Sin la repercusión que merecía, ha pasado casi desapercibida la Moción 1560, sobre coste de la matrícula universitaria a los estudiantes a partir del curso 2018/2019, formulada por el Grupo Parlamentario Podemos en la Asamblea Regional (Página 7234 de su Boletín Oficial).
Fue discutida el pasado 6 de febrero por la Comisión de Educación y Cultura de dicha institución y rechazada por el Partido Popular, PSOE y Ciudadanos. Si ustedes no saben de qué les estoy hablando, la moción tenía por objeto, con cargo a los próximos Presupuestos de la CARM y para las universidades públicas sitas en nuestra Región, UMU, UPCT y UNED, la bonificación a los estudiantes del 99% del coste de la matrícula universitaria a partir del curso 2018/2019.
Se trata de una medida que ya está vigente en Andalucía, aprobada unánimemente por su asamblea y con aplicación en todas sus universidades públicas. Básicamente, consiste en que cualquier estudiante paga la matrícula del primer curso de cualquier carrera y, si va aprobando, el resto de cursos le salen prácticamente gratis.
El Decreto de precios públicos de las universidades públicas andaluzas fue promovido por el PSOE de Andalucía, y como decía contó con el apoyo unánime de todos los partidos: PP, C’s y Podemos. Ya entró en vigor y afectó a las matrículas del presente curso académico, con un impacto más que significativo: más de 76.000 estudiantes se han visto beneficiados, según fuentes del PSOE andaluz, con historias muy particulares.
La gran pregunta que todos nos hacemos es ¿a qué sector socio-familiar afecta principalmente esta medida? Podría uno argumentar que esta medida se trata de una subvención de tasas que deben pagar los que no tiene derecho a la beca porque incumplen los requisitos económicos, es decir, los que teóricamente tienen una renta familiar suficiente para pagar de su bolsillo la matrícula. Es más, podría argumentarse que se está subvencionando a los pudientes o, incluso, a los ricos.
En mi opinión, aunque ciertamente pudiéramos encontrar unos cuantos casos de esta índole, los principales beneficiados son los estudiantes de familias de clase media. Para esta afirmación me baso en el comportamiento mostrado de unos (clase media) y otros (los ricos) en la educación preuniversitaria: mientras la clase media suele elegir en su gran mayoría la enseñanza pública, la clase alta no lo hace, sino que buscan colegios privados, ya sean concertados o no.
Claramente se trata de una elección basada en determinados prejuicios o clasismos sociales que ahora no vamos a analizar, pero ¿por qué las clases altas iban a cambiar su criterio en la enseñanza universitaria? Creo que a la clase alta les trae al pairo lo que ocurra con la enseñanza universitaria pública. Simplemente no es una opción para ellos.
Por lo tanto, si damos por válido que los estudiantes ricos, en términos generales, mantienen su preferencia por centros de enseñanzas superiores privados (Deusto, Esade, Univ. Europea de Madrid, etc.), ¿a qué clase social pertenecen los más de 76.000 andaluces beneficiados por la (casi) gratuidad de las matrículas universitarias? Evidentemente, a la siguiente en el estrato social: la clase media.
Es importante señalar que esta medida tiene un fuerte efecto sensibilizador de la sociedad sobre el valor de la educación y es promotora de la cultura del esfuerzo, a la vez que contribuye a la igualdad de oportunidades basada exclusivamente en el mérito y en la capacidad, sin importar el nivel económico del estudiante y de su familia.
Asimismo, es una medida que también contribuye a la toma de conciencia de los estudiantes sobre su responsabilidad en el uso de fondos públicos para su formación. En definitiva, garantiza el acceso a la educación superior como base de la cohesión social, a través de lo que se conoce como el “ascensor social”, a la vez que premia el esfuerzo y la capacidad demostrada.
Como señalábamos al comienzo de este artículo, en la Región de Murcia esta propuesta ha contado con el rechazo de todos los grupos parlamentarios, salvo Podemos, que la promovió. ¿Por qué los mismos partidos que han acordado por unanimidad en Andalucía una medida de tanto impacto educativo y social no han mantenido el mismo criterio en la Región de Murcia?
Podemos entender que el PP andaluz se viera forzado a votar a favor de esa medida por no quedarse descolgado y en evidencia. De hecho, su máximo jefe de Madrid en este ámbito, el Ministro Méndez de Vigo, ha dejado claro que esta cosa de la gratuidad de la matrícula de la universidad pública “lo ve poco equitativo”. Pero ¿qué demonios sucede con el PSOE?
