El txipirón

Le llamábamos “el Txipirón” porque cuando te ponías detrás de él una nube negra te impedía prácticamente verlo. Era el coche de mi amigo Miguel, que tenía problemas con el cárter y gastaba muchísimo aceite. Era esa época en la que, con 20 años, eras feliz teniendo vehículo propio y todos los nuestros tenían algún fallo de ese tipo; perdían aceite, había que arrancarlos en tercera o calentar la llave con un mechero en invierno. Miguel llevaba consigo siempre una garrafa de aceite para alimentar al Txipirón, pero el cacharro era insaciable y si el trayecto era largo, se encendía el piloto rojo con una jarra de aceite en el salpicadero que en la autoescuela nos decían que era la puerta del apocalipsis. Miguel llegó a un punto que decidió colocar una tira de esparadrapo negro sobre el piloto del salpicadero. “El Txipirón” seguía perdiendo aceite de forma casi letal, pero él prefirió seguir viviendo sus trayectos con normalidad sin tener ese piloto en rojo martilleando su conciencia.

Lo que lleva ocurriendo entre Cataluña y el resto de España trae a menudo a la mente la historia juvenil del coche de mi amigo y su particular solución. Quizás alguien pensó que, una vez el Supremo dictara sentencia, el problema catalán había terminado. Que el independentismo catalán aceptaría que sí, que era mejor dejar las cosas como estaban y olvidarse de lo de la independencia. Pero resultó que no. La sentencia que condenó a penas de entre 13 y 9 años de cárcel a los componentes del gobierno catalán no ha apagado nada, sino todo lo contrario. Y eso que el texto resalta que la independencia proclamada por el Parlament fue un farol y que con la sola publicación de la suspensión de la autonomía en el Boletín Oficial acabó esa República de un fin de semana de vida.

Suelen recordar los jueces que ellos se limitan a aplicar las leyes que hacen los parlamentos, los depositarios de la soberanía popular. Más allá de que podamos discutir que dentro de los límites del texto legal hay muchas maneras de aplicarlos, está claro que pensar que la solución política del problema de Cataluña era la sentencia del Supremo es lo mismo que el esparadrapo de mi amigo.

Pero la brecha en el cárter cada día es más amplia. En un lado, despedidas a dispositivos policiales con gritos de “A por ellos” refiriéndose a compatriotas que no parece que sea la mejor manera de convencerlos de que es mejor seguir en España. Lo del boicot al cava catalán ya nos da hasta risa comparado con las barbaridades que se leen en redes sociales o los comentarios en cualquier noticia relacionada con el asunto.

En el otro lado; el esperpento del president “pacifista interiormente” y quien en su entorno ve el uso de la violencia como algo interesante para lograr repercusión exterior. Gabriel Rufián, el diputado de los happenings con impresoras y esposas en el Congreso, insultado por los que se supone que son sus próximos por exigir que las protestas sean pacíficas. La convivencia envenenada entre familias y vecinos y medios de comunicación rivalizando con quién hace mejor el papel de Radio Mil Colinas en Ruanda.

Hasta ahora las respuestas de los gobiernos de Rajoy y de Sánchez al problema de fondo, la realidad nacional de España, ha sido la del esparadrapo sobre el piloto. Más allá de ambigüedades varias, el socialista parece haber optado también por la receta del presidente gallego; dejar que las cosas se arreglen solas.

Más inquietantes son las soluciones que plantean en la actual derecha. En varias ocasiones, dirigentes del PP, Ciudadanos y Vox han deslizado la idea de ilegalizar partidos que planteen objetivos contrarios a la Constitución. Cualquier estudiante de primero de Derecho recuerda que estos textos tienen un procedimiento de reforma más o menos rígido, pero todas se pueden modificar. De hecho, la más famosa, la de los Estados Unidos tiene más enmiendas, 25, que artículos originales, 7. Por eso resulta democráticamente preocupante el planteamiento de que todo aquel que no esté de acuerdo con algún aspecto del texto de 1978 se quede fuera del sistema.

Durante décadas, en la lucha contra ETA, escuchamos aquello de “en democracia, sin violencia, todo se puede defender”. Como recordaba en un artículo en El País en 2013, sobre el entonces incipiente asunto catalán, el filósofo Jorge Urdánoz, aquella lucha era entre violentos y demócratas, pero no podemos trasponer ahora ese concepto y plantearlo como una pelea entre independentistas y demócratas. “No es buena idea, ensancha el abismo” decía Urdánoz entonces y seis años más tarde la anchura de esa brecha ha quedado en medidas difíciles de evaluar.

¿Y ahora qué hacemos? En la situación de campaña electoral permanente es difícil plantearse una solución seria a este asunto. Para ello, necesitaríamos salir del debate sentimental, de banderas, himnos, guerras y leyendas de hace tres siglos y sus manoseos y manipulaciones. Un debate sobre qué hacemos con este país ha de centrarse en las ventajas y desventajas de mantenerse unidos, en la viabilidad económica y sobre todo social de la solución que decidamos tomar. Así lo hicieron en el Reino Unido en 2014, la democracia sin interrupción más antigua, por cierto.

La cuestión nacional está ahí y no se resolverá sola ni dejará de existir porque le pongamos un esparadrapo negro encima. Y una sociedad en la que estamos implicadas 46 millones de personas no es un coche que podamos mandar al desguace y comprar otro.