El Gobierno de Ayuso acaba de publicar en su portal de consulta pública un decreto aprobado esta semana para cambiar la ley que regula el arrendamiento de vehículos con conductor, conocidos como VTC y que en Madrid operan marcas como Uber o Cabify.
Aunque incluye algunas modificaciones menores como asegurar que las pegatinas se vean bien o que los vehículos C puedan entrar a Madrid Central con personas de movilidad reducida, el cambio más importante es el que intenta asegurar que las compañías no disparen sus tarifas en momentos excepcionales a través de distintos suplementos.
La Comunidad de Madrid regulará el precio de los servicios en las situaciones excepcionales de alta demanda “para delimitar de forma clara y precisa estos supuestos en los que el precio no podrá superar nunca el 75% del habitual”, como es el caso de las catástrofes naturales o el reciente apagón de luz que sufrió toda España, explica el Gobierno regional en nota de prensa.
Lo que intenta el ejecutivo de Ayuso es “definir con una mayor claridad las diferentes circunstancias excepcionales de alta demanda de servicios que pueden producirse y establecer las posibles limitaciones a que en estos casos se puedan aplicar otros suplementos que hagan incrementar el precio de los servicios”, indica el texto consultado por este periódico.
En concreto, la modificación regulará estos precios cuando “la celebración de eventos no habituales o extraordinarios de cualquier naturaleza en los que, la ubicación de su realización, los horarios de inicio o finalización, la afluencia masiva de asistentes y otras de distinta índole, determinen que la oferta de transporte resulte insuficiente para cubrir las necesidades de desplazamiento de los asistentes”.
Según la Comunidad de Madrid, las compañías de VTC estaban saltándose la limitación del 75% de incremento sobre el precio base a través de “una serie de suplementos” que se incorporaban al final de este cálculo como “práctica habitual”.