Los cambios de la Comunidad de Madrid en el acceso a vivienda pública expulsarán hasta 10.000 personas de listas de EMVS
Un proyecto de decreto del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso contempla el incremento de los plazos de residencia en Madrid para acceder a viviendas públicas protegidas. Hasta ahora, era necesario acreditar el empadronamiento o el contrato en un centro de trabajo en el municipio de la adjudicación durante los tres años inmediatamente anteriores a la solicitud. Ese período pasa a ser de cinco años. Además, la exigencia de padrón o contratación en la Comunidad de Madrid aumenta de cinco a diez años.
El decreto 84/2020 de 7 de octubre, del Consejo de Gobierno, regula el procedimiento de asignación y el uso de viviendas construidas al amparo de concesión demanial en suelos de redes supramunicipales. Esto es, viviendas públicas y protegidas, tanto las levantadas por empresas municipales de vivienda como las edificadas mediante colaboración público-privada. El nuevo proyecto de decreto, todavía en fase de información pública, restringe el acceso a un tipo de oferta sensiblemente más asequible, todo ello en un contexto de crisis habitacional.
Atendiendo únicamente a la oferta de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo de la ciudad de Madrid (EMVS), la modificación normativa dejará fuera hasta 10.000 personas, según sus datos recopilados a 31 de diciembre de 2025. De los 60.000 solicitantes en esa fecha, al menos 5.300 quedaban ya fuera con las exigencias previas en materia de empadronamiento. Otras 10.816 personas aparecen desglosadas en el período de empadronamiento de entre dos y cinco años. En este grupo ya eran descartados las que llevan dos y seguirán en el proceso las que llevan cinco, pero sufrirán el ajuste las que lo estén desde hace tres o cuatro años.
Un ejemplo ilustrativo de la modificación está en la última adjudicación de vivienda de EMVS. De los 317 hogares en el proceso, hasta 57 se adjudicaron a solicitantes empadronados en Madrid desde hace entre dos y cinco años, el grupo que incluye a los afectados por la medida. Esto es, hasta un 18% del total de aspirantes. A ello hay que sumar otro 7,5% de peticiones que ya eran descartadas con la legislación anterior.
Efecto directo en las familias más vulnerables
Pedro Barrero, concejal socialista en el Ayuntamiento de Madrid, traslada las preocupaciones que esta nueva normativa genera en la oposición : “Limita el acceso a la vivienda a la gente mas vulnerable, con un total del 30% del censo y 16.000 personas en Madrid excluídas, atendiendo a los datos de EMVS el último año”.
El portavoz del partido en la Comisión de Obras, Equipamientos y Políticas de Vivienda lamenta en conversación con Somos Madrid que la actualización normativa “está motivada por otro tipo de cuestiones políticas, a raíz de los mensajes ultras sobre el supuesto problema de los migrantes en la Comunidad de Madrid o la ciudad”. Habla de una medida “discriminatoria tanto como con la migración exterior como con la interior”, que “castiga a las familias jóvenes y con niños pequeñós, además de aquellas en situaciones de precariedad, que son las que más necesitan una vivienda pública”.
Para Barrero, la modificación va en el sentido contrario a los ajustes normativos que debería implantar el Ejecutivo de Ayuso: “Añaden traban cuando deberían afianzar la vivienda protegida, tendrían que cambiar sus normas para que lo sea con carácter permanente y no se pueda especular con ella los 15 años”. Según el edil, las nuevas restricciones “no ayudan a acceder a pisos protegidos” y, en cambio, “fomentarán el mercado negro”.
Desde la Consejería de Vivienda rechazan estas valoraciones y explican que el cambio tiene más que ver con “el arraigo en la Comunidad de Madrid”. Precisan además que los nuevos plazos afectan tanto a la vivienda pública adjudicada en propiedad como a la que se otorga en régimen de alquiler.