álvarez Cienfuegos. El primero es concejal del PP en Paracuellos del Jarama.
Según la documentación que tiene la Fiscalía, la concesión de los permisos para levantar esa gasolinera en los terrenos del teniente de alcalde incumple la Ley del Suelo, el Plan de Urbanismo del municipio, no tiene informe de Medio ambiente y no respeta las distancias mínimas con las viviendas de alrededor.
La tercera irregularidad que se investiga y que afecta a Juan Pedro Sanz, que además de teniente de alcalde es concejal de Seguridad, es la licencia de primera ocupación concedida a una vivienda al promotor Eusebio Sanz, su hermano. La documentación enviada a la Fiscalía señala que esa licencia se otorgó a pesar de que la vivienda no cumplía los requisitos de habitabilidad. Según esos documentos, Sanz no se abstuvo de la decisión durante la Junta de Gobierno y votó a favor.
Juan Pedro Sanz es consejero de la empresa Fuente Yagüe SA, dedicada a “la extracción de áridos, la fabricación de hormigón” y a la compra y explotación de fincas rurales. Según los datos de sus cuentas, entre 2014 y 2016 (las últimas cuentas completas disponibles) la sociedad perdió 472.379 euros.
En la documentación que IU envió a la Fiscalía y que motivó la denuncia del Ministerio Público se incide en que Sanz ha aprovechado “su situación de preponderancia de cargo público y de tráfico de influencias” para fomentar sus negocios particulares. “La alcaldesa [María José Moñino] permite, tolera y autoriza dichos abusos junto con la Junta de Gobierno de la que forma parte el interesado!, añade ese informe.
Además de las decisiones que pudieron beneficiar al teniente de alcalde, a la regidora se le investiga por otras irregularidades. La Fiscalía quiere saber si troceó los contratos para surtir de combustible a los coches municipales y de gasóleo a la calefacción del Ayuntamiento, si se benefició a una prima de otro concejal con una licitación pública y si la alcaldesa ha dificultado la labor de control de la oposición impidiendo que se debatiesen algunas mociones.
La jueza ha ordenado realizar todas las diligencias solicitadas por la Fiscalía y ha citado como investigada a Moñino. Tiene pendiente de decidir si, como ha pedido también la fiscal, declara la causa compleja para ampliar la investigación durante 18 meses más. Este medio ha intentado sin éxito recabar la versión de la alcaldesa.