Aedive exige concreción urgente del Plan Auto+ y cuestiona decisiones de la DGT
La entidad más relevante en el ámbito de la electromovilidad, Aedive (Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica), expresa en un comunicado su preocupación por la situación de incertidumbre que atraviesa el sector del vehículo eléctrico en España, pese a los datos positivos de matriculaciones registrados en el mes de enero.
El incremento de matrículas en el primer mes de 2026 no responde, según la asociación, a un repunte real de la demanda, sino a operaciones comerciales cerradas a finales del año pasado. Por el contrario, las nuevas ventas se han ralentizado de forma significativa, dice, como consecuencia directa de la falta de certidumbre regulatoria y fiscal.
Uno de los principales factores que están afectando al mercado es la no aprobación en el Congreso del descuento del 15% en el IRPF para la compra de vehículos eléctricos, una medida que se juzga clave para incentivar la demanda y cuya supresión “traslada un mensaje de inestabilidad al consumidor, que retrasa o paraliza sus decisiones de compra”.
Desde Aedive se recuerda que una situación similar ya se produjo entre enero y abril de 2025, cuando las ayudas del programa Moves III quedaron temporalmente bloqueadas y se generó una caída notable del mercado.
La entidad reclama por tanto la restauración urgente del incentivo fiscal del 15% en el IRPF, así como su aplicación con carácter retroactivo “para no penalizar a quienes han apostado por la movilidad eléctrica en un escenario de transición normativa”.
Exige también que se concrete el Plan Auto+, parte del Plan España Auto 2030, especialmente en lo relativo a los 400 millones de euros previstos para ayudas en 2026.
A día de hoy se desconocen cuestiones fundamentales para el sector, como el modelo de gestión de las ayudas -estatal o a través de las comunidades autónomas-, su retroactividad, el reparto territorial de los fondos, la posible introducción de criterios vinculados a la huella de carbono y el impacto de dichos criterios en fabricantes, modelos y tecnologías disponibles.
“La falta de claridad en estos aspectos está generando un efecto de espera que afecta a fabricantes, distribuidores, operadores de renting, empresas de servicios y usuarios finales”, leemos en la nota.
La asociación constata, además, una insuficiente coordinación entre los distintos ministerios con competencias en movilidad eléctrica, “lo que dificulta un abordaje integral de los retos del sector”. Advierte también que la falta de concreción y continuidad en las políticas de apoyo pone en riesgo el cumplimiento de los objetivos establecidos por el Gobierno en el PNIEC, que fija en 5,5 millones los vehículos eléctricos en circulación en 2030.
“Sin un marco regulatorio estable, previsible y coordinado, el ritmo de adopción necesario para alcanzar este objetivo se verá seriamente comprometido”, explicita.
Mensajes en la dirección equivocada
Aedive también muestra su inquietud ante determinados anuncios y posicionamientos recientes de la Dirección General de Tráfico (DGT), dependiente del Ministerio del Interior. Se refiere, por un lado, a la restricción del uso de carriles Bus-VAO para vehículos eléctricos con un solo ocupante y, por otro, a las palabras de Pere Navarro acerca de un modelo urbano en el que no se contemple el vehículo particular, incluso siendo eléctrico.
“Estos mensajes generan confusión entre los usuarios y resultan contradictorios con las políticas nacionales de impulso a la electrificación del parque móvil”, se señala.
A juicio de la asociación, las iniciativas públicas y los acuerdos con empresas privadas deben desarrollarse dentro de un ecosistema “amplio, abierto y plural de servicios de movilidad”, que incluya movilidad compartida, plataformas digitales de gestión, renting y nuevos modelos de uso, así como soluciones integradas de movilidad eléctrica.
La entidad defiende que la colaboración público-privada tiene que apoyarse en criterios de neutralidad, competencia y participación del conjunto del sector. Además, reitera su compromiso con la descarbonización, la innovación y el desarrollo industrial y tecnológico de la movilidad eléctrica en España, y hace un llamamiento a las administraciones públicas para “restaurar la confianza del mercado, aportar certidumbre normativa y acelerar la puesta en marcha de las medidas anunciadas”.
Los datos puntuales de matriculaciones no pueden ocultar una realidad que preocupa al sector, subraya finalmente, porque “sin estabilidad y coherencia, la transición hacia la movilidad eléctrica corre el riesgo de perder impulso y, con ello, dañar a la industria, la competitividad y el empleo, además del refuerzo de un modelo energético basado en fuentes renovables, en un entorno geopolítico complejo que reclama autonomía” estratégica en la compra de combustibles fósiles, pero que exige el incremento de la demanda, ligada al crecimiento de matriculaciones de vehículos eléctricos.