Pueblo por pueblo, por los 81 receptores del agua del trasvase del Tajo en la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia y Almería. Lucas Jiménez, presidente del Sindicato de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), ya ha advertido que van a redoblar esfuerzos y su presencia en la calle “para explicar las consecuencias del nuevo plan hidrológico, cómo se va a traducir en daños medioambientales y en pérdida de puestos de trabajo”. Una campaña que va de la mano de la vía jurídica. Jiménez anunció este martes que van a denunciar en el Tribunal Supremo el recorte del trasvase aprobado este martes por el Consejo de Ministros. Una revisión del plan hidrológico nacional que lleva más de un año de retraso según los requerimientos de la Unión Europea.
Para el presidente de Scrats, “Ribera ha alterado lo que sus propios técnicos presentaron al Consejo, dejando además a sus correligionarios en nuestras regiones en un puesto complicado; porque un mes antes habían afirmado que habría un acuerdo para salvar el trasvase”. La ministra llegó a un acuerdo previo con el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, y el delegado del Gobierno en la Región de Murcia, José Vélez, para escalonar el impacto del trasvase; pero finalmente no llegó a concretarse.
Con el nuevo plan hidrológico, el recorte del trasvase supondrá una pérdida de un máximo de 70 a 110 hectómetros cúbicos al establecer unos caudales ecológicos mínimos en el Tajo, de 7hm3 este año y 8,65 en 2026. Ribera ha anunciado la puesta en marcha de distintas alternativas –como el uso de agua desalada– para que los regantes dispongan de aquí a 2027 de 140 hectómetros cúbicos.
Mal timing para el socialismo murciano
“No entiendo que la ministra haya adoptado esta decisión en este momento: justo al inicio de la precampaña poner el agua en el centro del debate político lo califico casi de castigo para el socialismo murciano”, analiza el politólogo y sociólogo investigador en la UMU José Miguel Rojo.
Vuelve a repetirse en la Región de Murcia el mismo escenario de 2004 a 2012, cuando el PP orquestó la campaña electoral más exitosa en la historia de la comunidad murciana, en la que todos los edificios públicos de la Comunidad y los ayuntamientos donde gobernaba lucían enormes carteles con el lema 'Agua para todos' mientras el Gobierno central de Zapatero derogaba el plan hidrológico nacional aprobado por Aznar por la presión de sus socios, la Chunta Aragonesista y Esquerra Republicana de Catalunya. Ribera, por su parte, asume para los murcianos el papel de la antigua ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, quien recibía un escrache cada vez que visitaba la Región, a pesar de que puso en marcha la construcción de varias desaladoras.
El líder socialista en la Región, José Vélez, “está en una situación muy difícil porque es delegado del Gobierno, lo cual le perjudica muchísimo porque no puede criticar al Gobierno central”, apunta Rojo. “Aquí hay dos posturas muy claras y entendibles: Podemos y la derecha y luego está el PSOE que no sabemos lo que opina: está a favor del trasvase y a la vez del recorte del trasvase y yo creo que eso la ciudadanía lo va a castigar”, añade el investigador de la UMU. “En el PSOE habrán preferido garantizarse Castilla-La Mancha. Las declaraciones de García-Page hablando de momento histórico son muy elocuentes. A él se le ha regalado una campaña espectacular”, añade.
Una guerra perdida, pero electoralmente fecunda
El profesor de Sociología de la Universidad de Murcia (UMU) y codirector del Centro de Estudios Murcianos de Opinión Pública (CEMOP), Juan José García Escribano, coincide con el pronóstico de que el Partido Socialista se verá perjudicado por no expresar una postura clara sobre el trasvase y la agricultura de la Región. “Hace varios días estaban en una manifestación en Madrid, ahora están callados. La Comunidad Valenciana tiene un criterio más claro, para empezar está intentando negociar”. “Este problema no se soluciona con una guerra porque la Región de Murcia no pesa lo suficiente. Aquí habría que intentar mantener el trasvase el tiempo necesario para que se pueda cambiar el modelo productivo porque la economía de la Región está, según nuestros políticos, ligada al sector primario, que es el que menos dinero da y el que tiene trabajos más precarios”, añade.
La campaña de 'Agua para todos' es considerada por ambos sociólogos como la mejor y única campaña identitaria realizada en la Región de Murcia. “El PP consiguió identificar a los ciudadanos de esta Región con un proyecto de 'Queremos el agua que no nos dan'. Cuando hay proyecto de identidad que toca los sentimientos más que la razón, la gente termina votando a aquellos que defienden ese sentimiento”, señala García Escribano. Rojo añade que el lema juega con la memoria colectiva y el imaginario de que “en cualquier punto del pasado todos fuimos huertanos”. “Hay un consenso social muy grande con el Mar Menor, pero no ha debilitado el sentimiento favorable a lo agrícola y ahí la izquierda no ha tenido un discurso del todo potente”, añade.
Hay dos cuestiones que ponen en duda el boom del regadío: el desastre ecológico del Mar Menor y el cambio climático, según Rojo. Para el investigador de la UMU falta pedagogía en la actuación de Ribera. “Cuando cierras una mina de carbón, normalmente has hecho un plan social para esa comarca y hay muchas medidas para no quedarse en la calle. Aquí sabemos que este modelo está limitado, pero tampoco hay un modelo alternativo. Lo que la Región de Murcia necesita es un plan de industrialización, que puede estar asociada al sector primario, pero no está en el discurso de nadie”.
