Por qué luchamos desde el Sindicato de Vivienda de Carabanchel en las fiestas de San Isidro: un modelo que aspire a más

¿Qué está pasando en Camino Alto de San Isidro?

Estos días han sido las fiestas de San Isidro, y con ellas la pradera ha vuelto a llenarse de cientos de personas celebrando una de las principales fiestas de Madrid. También han estado las casetas de partidos políticos de todo el arco parlamentario que cada año acuden para sacarse la foto y pasear a sus representantes por el recinto. A pocos metros, en la calle Camino Alto de San Isidro la realidad es otra. Vecinas y vecinos se juntan en la calle por motivos muy diferentes. Entre altavoces, cánticos y pancartas; estos días han bajado de casa para organizar una chocolatada vecinal, tratar de frenar un desahucio o juntarse en una asamblea. Mientras la ciudad se preparaba para celebrar y disfrutar de sus fiestas en el barrio de Carabanchel, las vecinas que lo habitan luchan para no ser expulsadas de él. Esta doble realidad evidencia un conflicto que late de fondo bajo el ambiente festivo de la pradera.

La situación de la calle Camino Alto de San Isidro, entre las paradas de metro de Marqués de Vadillo y Urgel, ejemplifica un conflicto que se extiende más allá del Barrio de Carabanchel y más allá de Madrid. Un conflicto complejo y muchas veces invisibilizado que afecta a miles de familias en todo el estado. Pero, ¿cuál es este conflicto?, ¿quién quiere desahuciar a esta gente?, ¿un fondo buitre, un banco, una inmobiliaria o un rentista? Nada más lejos de la realidad. Se trata de la AVS, la empresa de vivienda pública de la Comunidad de Madrid.

El Alto de San Isidro nos muestra que la vivienda pública no está exenta de conflicto. El cual se ejemplifica muy bien si nos acercamos al caso de Ana María, una vecina de la calle que lleva toda su vida en el barrio, y más de treinta años en una casa de la Agencia de Vivienda Social (antiguo IVIMA). Allí ha criado a sus hijos y sigue cuidando ahora a sus nietos. Tras más de 30 años pagando el alquiler en una casa que estaba a nombre de su tío, en 2017 la Comunidad de Madrid deja de aceptar el dinero y le niega la regularización del alquiler. Hoy, tras dos intentos de desahucio a finales de 2024, la situación de Ana María –así como la de tantas vecinas– sigue siendo la de la incertidumbre, la angustia y el miedo.

Ana María representa a muchas otras vecinas que se organizan día a día en los sindicatos de vivienda y cuyo casero no es otro que la Comunidad de Madrid.

La historia de estas promociones de vivienda es la historia de un barrio obrero que fue creciendo en los 80 a través de asentamientos chabolistas, y que en los 90 gracias a fuertes movilizaciones por parte de las asociaciones barriales y vecinales consiguieron que la administración iniciase procesos masivos de realojos y regularización. Esta actuación fue llevada a cabo por el IVIMA (Instituto de Vivienda de Madrid) a través de sorteos y adjudicaciones de nuevas construcciones de parque público.

Y, de aquellos barros estos lodos, 20 años más tarde, sucedería que una parte grande de los inquilinos de dichos bloques se encontrarán en situaciones irregulares: cuando fallece el titular del contrato se pierde el derecho a habitar la vivienda, como es el caso de Ana María. Y con ello, en enero de 2016, se impulsó una regularización extraordinaria de vivienda pública en Madrid enfocada en legalizar las situaciones irregulares de dichas viviendas, gestionadas ahora por la AVS. Sin embargo, los requisitos y el proceso dejaron a un alto número de familias y personas fuera, que no pudieron regularizar su situación.

Así, a día de hoy vecinas como Ana María o Manuel se enfrentan a procesos de desahucio. Una oleada de cartas con activaciones de desahucios que aceleran los procesos de desalojo de la vivienda pública que no se entienden sin comprender la historia de estos edificios y las personas que los habitan. Con unos datos que muestran 5 calles del barrio amenazadas y aproximadamente 100 familias en situaciones de riesgo, la AVS ignora las necesidades reales de las vecinas y acelera los dispositivos para vaciar las viviendas.

