Una mujer se ofrece a pagar la subida del alquiler a Maricarmen para evitar el desahucio previsto este miércoles
Una donante anónima se ofrece a costear la subida del alquiler que el fondo Urbagestión Desarrollo e Inversiones ha impuesto a Maricarmen, la mujer de 87 años que este jueves se enfrenta al cuarto intento de desahucio de la casa en la que lleva viviendo siete décadas. Ella seguiría abonando 500 euros mensuales, mientras que la donante costearía los 2.150 euros restantes para completar la última oferta de la propiedad.
La noticia, adelantada por El País y que confirman a Somos Madrid fuentes del Sindicato de Inquilinas, llega mientras ya está en marcha una acampada junto al domicilio de la afectada. La calle Alcalde Sainz de Baranda, en el distrito de Retiro, se ha llenado de vecinos, activistas y personajes públicos que pretenden pasar la noche junto a Maricarmen y frenar el desalojo.
Por el momento no ha trascendido la identidad de la persona que asumiría el gasto, más allá de que se trata de una escritora de éxito. Desde el Sindicato de Inquilinas indican a este periódico que es “su petición expresa” que sea una donación anónima.
La organización confía en que el gesto resuelva la situación de Maricarmen, pero recuerdan que Urbagestión “lleva tiempo sin presentarse si quiera en la mesa de negociación”. Una de sus miembros, muy implicada en el caso, cree que el deseo de la inmobiliaria “es echarla y ya está”. Y eso que la oferta presentada por la autora anónima incluye asumir la deuda de Maricamen, además de comenzar a pagar la nueva cantidad pactada.
El caso de Maricarmen, convrtida ya en un símbolo de las luchas inquilinas contra la especulación inmobiliaria y la crisis de vivienda, se retrotrae a los aspectos más machistas y desiguales de la legislación franquista. Su padre firmó en 1956 el contrato de arrendamiento. A su muerte pocos años después, se subrogó en su esposa, que continuó viviendo en el mismo domicilio junto a su hija hasta que fallecimiento en 2005. Maricarmen heredó el contrato, subrogándose con las mismas condiciones, es decir, con una subida al IPC y con un contrato indefinido propio de los pisos de renta antigua previos a la reforma de Boyer.
Urbagestión defiende para justificar el desahucio que con la actual legislación los contratos no se pueden subrogar dos veces, por lo que Maricarmen habría perdido esa capacidad de obtener el piso bajo esas condiciones ventajosas. Sin embargo, eso se debe a que la regulación franquista en materia de vivienda no permitía a las mujeres firmar contratos. Si, como se puede hacer, los dos padres de Maricamen hubieran firmado el contrato, su subrogación hubiera sido la primera y seguiría beneficiándose de la modalidad conocida como “renta antigua”. Por contra, la inquilina se ha visto en esta situación después de que la propiedad solo ofreciese subidas superiores al 300% del alquiler que paga ahora.