Los ecologistas, críticos con el trasvase
Los argumentos de los regantes de Scrats han sido esencialmente contrapuestos por los de expertos ecologistas y técnicos del sector, como el hidrogeólogo Francisco Turrión, quien destaca que una infraestructura como la del trasvase –que nutre de agua a poblaciones situadas a cientos de kilómetros de la fuente original– “está terminando con ecosistemas y generando pobreza y despoblación a su paso al no respetar el caudal ecológico”.
Turrión defiende que se sigue clamando por el trasvase porque “la gente no sabe que tiene agua de sobra en su entorno; si les cuentas a los regantes que pueden alcanzar la autosuficiencia hídrica, ¿quién va a preferir seguir enzarzado en la guerra del agua?”. Este hidrogeólogo –que fue expedientado por el Ministerio de Medio Ambiente tras firmar un informe de Greenpeace sobre 'La trama del agua en la cuenca del Segura'– recuerda que los caudales ecológicos que se han ratificado en el nuevo plan hidrológico deben respetarse en virtud de una sentencia del Tribunal Supremo y la directiva marco del agua.
En su opinión, “el debate es ficticio porque lo único que está en peligro es el Tajo y su deterioro medioambiental; de hecho el trasvase no habría sido posible en la actualidad con las normativas que existen hoy día”. Y en su momento, cuando se aprobó –continúa–, se prescindió de los estudios alternativos sobre aguas subterráneas. “Hay alternativas para los regadíos y para seguir generando riqueza en el Levante español sin destrozar la cabecera del Tajo”.
Obras faraónicas del franquismo
Para Turrión es importante recordar que estas obras faraónicas y lineales “tenían mucho peso en el franquismo” y siguen teniéndolo, a través de las grandes constructoras y los oligopolios del agua.
“La gestión del agua se hace mal en muchas partes de España, pero la Región de Murcia es un caso paradigmático, por ser una autonomía donde la agricultura tiene un peso significativo”, sentencia Greenpeace en su informe 'El crimen del agua' (2022). Este sector da empleo a más de 70.000 personas y, por ejemplo, el 40% de sus exportaciones (a la UE) son de productos agrarios. Según recoge el informe, en 2021 había 316.818 hectáreas dedicadas a la agricultura (13.000 más que en 2010), con un crecimiento sostenido en prácticamente todos los cultivos que requieren agua. Más de la mitad de la superficie de cultivos en Murcia son de regadío (183.499), según la encuesta sobre superficies del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). Y sigue siendo la región que más superficie porcentual dedica al regadío en España, cuya media es el 7,77%.
Sector sobredimensionado y sediento
Con un clima semidesértico, y precipitaciones irregulares, “tiene un sector agrícola sobredimensionado y sediento que cada año demanda al menos 854 hm3”. Según la investigación de Greenpeace, “aunque el acueducto Tajo-Segura abastece a zonas de Alicante y Almería, la mayor parte del agua se queda en Murcia”. Durante años, la Región ha alimentado la necesidad del trasvase argumentando la existencia de un “déficit hídrico” de más de 300 hm3 anuales (otras fuentes lo suben a 400 hm3 para toda la cuenca), “un agua que no sería necesaria, según los datos disponibles por Greenpeace, si se aprovecharan de forma racional las aguas subterráneas renovables, se paralizara la expansión descontrolada de los regadíos industriales y se eliminaran las decenas de miles de hectáreas de regadíos ilegales existentes actualmente”.
Según detalla el informe de Greenpeace, en los últimos años “se ha vivido la llegada de numerosas empresas extranjeras o la entrada de fondos de inversión y capital de riesgo que ven una oportunidad de rentabilidad participando o comprando empresas agrarias de esta zona de mucho sol, agua para dar y regalar y facilidades institucionales sin límites y una legislación muy permisiva”. Algunas de estas empresas –continúa– “están especializadas en los mercados de sus países de procedencia y exportan toda su producción para reconocidas cadenas de supermercados del Reino Unido o Alemania, entre otros muchos países”.
Pequeño agricultor frente a las macroindustrias
Julio Barea, portavoz de Agua de Greenpeace, considera que “hay una mafia alucinante que se está cargando al pequeño agricultor, lo están fulminando”. Estas macroindustrias “necesitan controlar el agua y mano de obra esclava: no necesitamos esos fondos de inversión que van arrasando, es una auténtica desgracia del trasvase”. En cuanto a las hectáreas que se ha anunciado que se van a eliminar, 12.000, “nosotros ya denunciamos en 2006 que había más de 60.000 hectáreas ilegales que no han dejado de crecer, todas tienen que ir fuera, todas las que se riegan con sobres bajo mano”.
“¿Qué va a pasar con un hipotético cambio de Gobierno, qué cosas dejaremos cerradas?”, reflexiona el hidrogeólogo Francisco Turrión. “Van a intentar tumbar todo esto, porque no hay unas bases en Murcia para que los ciudadanos entiendan que no necesitan el trasvase; lo que subyace es una falta de transparencia y una ausencia de debate hasta en los partidos de izquierdas en la Región”.