Esto no puede comprenderse sin la contraparte: la venta de parque público a propietarios privados y fondos buitre. Para las vecinas cada vez es más común ver como inversores y compradores pasean por sus calles revisando los inmuebles, preguntándoles información personal o incluso ofreciéndoles dinero por abandonar sus casas, casas cuyo casero no es otro que la Comunidad de Madrid ¿A dónde se van a ir? ¿Quién se va a quedar con esas casas?

Las respuestas a estas preguntas no son muy esperanzadoras, ya que parece haber una intención clara de liberalizar estas casas, pasando de ser vivienda pública a formar parte del mercado. Esto no es casualidad. Carabanchel, en general, y San Isidro, en particular, están viviendo un incremento exponencial en los precios de la vivienda.

Esto nos revela el proceder de las Administraciones públicas, que utilizan unas mismas viviendas de distinto modo en función de la época. Primeramente, para realojar a familias de asentamientos en momentos de gran conflicto social, con una fuerte organización de la clase trabajadora que presionaba en esa dirección y los terrenos en la zona eran baratos. Eso sí, con infracondiciones y donde, a pesar de eso, se les pasa a cobrar alquiler por un parque sin mantenimiento del cual se les va a expulsar después. Finalmente, aquellos edificios públicos que alojan a familias obreras chabolistas, terminan en manos de fondos buitre y propietarios del mercado privado cuando la zona se vuelve cada vez más rentable para la especulación.

Si bien desde las instituciones y los partidos políticos se explica el problema de la vivienda como un problema exclusivo de falta de oferta solucionable, bien con la construcción masiva por iniciativa privada o bien por la ampliación del parque público de vivienda; la realidad que viven día a día las vecinas es otra muy diferente… algo no cuadra.

Cabría suponer que la gestión del parque público de vivienda respondería a las necesidades de la gente, pero ¿es realmente la vivienda pública la solución al problema de la vivienda?

Vivienda pública, la pata esencial del negocio de la vivienda

La casa de Ana María nació como parte de una respuesta institucional a décadas de infravivienda, chabolismo y abandono por parte de las políticas públicas. La misma casa que ahora, treinta años después recibe una carta de desalojo, aparece en un expediente administrativo, le tapian la puerta o recibe a inversores interesados en el bloque.

La vivienda pública ha sido mostrada siempre como la alternativa al mercado privado, siendo la gran apuesta de los partidos de izquierda en materia de vivienda así como una constante reclama por parte de los movimientos sociales. Si bien la vivienda pública ha supuesto, en algunos lugares y contextos, una conquista parcial por parte de la clase trabajadora, en realidad esta no es per se una alternativa al mercado. En muchas ocasiones, lo complementa, lo ordena o lo prepara –el caso de la AVS que analizamos aquí da prueba de ello–. La administración pública construye donde el mercado no llega, realoja para contener el conflicto cuando la precariedad se descontrola y toma la forma de fuertes luchas sociales, y deja paso siempre a la rentabilidad y el mercado privado cuando el suelo vuelve a ser un bien preciado. Así, donde hace 40 años se alojó una familia chabolista de Carabanchel, hoy hay una puerta de chapa que se mantendrá cerrada durante años, además de aquellas ya vendidas a propietarios, o que mantienen sin suministros entre otras.

Una realidad que ya es cotidiana para muchas familias, donde antes estaba el vecino ahora portales que se caen a pedazos… No son fallos de gestión, responde a un interés concreto, el de dejar que empeore algo que se quiere vaciar.

¿A qué nos referimos cuando decimos que la vivienda pública forma parte del negocio de la vivienda? Al origen de todas estas casas en las que vivimos, un origen que responde a intereses y no precisamente a los de la clase trabajadora. Antes de alojar a una familia ya hay suelo, licitaciones y contratos públicos, constructoras, servicios de gestión… todo un enorme abanico de intermediarios que sacan rédito y beneficio de algo que supuestamente es una política social.

