Tras más de seis años de investigaciones y de idas y venidas judiciales, la Audiencia de Valladolid ya ha fijado la fecha para juzgar a la trama urdida en Arroyo de la Encomienda, a escasos ocho kilómetros de Valladolid, para beneficiar a una empresa constructora a cambio de dinero para los políticos. O lo que es lo mismo un trueque antiguo y hoy definido, en palabras del juez instructor, como trama.
Han sido muchos años de investigaciones; demasiadas implicaciones, muchas de ellas no probadas; informaciones periodísticas, algunas silenciadas con amenazas y querellas; y al final habrá un juicio contra dos políticos, un arquitecto y tres empresarios de la construcción.
Los dos políticos han recibido apoyos de su partido, el PP. Uno sigue en él, Jesús García Galván, y sigue siendo portavoz popular en la Diputación de Valladolid. El otro, José Manuel Méndez, sigue siendo alcalde de Arroyo de la Encomienda, aunque por otro partido diferente al PP como es Independientes por Arroyo. Y llama la atención que entre los empresarios figura la que fue apoderada de la empresa beneficiada de numerosas anomalías urbanísticas, María Iluminada Miguel. Ésta es hija de Dionisio Miguel Recio, un histórico del PP de Valladolid, pues fue concejal en el Ayuntamiento vallisoletano, diputado provincial, secretario de Organización del PP en Valladolid, así como presidente del Balonmano Valladolid. Casualmente fue nombrado vocal de la Sociedad de la Vivienda –Emuva- del municipio de Arroyo, desde donde se urdió una parte de la trama urbanística.
Arroyo es uno de los municipios que más ha crecido en Castilla y León, quizá por su cercanía a Valladolid, quizá por tener un alcalde como José Manuel Méndez que hizo todo lo posible para que la localidad tuviera más de 15.000 habitantes. Todo lo posible, legal o ilegal.
Méndez es de procedencia gallega y político por definición. En Galicia, en As Nogais (Lugo), fue concejal del Bloque Nacionalista Galego. También militó en el Partido Socialista de Galicia. Tras llegar a Valladolid, estuvo en el Partido de los Independientes de España, considerado ultraderechista. Y en 2003 logró la alcaldía de Arroyo con el PP. Las últimas elecciones fue alcalde con el partido Independientes por Arroyo y con la promesa de conseguir los almacenes Ikea, una promesa que ya es la bandera de su localidad.
Según el juez instructor, José Manuel Méndez era una de las patas de la trama. Las otras dos fueron los responsables de la empresa Mahía, gallega y dedicada a la construcción. Según el auto de imputación, “se fueron beneficiando conforme Mahía se expandía en el municipio”. Los tres “elegían las personas beneficiarias y concertaban entramados societarios para intentar ocultar las personas existentes detrás de los mismos, todos ellos sabedores de su participación en el desarrollo de Mahía en el municipio, aunque en diferentes tramos temporales y actuaciones”.
La trama comenzó a urdirse en 1999, cuando desde Galicia José Manuel Méndez comenzó a buscar el desarrollo de Mahía en Arroyo. En ese año, José Manuel Méndez recibió 30 millones de pesetas “como colaborador de MAHIA, cantidad entregada a cambio de las gestiones de Méndez a favor de Mahía para que esta empresa se beneficiase con licencias y concesiones urbanísticas en Arroyo de la Encomienda”.
Ya con Méndez de alcalde aumentó su patrimonio, aunque según el juez instructor no consta “la capacidad económica” de Méndez y su mujer que pudiera llevar a la compra de un importante número de propiedades.
El otro de los políticos implicados, el actual portavoz del PP en la Diputación Provincial de Valladolid, Jesús García Galván, quien figura en el auto de imputación del juez instructor como otro miembro más de la trama, al dar el visto bueno a determinados sectores urbanísticos de Arroyo.
Incluso se recuerda que García Galván compró a Mahía un chalé de 196 metros cuadrados en Galicia, una adquisición que “aparece indiciariamente la compra como ficticia, entregada de modo gratuito por gestiones anteriores del citado a favor de Mahía”.
El auto judicial concluye con un “en definitiva, los imputados actuaron de acuerdo” con los responsables de Mahía “para por un lado beneficiar a citada empresa desde el punto de vista urbanístico en Arroyo de la Encomienda, y por otro obtener beneficios patrimoniales a cambio de dichas actuaciones, bien en dinero bien en inmuebles”.
Al final, los miembros de la trama serán juzgados, aunque dos de ellos siguen en la política. Otros políticos apenas han salido salpicados, pese a figurar en las investigaciones. Algunos que apoyaron al alcalde se han callado. Y, mientras tanto, Arroyo tiene su Ikea. Ha regalado terreno para que una empresa cercana al Opus construya un instituto de Educación Secundaria, cuando no tiene uno público. Y en ocho años se han invertido más de 400 millones de euros, de los que 150 los ha construido la empresa Mahía.
