Los minutos de silencio no bastan. Necesitamos recursos

En Murcia una mujer había denunciado a su expareja. El asesino había sido condenado y tenía vigente una orden de alejamiento. Ella figuraba en el sistema VioGén, bajo seguimiento policial. Sin embargo, no disponía de un dispositivo telemático que permitiera detectar un eventual quebrantamiento de esa orden. El 5 de agosto fue asesinada en la zapatería en la que trabajaba.

Ese mismo día otra mujer fue asesinada en Llanes. También había denunciado, también existían antecedentes de violencia machista y también fue asesinada en su lugar de trabajo. Pero, en este caso, su lugar de trabajo era un cuartel de la Guardia Civil, una institución cuya función es precisamente proteger y garantizar nuestra seguridad. Y es Llanes lo que me impulsa especialmente a escribir estas líneas.

Según la información conocida, el asesino había sido guardia civil, había sido condenado por violencia de género y tenía retirada su arma reglamentaria. A pesar de ello, pudo acceder al arma de otro agente y entrar armado en el cuartel donde trabajaba su expareja, también guardia civil.

¿Cómo pudo suceder? ¿Cómo pudo un hombre con antecedentes por violencia machista acceder a un arma después de que se le hubiera retirado la suya? ¿Conocían quienes tenían responsabilidades en el cuartel su situación? ¿Se valoró el especial riesgo derivado de que conociera las instalaciones, los procedimientos y el acceso a las armas? ¿Quién decidió que las medidas de protección podían dejar de estar activas?

Murcia también necesita respuestas. ¿Por qué una mujer cuyo agresor había sido condenado y tenía una orden de alejamiento vigente no disponía de control telemático? ¿Qué valoración del riesgo tenía? ¿Se revisó después de la condena? ¿Cómo se controlaba el cumplimiento de la orden? ¿Qué seguimiento se realizaba y qué información compartían las distintas instituciones implicadas? Y, sobre todo, ¿cuántas mujeres se encuentran actualmente en la Región de Murcia con órdenes de alejamiento vigentes sin mecanismos telemáticos que permitan detectar su quebrantamiento?

VioGén es una herramienta imprescindible para proteger a las mujeres. Precisamente por eso debemos defenderlo dotándolo de los recursos que necesita. Ningún sistema, por bien diseñado que esté, puede funcionar si faltan profesionales para valorar y revisar el riesgo, mantener contacto con las mujeres, vigilar a los agresores y coordinar a todas las instituciones. Y eso exige dinero.

Necesitamos financiación pública específica, suficiente, estable y finalista para VioGén y para todos los servicios que hacen efectiva la protección: unidades policiales especializadas, policías locales, juzgados, fiscalías, servicios sociales, centros de atención a las mujeres y dispositivos telemáticos. Cada administración debe asumir presupuestariamente la responsabilidad que le corresponde.

Y necesitamos transparencia: saber cuánto dinero se destina realmente a protección, cuántos expedientes tiene cada equipo, cuántas profesionales realizan el seguimiento y cuántas vacantes o bajas quedan sin cubrir.

La seguridad tiene que funcionar las veinticuatro horas y los 365 días del año. También en verano. La violencia machista no se va de vacaciones. La protección pública tampoco puede hacerlo.

Pero invertir en protección no basta. Hay que invertir también en educación. Necesitamos educación afectivo-sexual y en igualdad desde las primeras etapas educativas para aprender a identificar el control, los celos, la dominación y la violencia digital y desterrar esa idea todavía arraigada de que las mujeres pertenecen a los hombres con quienes mantienen una relación.

Y necesitamos formación inicial y continuada, obligatoria y evaluable, para judicatura, fiscalía, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, policías locales, servicios sociales y personal sanitario y educativo. Llanes demuestra, además, que esa formación debe alcanzar específicamente a quienes custodian armas y gestionan instalaciones policiales.

Después de cada asesinato machista las instituciones condenan los hechos, convocan minutos de silencio y expresan sus condolencias. Es necesario hacerlo. Pero los poderes públicos no son espectadores. No pueden guardar un minuto de silencio y, cuando termina, marcharse a otra cosa. Su responsabilidad empezó mucho antes y continúa después: prevenir, investigar, rendir cuentas, financiar, formar y proteger.

Los minutos de silencio recuerdan a las mujeres asesinadas. Pero no protegen a las que seguimos vivas. Cuando terminaba esta reflexión me he enterado que han declarado asesinada a otra mujer más por violencia machista en Málaga de hace unos días.

Ya somos 36 en este año. Estamos cayendo como moscas. Estamos cayendo como moscas mujeres guardia civiles, empleadas de tiendas de zapatos, profesoras, maestras, enfermeras, medicas, abogadas… MUJERES asesinadas por los hombres que han amado y cuidado.

Gloria Alarcón es presidenta del Forum de Política Feminista de la Región de Murcia