La vivienda pública muestra así como el propio Estado, incluso cuando tiene que satisfacer algunas necesidades y demandas de la clase trabajadora, participa y alimenta el mercado inmobiliario, adjudicando contratos millonarios que garantizan beneficios privados con dinero público y absorbiendo las viviendas y bloques que el mercado no es capaz de rentabilizar. Esto se refleja muy bien en las VPO: se construyen bajo una supuesta protección pública que da facilidades y recursos en forma de dinero o suelo a constructoras, promotoras e inmobiliarias, se presentan como solución al problema de la vivienda y pasados unos años dichas viviendas vuelven a incorporarse al mercado sin protección ni limitación de precio alguna. Es decir, vivienda asegurada pero con fecha de caducidad.

Aun con todo este negocio, miles de personas llevan décadas en las listas de solicitantes de vivienda pública. Listas inmensas que no paran de crecer y que en ningún momento suponen una solución y una alternativa real al problema del acceso de la clase trabajadora a la vivienda. Por ello, tampoco deben ilusionar las promesas de que unos nuevos planes de construcción de vivienda pública vayan a influir en los precios del mercado privado.

Lo vemos cada día en bloques como los de Camino Alto de San Isidro donde la comunidad de Madrid, como cualquier fondo buitre, descuida sus casas y, mientras, desahucia diariamente a familias. Manuel vive al lado de puertas que llevan cinco, ocho o hasta doce años cerradas desde que la AVS expulsó a sus residentes.

Solo en 2024, la AVS ejecutó 121 desalojos de viviendas sociales, la cifra más alta registrada desde 2015. Esta estrategia de expulsión la conocen muy bien: cartas de desalojo voluntario en diez días, desahucios administrativos y el uso de las fuerzas represivas del estado. El Estado gasta en expulsar a quienes habitan viviendas públicas los recursos que no invierte en mantenerlas y mucho menos en garantizar y mejorar su acceso. Sin ir más lejos, en 2023 la AVS contrató a un equipo específico formado por un fiscalista y 19 personas de seguridad para acelerar el proceso de desalojo.

Por otro lado, basta con pasearse una tarde por las calles y hablar con las vecinas y vecinos que allí se encuentran, o simplemente acercarse a los portales para observar el abandono de los bloques. Esto no es algo exclusivo de estos edificios, es una constante en la que la administración mantiene el parque público en condiciones precarias y de penuria. Una vivienda destinada a sectores de la población que no pueden acceder al mercado privado y a los que se relega a las peores condiciones. Así, su fabricación y construcción se hace con materiales baratos y con proyectos de arquitectura desconectados de las necesidades cotidianas de una familia trabajadora, pero además con un mantenimiento nulo.

Todo esto sólo nos lleva a una conclusión clara: las instituciones y administraciones públicas no son una solución real al problema de la vivienda. Ni en su construcción, ni en su gestión.

La realidad es que el actual modelo de vivienda pública no rompe con el mercado ni responde únicamente a los intereses y necesidades de la clase trabajadora sino, por encima de todo a los de un mercado que requiere de mediaciones para sostener su negocio. Hay ocasiones en las que los intereses del mercado se alinean con las necesidades de la clase trabajadora, o también puede haber concesiones gracias a la lucha –como fue el caso del realojo de los asentamientos chabolistas en los 80 o el proceso de regularización de 2016–.

Sin embargo, estas victorias parciales son frágiles cuando dependen de la gestión de un Estado y unas administraciones más preocupadas por el ciclo inmobiliario y las necesidades del capital.

Organizarse es la única solución

La historia de esta calle es la historia del conflicto de la vivienda pública. Una historia que demuestra que lo único que nos asegura quedarnos en nuestras casas es la organización; porque sin las más de 200 personas que plantaron cara a la AVS el 15 de octubre de 2024 en su desahucio, Ana María y su familia estarían hoy en la calle.

Cada mes llegan decenas de casos a las asambleas de vivienda con el mismo problema, un sistema diseñado para enriquecerse y hacer negocio a costa de la clase trabajadora. En Camino Alto de San Isidro esto está claro; el estado no va a regalar nada, la única salida es la lucha sindical y conjunta por nuestras casas.

