Estrés, incertidumbre y largas esperas hasta que se asomó a la puerta una pizca de esperanza. A las 10.24 horas de este miércoles, los agentes retiraron el cordón policial que custodiaba el acceso al número 1 de la calle María Guerrero, en Carabanchel (Madrid). Después de unos segundos de contención, llegan los gritos de alegría. “¡Este desahucio lo hemos parado!”, celebró la multitud frente al edificio, que hacía guardia desde primera hora. Esta mañana tenían previsto desalojar a seis familias inquilinas, la mitad del bloque, por un enrevesado conflicto que empezó la primera empresa promotora y continuó con su actual propietaria, la Sareb. “No lo toleraremos”, se oyó en los alrededores.
Jóvenes en su mayoría, pero también adultos de mediana edad y algún niño pequeño en brazos de su madre salieron a protestar contra otro intento de desahucio, que en este caso pudo ser paralizado. Entre ellos coreaban el cantante de Biznaga, Álvaro García, y el batería de la banda, Jorge 'Milky' Ballarín, aunque prefirieron mimetizarse con los vecinos para “no robar protagonismo a la verdadera causa de hoy”. La crisis de la vivienda protagoniza uno de sus grandes éxitos, El futuro sobre plano.
Media hora antes de la buena nueva, representantes de la comisión judicial enviada para negociar con los arrendatarios accedieron a la vivienda en la calle María Guerrero con el beneplácito de la Policía Municipal, que en torno a las siete de la madrugada ya tenía montado un dispositivo de protección con una decena de efectivos y al menos cinco furgones a pie de calle.
El desahucio, programado inicialmente para las 9.00 horas, pendía de un hilo hasta el último momento: escasos días antes, el llamado “banco malo” remitió al Juzgado de Primera Instancia número 32 de Madrid un escrito solicitando “la suspensión del lanzamiento” en estas seis fincas. Es decir, que se frenara el desalojo hasta renegociar un nuevo contrato con las familias. El Sindicato de Vivienda de Carabanchel, que representa al bloque en las negociaciones con Sareb –a excepción de uno de los 15 pisos–, decidió igualmente mantener la protesta y pasó la noche junto a los inquilinos por si el desahucio finalmente se ejecutaba.
Ana, una de las portavoces sindicales esta mañana, explicó a Somos Madrid que era difícil confirmar con certeza la suspensión del desalojo, al menos hasta constatar que el juzgado actuaba a tiempo y los vecinos podrían permanecer en sus viviendas. “La carta no llegó hasta el final de la semana pasada, con un fin de semana de por medio y otro festivo el lunes. Con tan poco margen no había certezas de que el juzgado lo hubiera recibido correctamente, así que decidimos asegurarnos”, constató horas antes de conocer el resultado.
Durante la espera se sucedieron cánticos de todo tipo ante la mirada atenta de vecinos, conductores que atravesaban la calle o algún que otro niño camino del colegio. “¡Gobierno progresista, hipócrita y rentista!”, corearon algunos en un dardo al Estado, capitaneado por el PSOE en coalición con Sumar. Este verano sorprendió el anuncio de una nueva empresa estatal de vivienda que permita aumentar el parque público y ayude a regular los precios, entre otras cosas, gracias al traspaso de 40.000 inmublebles de la Sareb.
La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, como se le llama oficialmente, es una entidad prevada que se impulsó en 2012 para sanear el sector bancario y asumir los activos tóxicos del mercado, que se generan por inversiones de alto riesgo. El Gobierno central y posee un 45% de la compañía a través del FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria), y ahora adquirirá buena parte de sus inmuebles para introducirlos en una futura empresa pública. Esto, para algunos sindicatos, ha desencadenado otro giro estratégico.
Como Sareb deberá ceder las viviendas voluntariamente al Estado, ha comenzado a liquidar aquellos activos que no cumplen los requisitos mínimos para el traspaso y poder reducir su deuda antes de 2027, su fecha de disolución según el mandato por el que fue creada. “Creemos que a este bloque también han querido sacarle beneficio económico y venderlo a buen precio antes que entregarlo al Estado”, deslizaron desde el Sindicato de Vivienda de Carabanchel, que aúna a representantes del distrito sur.
La quiebra de una empresa como origen del conflicto
En realidad, la odisea en el número 1 de la calle María Guerrero comenzó a raíz de la crisis inmobiliaria de 2008. La promotora inicial del edificio, Inversiones Winner S.L., se declaró en quiebra nada más construirlo, así que tanto el bloque como la deuda millonaria que arrastraba pasaron a concurso de acreedores cuando ni siquiera había podido registrarse en catastro, relata el órgano sindical. La antigua compañía siguió impulsando contratos o cobrando las rentas durante meses, incluso cuando ya no eran los propietarios oficiales del terreno y hasta que este pasó a manos de Sareb, su actual gestora.
Algo que los vecinos aseguraron desconocer hasta hace un año, cuando recibieron una carta de desahucio a nombre de otro arrendador. Entonces descubrieron que el “banco malo” era el dueño del bloque desde 2023 y, aunque consiguieron que desistiera de ejecutar ese primer desahucio, meses después llegaría una nueva orden solo para seis viviendas. El resto recibió un borrador de contrato en el que apreciaron “hasta 12 cláusulas abusivas” y “un intento de separar la fuerza conjunta del edificio”, según sus representantes vecinales.
Finalmente, el desalojo programado este miércoles se ha cancelado aunque seguirá en el aire si no se concluye un acuerdo en las negociaciones entre las partes, que aún siguen en marcha. Como nadie tuvo claro hasta el último momento qué determinarían los tribunales, el dispositivo policial se desplegó igualmente madrugada a la espera de una orden judicial. “¡Sin vosotros no lo habríamos conseguido!”, agradeció, emocionada, una de las vecinas afectadas frente al gentío, que celebró esa mañana un inesperado balón de oxígeno.