El Ayuntamiento de Madrid pone límites a las cocinas industriales que generan molestias a los vecinos de la ciudad tras las movilizaciones de algunos barrios. Los locales no podrán superar los 350 metros cuadrados si quieren instalarse en edificios residenciales -caben unas seis cocinas- y estarán obligados a tener un aparcamiento interior para hacer el reparto, según confirman fuentes municipales.
Las nuevas condiciones se contemplan en la actualización del Plan General de Ordenación Urbana, la biblia de las normas urbanísticas de la capital. La Junta de Gobierno aprueba este jueves un avance del nuevo PGOUM. El avance es una herramienta, contemplada en la Ley del Suelo, que permite a la corporación adelantar las líneas maestras del proyecto y suspender ya –una vez se publique en el Boletín Oficial del Ayuntamiento– las licencias que no cumplan con las nuevas obligaciones aunque el plan no se haya tramitado todavía. Las mismas normas se aplicarán a los almacenes de reparto y a las plataformas logísticas que desarrollen su actividad en el centro de la ciudad.
El área de Desarrollo Urbano, dirigida por Mariano Fuentes (Ciudadanos), ha concedido hasta el momento una decena de licencias para abrir cocinas industriales. Esos permisos no se revocan porque la norma no se aplica con carácter retroactivo. Hay, además, otras cuatro licencias solicitadas que probablemente se frenarán, confirman desde el Ayuntamiento. La corporación busca con estas medidas desincentivar la apertura de cocinas en los bajos de edificios de viviendas y trasladarlas a zonas industriales. Por eso, las limitaciones previstas para las cocinas situadas en edificios residenciales no operan en el caso de polígonos.
En el Ayuntamiento admiten que se ha generado una “alarma social” y una “movilización vecinal” que les ha empujado a una regulación específica. La oposición y los vecinos llevaban meses exigiendo al Ayuntamiento una moratoria en las licencias hasta que no se aprobaran unas normas concretas para estos negocios de nuevo cuño. Entre los requisitos para pedir la licencia de obras y de funcionamiento, las empresas deben adjuntar un estudio de “repercusión del entorno y movilidad para toda la logística que se implante”.
Más Madrid pedía este miércoles que la modificación normativa prohibiera taxativamente instalar cocinas de estas características en zonas residenciales. El grupo municipal calcula que existen 190, ubicadas en 26 emplazamientos. El PSOE alertó hace unos meses de que a final de año habría unas 250 instalaciones de este tipo y considera que la regulación “llega tarde porque ya operan sin licencia”.
El Gobierno municipal, sin embargo, considera que se ha generado una “gran alarma” con el asunto aunque “solo se han concedido 10 licencias”. Los primeros resultados de las inspecciones realizadas por el Ayuntamiento en estos locales arrojan que en 15 de 22 se hallaron pequeñas deficiencias.
En todo caso, y pese a los cambios en la regulación, al menos una de las licencias de estas “cocinas agrupadas” –como se refiere a ellas la normativa– se dirimirá en los tribunales. Se trata de las seis cocinas industriales ubicadas junto a un colegio público en el distrito de Arganzuela. Las familias del CEIP Miguel de Unamuno han presentado un recurso contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento por mantener el permiso urbanístico pese a que, aseguran, se han constatado deficiencias técnicas. Las madres y padres recurren a la vía judicial ante la “inacción y el abandono del alcalde y el delegado de Urbanismo”. Para costear el proceso han abierto un crowdfunding.