Era el único día sin lluvia en lo que llevamos de semana y, sin embargo, algunos en Villaverde amanecieron con un nudo en la garganta. Este miércoles, el Juzgado de Primera Instancia número 100 de Madrid había ordenado el desahucio de Victoria N.P. y sus dos nietas menores de edad, ambas hijas de una mujer asesinada en 2023 por su expareja. Su madre murió a pocas calles del edificio del que ahora han tenido que marcharse, sin acogerse a los servicios municipales de emergencia y sin que en todo este tiempo hayan cobrado ayuda alguna por haberse quedado huérfanas después de un crimen por violencia machista.
El aviso de lanzamiento lo recibieron el pasado diciembre en el domicilio donde residían –calle Dolorosa número 14– la abuela de las niñas y una tercera hermana mayor de edad, que ha preferido mantener su nombre en el anonimato. Esta última decidió marcharse antes del nuevo año por el estrés que le generaba esa nueva fecha en el calendario: el 14 de enero a las 13.00 horas tendrían que abandonar la casa en la que Victoria N.P. vive desde hace más de una década, y llevárselo todo o perderían lo que quedara dentro. La razón: una deuda hipotecaria.
La madre de la mujer asesinada tenía una deuda con Caixabank y una renta mensual de unos 600 euros al mes, según estima la familia; así que una sociedad limitada dedicada a la promoción inmobiliaria llamada Circleville SL adquirió ese descubierto y pasó a reclamar la propiedad del piso que hasta entonces pertenecía a Victoria. La pugna judicial por adquirir o mantener el piso acumula autos y resoluciones desde, al menos el año 2018, cuando otra empresa registrada en Luxemburgo (Vuelta Direct Holdings S.A.R.L.) solicitó una ejecución hipotecaria para que Victoria N.P. abandonara el apartamento en Villaverde.
El Ayuntamiento de Madrid aseguró a este periódico un día antes del desalojo que habían enviado un requerimiento al juez solicitando paralizar el desahucio y adjuntando un informe social sobre la delicada situación de la familia. Sin embargo, nada pudo pararlo. Puntuales, solo seis minutos después de la hora a la que estaba programado el lanzamiento y ante la presencia de policías, cerrajeros, agentes de Samur Social e incluso políticos de la oposición, la nieta mayor de edad envía un escueto mensaje desde su teléfono: “Nada. Nos desahucian”.
Las tres hermanas y su abuela han perdido definitivamente su casa –una ya se había trasladado previamente a casa de sus suegros– y se han dividido tanto ellas como sus pertenencias entre las casas de conocidos o vecinos que decidieron echar una mano. Fuentes del Área municipal de Políticas Sociales, Familia e Igualdad sostienen que las afectadas (al menos, las dos adultas) fueron quienes rechazaron los recursos temporales: “La familia ha preferido alojarse con su red de apoyo”.
Según el relato de otros testigos presenciales en el momento del desalojo, la abogada de oficio que representaba a las chicas y su abuela no apareció por el edificio, al que en cambio sí se acercaron varios agentes de la Policía Municipal y un grupo de trabajadores del Samur Social. Media hora antes de que todos llegaran, la hermana mayor se mostraba nerviosa al otro lado del teléfono. “No tenemos noticias de nada, no sé lo que va a pasar, pero nos están ayudando a sacarlo todo”, explicó a Somos Madrid.
La madre murió a los 36 años a manos de su expareja
Su madre murió después de el hombre con el que convivía le asestara varias puñaladas en septiembre de 2023. Perdió la vida con 36 años y el sospechoso fue detenido y enviado a disposición judicial. Desde entonces, Victoria N.P. se quedó a cargo de sus hijos y convivió hasta ahora con ellos en el piso de Villaverde. La Comunidad de Madrid, a través de los Fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad, ofrece ayudas para huérfanos de víctimas por violencia machista que sean mayores de 16, o bien a sus tutores legales en caso de no haber llegado a esa edad.
La cuantía para cada beneficiario consistirá en un solo pago por importe de dos veces el IPREM anual, el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, un índice que establece el umbral de ingresos para acceder a ayudas, becas, subvenciones o viviendas. Existen otras ayudas estatales y también las becas de comedor, que tienen una categoría propia para hijos de este tipo de víctimas. La familia directa de la mujer asesinada niega haber recibido algún tipo de bonificación en este tiempo, pero desde la administración sostienen que nadie las había solicitado.
Una de las representantes políticas presentes en el momento del desahucio, la diputada del PSOE en la Asamblea y secretaria de Igualdad de los socialistas madrileños, Lorena Morales, critica que la administración municipal haya permitido que la expulsión finalmente se ejecute. “Una de las trabajadoras de los Servicios Sociales me dijo allí mismo que no podían ofrecerles más ayuda porque ninguna tenía la condición oficial de víctima de violencia de género, que está más que claro que lo son cuando hay una sentencia firme que consideró así este crimen”, insiste la parlamentaria regional. En el lugar se encontraban otros políticos a nivel local como Nacho Murgui, de Más Madrid.
Consultados por esta cuestión, desde el Ayuntamiento niegan que esto sea así y mantienen que este ofrecimiento de los recursos municipales para perfiles vulnerables en caso de desahucio se lleva a cabo “con independencia de su condición de víctimas” y, por lo tanto, debe llegar a “cualquier persona en situación de emergencia social”. Que no haya sido así en este caso es algo que delegan en la decisión de la familia, que no obstante ha tratado de paralizar el desalojo hasta el último minuto. “Que hayan rechazado un alojamiento no impide que puedan seguir recibiendo la atención social que necesiten desde su centro de servicios sociales de referencia u otros recursos municipales”, zanjan a este respecto en el consistorio.