Lo ocurrido el pasado fin de semana en Murcia es una gota más en un mar que cada día es más peligroso. La Gran Vía se vio invadida por el terror provocado por una organización de neonazis, ultras o como queráis llamarlos, que irrumpió en el desfile del Orgullo para agredir y amedrentar a sus participantes, que reivindicaban, pacífica y lúdicamente, la libertad, el amor, la tolerancia y la convivencia libre de prejuicios. Pero algunos no comparten estos valores. Hubo agresiones, insultos y amenazas. Y pánico. Las imágenes de decenas de personas corriendo por la calle son testimonio de una vergüenza.
Odian la libertad, odian al diferente a ellos, odian porque no saben hacer otra cosa. En el siglo XXI prefieren no salir de la caverna. Y eso ha ocurrido bajo el manto protector de un delegado del gobierno, Antonio Sánchez-Solís, que debe dimitir o ser cesado. De inmediato. No caben medias tintas. Lo ocurrido es tan grave que es lo mínimo que debe suceder si queremos creernos en serio eso de que vivimos en un régimen de libertades y garantías constitucionales.
El aviso existía. La voz de alarma se viene dando desde hace tiempo. Parece que estamos esperando a que ocurra una desgracia irremediable y trágica para que algunos se vean obligados a actuar. Y eso es intolerable.
Murcia, desde hace tiempo, vive una situación dramática en este sentido. Desde hace años las agresiones de tipo fascista han ido aumentando. Transitar por determinados lugares de la ciudad no es seguro porque las alimañas acechan, dispuestas a saciar su sed de violencia. Las denuncias existen. Los avisos del crecimiento de este tipo de grupos, también. Se sabe, incluso, que estos grupos se dirigen a los más jóvenes para intentar captarlos en los propios centros educativos. De manera recurrente se instalan a las puertas de supermercados para propagar sus ideas de odio y exclusión. Las autoridades no pueden decir que no lo sabían ni que no se lo esperaban. Insisto; un día ocurrirá algo terrible, muy terrible, y oiremos las rasgaduras de las vestiduras, las lamentaciones forzadas y las excusas torpes e inútiles. El resultado es miedo y dolor. Es el único resultado posible, no hay más escenario.
Lo ocurrido es una irresponsabilidad que podría haber salido muy cara. Que el representante del gobierno de España en Murcia autorizase la manifestación de un grupo que hace gala y alarde público de su xenofobia, odio, homofobia y extremismo, es un error inexcusable. Una institución democrática nunca, NUNCA, debe dar cobijo a este tipo de expresiones violentas.
Eso no lo ampara la libertad de expresión ni la libertad ideológica. El Estado y todos sus estamentos, legislativo, ejecutivo y judicial, tienen la obligación de prevenir las formas de expresión que justifiquen el odio y la ruptura de la pacífica convivencia. La incitación al odio y los discursos políticos que los sustentan, basados en prejuicios xenófobos, representan un peligro para la paz social. Algunas organizaciones políticas se han pronunciado sobre ello, alertando y condenando. De otras seguimos esperando noticias.
Es preciso que las administraciones actúen; que lo hagan los jueces y las fuerzas y cuerpos de seguridad. Son garantes de esa paz social y tienen el deber de que no se quiebre. Y los ciudadanos tenemos el derecho a vivir en paz y en una sociedad donde estemos protegidos de las manifestaciones de odio.
Por esa razón, las concentraciones o manifestaciones públicas de ese odio nunca deben ser autorizadas o permitidas. Hay que ser claros en eso. Y en que esas expresiones son delictivas y hasta pueden provocar la ilegalización de esos colectivos, pues se trata de organizaciones criminales.
El delito de odio o de fomento de la violencia contra personas o grupos, basado en cualquier motivo, pretende proteger a una sociedad que debe estar bajo el paraguas del respeto a la igualdad y dignidad de todos sus integrantes.
Y es que este tipo de agrupaciones, con discursos basados en la xenofobia, violentan esos principios de tolerancia y convivencia pacífica, pues atentan contra la dignidad de las personas por el mero hecho de pertenecer a un grupo o identidad religiosa, sexual, social, étnica o cualesquiera otras. El artículo 510 y 515 del Código Penal y la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional son muy claros al respecto.
Así, la sentencia del TC 214/1994 señala que ni el ejercicio de la libertad ideológica ni la de expresión pueden amparar manifestaciones o expresiones destinadas a menospreciar o a generar sentimientos de hostilidad contra determinados grupos étnicos, de extranjeros o inmigrantes, religiosos o sociales, pues en un Estado como el español, social, democrático y de Derecho, los integrantes de aquellas colectividades tienen el derecho a convivir pacíficamente y a ser plenamente respetados por los demás miembros de la comunidad social.
De ello cabe concluir que aunque la libertad ideológica y la libertad de expresión protegen la libre expresión de las ideas, incluso las rechazables y molestas para algunas personas, en ningún caso tales libertades pueden dar cobertura al menosprecio y el insulto contra personas o grupos, o la generación de sentimientos de hostilidad contra ellos.
Es decir, el delito individual está claro. Pero el grupal, por el hecho de constituir organizaciones con estos fines, también lo está. La sentencia del Tribunal Supremo de 9 de febrero de 2012 y el Código penal establecen lo que es una organización criminal. Y lo son aquellas que tienen por objeto coordinar personas y medios de la manera más adecuada para conseguir algún fin, en este caso la perpetración de delitos, cuya ejecución se plantea de forma planificada y con vocación de permanencia en el tiempo. Así, mediante la integración de sus miembros, y a través de la distribución del trabajo y de sus recursos, se busca potenciar las posibilidades de actuación y el rendimiento de sus aportaciones, sean las que sean.
Además, el artículo 22.2 de la Constitución Española (“las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delitos son ilegales”) o sentencias como la STS 234/2001, de 3 de mayo, abundan en este sentido.
Es decir, que estamos ante organizaciones cuya necesidad de ser radica en la comisión de delitos de odio, ya que fomentan, promueven o incitan, directa o indirectamente, al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra personas, grupos o asociaciones por razón de su ideología, religión o creencias, la pertenencia de sus miembros o de alguno de ellos a una etnia, raza o nación, su sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermedad o discapacidad.
Y ante eso, las administraciones están actuando mirando hacia otro lado, siendo condescendientes con conductas que ponen en peligro la convivencia pacífica. Por eso el delegado del gobierno en Murcia debe dimitir. No ha cumplido con el deber que tiene de proteger a la ciudadanía de esos grupos que promueven el odio.
Hay que tomar medidas urgentes y eficaces. El fascismo es un monstruo sediento de sangre que Europa conoce bien, y haríamos mal en no recordar sus dramáticas consecuencias. No ha pasado tanto tiempo. No repitamos errores fatales. Y ahí las instituciones, y sus representantes, deben ser punta de lanza. No hay que dar cabida a la ambigüedad para que siga creciendo el germen del horror, porque una sociedad democrática no se puede permitir ser indiferente ante el fascismo y sus expresiones de violencia y odio. Porque eso es lo que es; puro odio. Un odio desnudo, desprovisto de nada más que no sea intolerancia y ruina ética e intelectual.
Raúl Alguacil Titos.
Profesor de Secundaria. Editor de contenidos educativos. Consultor de comunicación.
