El Departamento de Desarrollo Rural y Medioambiente del Gobierno de Navarra quiere plantear al Arzobispado de Pamplona una negociación “prejudicial” para la devolución de aquellos bienes comunales inmatriculados por la Iglesia. Según los cálculos del Ejecutivo navarro son unos 272, que representan solo una pequeña parte del total de 2.952 bienes con los que la Iglesia engrosó su patrimonio en la comunidad foral, según un informe elaborado por el Ejecutivo navarro en 2021.
El Gobierno navarro está realizando, en colaboración con la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC), una investigación en los archivos municipales para reunir documentación que acredite que esos bienes eran en efecto propiedad de los vecinos y que la Iglesia se los inmatriculó. Para ello se ha contratado a una persona que está llevando a cabo este trabajo.
Es importante realizar una exhaustiva y rigurosa labor previa de acopio documental y acreditación para poder armar jurídicamente con solvencia la futura reclamación de bienes comunales inmatriculados y garantizar, por tanto, la viabilidad de esa futura demanda judicial“, ha señalado el consejero José María Aierdi en el Parlamento navarro en respuesta a una pregunta formulada por el parlamentario de Contigo/Zurekin Carlos Guzmán.
Una vez obtenida toda la documentación, el Departamento de Desarrollo Rural y Medioambiente buscará una negociación “prejudicial” con el Arzobispado para no tener que recurrir a la vía judicial. Confían en la disposición de la Iglesia a explorar esta vía tras unas declaraciones del arzobispo de Pamplona, Lorenzo Roselló, en las que mostró su voluntad de devolver estos bienes.
De no ser así, el consejero José María Aierdi ha avanzado que el Gobierno navarro se ofrecerá a los ayuntamientos a personarse en una causa judicial. Se da la circunstancia de que muchos de los municipios afectados son pequeños y con poca población y no cuentan con los recursos suficientes para pleitear contra la Iglesia. “Esta es una cuestión de competencia municipal, nosotros completaremos los informes y dejaremos la documentación en manos de los municipios para que desarrollen la demanda. En caso de que no tuvieran medios para actuar y nos delegasen, actuaríamos en su lugar”, ha explicado.
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