Esta realidad señala también la responsabilidad de todos los partidos socialdemócratas que se aprovechan para utilizar la vivienda no sólo como un negocio sino como una reclama electoralista, ofreciendo falsas soluciones y mostrándose incapaces de dar una alternativa real que nos asegure una vivienda digna dónde vivir. Lo hemos visto con la caída de la prórroga de alquileres y con la caída de la moratoria antidesahucios, medidas mínimas e insuficientes que no rompían con el negocio de la vivienda ni atacaban a sus consecuencias, y ni eso son capaces de ofrecer. Mientras, una realidad en la que los desahucios no paran, los alquileres suben y la clase trabajadora se encuentra cada vez un poco más y más en la miseria. Todo lo que la socialdemocracia nos puede ofrecer es limitarse a gobernar en favor del mercado, en algunos casos permitiendo ciertas victorias o medidas parciales pero siempre en contra de nuestros intereses. Y ahora mismo los intereses del mercado están en liberalizar la vivienda pública, venderla al mejor postor y rentabilizar el suelo.

Pero, tal y como nos muestran las vecinas organizadas, hay una alternativa por la que luchar. Renunciar a conformarse con un sistema que asfixia y que no es capaz de dar lo mínimo para vivir. No puede ser que lo máximo a lo que aspiremos es a un sistema dónde “se explote un poquito menos”. Un modelo que vaya más allá del alquiler “asequible”, más allá de los diez años de protección y que luego se libere al mercado privado, más allá de lo rentable y más allá de las necesidades del mercado.

Cuando se escucha que “la solución al problema de la vivienda pasa por construir más parque público”, o que esta es “el modelo al que aspirar”, resulta algo chocante si se piensa en todas esas familias que día a día se reúnen en asambleas de barrios. Es tarea del presente criticar un modelo de vivienda pública que se vende como la gran alternativa al problema de la vivienda, pero que en la práctica desahucia, controla y se vende al beneficio del capital.

La alternativa pasa por un modelo de vivienda pública que ampare a todas las personas. Lo que exige una regularización de todas esas familias que —aún tras años viviendo en esas casas— a día de hoy no tienen un contrato vigente y de las que las administraciones han decidido no hacerse cargo. Regularización como la ya efectuada en 2016 por la Comunidad de Madrid, donde casos como los de Manuel o Ana, cuyas familias llevan generaciones en el barrio con contratos asignados fueron excluidos. Un modelo que no enfrente al pobre contra el más pobre y que reivindique ir más allá de su uso como contención de las capas más vulnerables de la sociedad, la vivienda pública como un modelo capaz de amparar a toda la clase trabajadora.

Ahora que el mercado de la vivienda muestra su cara más agresiva, con Fondos internacionales comprando bloques enteros, alquileres que suben 200% de un año a otro, se debe aspirar a un modelo de alquileres vitalicios, que aseguren la vivienda como un bien de primera necesidad, estable y permanente, donde las vidas de las vecinas no dependan de los intereses del capital y el estado se convierta en un gestor más.

Barrios como Carabanchel, en cuya historia y crecimiento urbano se observa perfectamente la evolución del ciclo inmobiliario, son hoy la mejor muestra de los límites de un modelo insuficiente. Con familias enteras que entran y salen diariamente con todas sus cosas de pisos o habitaciones, edificios enteros a la venta, el aumento de pisos turísticos y de alquiler temporal y en medio de todo esto una Vivienda Pública que resulta excluyente, inaccesible y que no responde a las necesidades reales de la clase trabajadora.

Los primeros pasos están en tomar como propia la consigna de una vivienda “Gratuita, Universal y de Calidad”. Declarando la prohibición de los desahucios, que vacían el parque público mientras las listas de espera siguen aumentando, invertir en viviendas de calidad rompiendo con una producción y gestión diseñada para abaratar costes y aumentar la rentabilidad, y defender el derecho a una vivienda que no deje a nadie fuera.

Luchar por hacer realidad un modelo que garantice una vida digna, donde la vivienda deje de ser una mercancía y sea realmente un derecho, un modelo que aspire a más.