Los socialistas de Andalucía han sentado un gran precedente, una medida con un impacto social y educativo brutal, que sin duda va a cambiar el rumbo sobre la política de precios públicos universitarios de todo el Estado. Incluso el PSOE nacional, en el Congreso de los Diputados, acaba de registrar una proposición no de Ley sobre este tema (ver Boletín Oficial del Congreso de 2 de febrero, p.29) que, entre otras medidas, contempla “… un nuevo sistema de previos públicos de matrículas universitarias, coherente en el conjunto del Estado, con el objetivo de avanzar progresivamente hacia la generalización de la gratuidad de la primera matrícula en los títulos de Grado” (no afecta a los másteres, como sí hace el decreto andaluz, pero camina en la misma línea). ¿Qué hace entonces el Partido Socialista de la Región de Murcia votando en contra de una medida similar en nuestra Región? No hay quién lo entienda. No le veo justificación alguna.
Y sobre Ciudadanos, pocas palabras merecen escribirse: en su tónica habitual de “veleta” según sople el viento electoral, de casos de corrupción, de cambalaches parlamentarios, etc. En todo caso, Ciudadanos nuevamente de muestra sus contradicciones como supuesto defensor de la clase media. Defiende la eliminación del impuesto de sucesiones y hace gala de los 71 millones de euros que el mismo supone, y que claramente beneficia a una pequeña élite de la clase más pudiente, y no defiende esta medida, que con unos pocos millones de euros de inversión, daría un gran respiro a la ya maltratada clase media murciana.
¿Cuál es la posición de la Universidad de Murcia y de la Politécnica de Cartagena? Pues hasta ahora no ha habido un posicionamiento de sus órganos de gobierno, ni de sus claustros, ni de sus consejos de estudiantes al respecto la gratuidad de la primera matrícula. Ambas sí coinciden, a través del posicionamiento de la CRUE, en que hay que bajar los precios públicos para adecuarlos al entorno europeo, ya que España tiene unas tasas exageradamente altas (ver gráfico extraído del informe European Commission/EACEA/Eurydice, National Student Fee and Support Systems in European Higher Education – 2017/18).
También coinciden las Universidades Públicas de la Región en reclamar a la CARM una financiación suficiente para equiparar los precios de los másteres a los de los grados.
La Universidad de Murcia está ahora mismo en pleno proceso electoral para elegir al sucesor del Rector Orihuela. Por lo tanto, ¿qué podemos esperar de los candidatos a este respecto?
Tras un análisis de los programas electorales publicados a día de hoy (los del Prof. Artal, Prof. Martínez Navarro y Prof. Luján; los otros dos candidatos, el Prof. Gómez Hernández y el Prof. Lozano no han publicado aun sus programas), los candidatos coinciden en reivindicar la equiparación del precio del crédito de máster al del precio del grado. Por otra parte, solo hemos encontrado una referencia explícita en el programa del Prof. Emilio Martínez Navarro sobre la conveniencia de la gratuidad universal de la matrícula: “una bonificación del 99% del importe de los créditos correspondientes a asignaturas aprobadas en primera matrícula [en Grado] en el curso anterior, o en los dos últimos cursos, en caso de másteres”. También hay referencias en el programa del Prof. Luján, aunque limitada a los títulos de Grado. En el programa del Prof. Artal no consta esta medida (y como decíamos, los otros dos candidatos todavía no han publicado sus programas).
Está claro que el debate es necesario, porque la comunidad autónoma vecina lleva ventaja en este tema, lo cual genera desventaja a nuestras universidades públicas y un agravio comparativo entre las familias. La Universidad de Jaen, Almería, Granada, Málaga están prácticamente a tiro de piedra, y allí una carrera de Grado te puede salir por menos de 600 euros si vas aprobando. La Universidad de Castilla-La Mancha ya ha equiparado el precio del crédito de grado y máster.
Y no quitemos el ojo a la Comunidad Valenciana, con un Gobierno que claramente promueve políticas potenciadoras de los servicios públicos y en búsqueda de la cohesión social. Seguro que habrá algún movimiento al respecto. Aquí, en “¡Murcia, qué hermosa eres!”, por el contrario, seguimos con precios superiores a los 1000 euros para cada curso de Grado, por no hablar de los másteres. Está claro que se va a notar en la demanda de plazas en nuestras universidades públicas durante los próximos años como no se ataje el tema, si ciertos partidos políticos no abandonan sus incoherencias internas y si los rectores de la UMU y la UPCT no son reivindicativos con el Gobierno Regional. Nos sobran los motivos.
*Miguel Ángel Pérez Sánchez es profesor titular del Dpto. de Psicología Básica y Metodología de la Universidad de Murcia.
