La Cámara de Comptos, el equivalente navarro al Tribunal de Cuentas autonómico, avisa en un informe encargado por el Gobierno de Navarra y dado a conocer este viernes de ciertas anomalías sobre los contratos adjudicados por la Administración navarra a Servinabar 2000 y a su 'hermana' Alegure. Detrás de estas mercantiles está el empresario vasco Antxon Alonso, a quien se le halló un documento que mostraba la participación también del ahora encarcelado exdirigente del PSOE Santos Cerdán. Se apunta, en concreto a que no fue transparente sobre su posición en las diferentes UTE constituidas con Acciona.
La presidenta María Chivite anunció, cuando se conoció el informe de la UCO de la Guardia Civil que apuntaba la participación de Cerdán en la presunta trama de corrupción que investiga el Tribunal Supremo, una triple auditoría sobre las adjudicaciones a las empresas señaladas en el informe. Las otras dos auditorías, la de la Oficina Anticorrupción y la encargada a una empresa externa ya apuntaron “irregularidades” en los procesos de adjudicación de distintas obras. Este documento sería el tercero y último, aunque no analiza la principal de las adjudicaciones, la de los túneles de Belate, porque ya emitió con anterioridad un dictamen 'ad hoc'.
La Cámara de Comptos ha analizado cinco contratos adjudicados a Servinabar 2000, que son el de las reformas del Navarra Arena, el de rehabilitación del antiguo Archivo General de Navarra y el acceso a los jardines del Palacio, la construcción del colegio público de Arbizu y los de construcción de VPO en el barrio de Erripagaña, uno de 62 viviendas del año 2018 y otro de 46 en 2023. Además, ha revisado la única ocasión en la que aparece Alegure, las obras de un colegio en Arbizu. El tribunal detalla que el Ejecutivo de María Chivite le pidió “expresamente” que no fiscalizase el de las obras de desdoblamiento de los túneles de Belate, adjudicado a la UTE de Acciona, Osés y Servinabar 2000 por 62,8 millones de euros, porque ese contrato ya fue evaluado por el tribunal en su informe sobre las cuentas generales del 2023. En aquella ocasión el órgano fiscalizador no detectó ninguna ilegalidad en la adjudicación, pero sí que apuntó “irregularidades” como el hecho de que el presidente de la mesa emitiera su voto conociendo la puntuación del resto de técnicos.
Ahora, en un nuevo informe señala que Servinabar 2000 no fue transparente en el peso que tenía en las UTE con Acciona en un contrato del año 2018 para la construcción de 62 viviendas protegidas en el barrio de Erripagaña y otro de ese mismo año para la construcción del colegio público de Arbizu. Este último contrato en puridad no es adjudicado a la UTE de Acciona y Servinabar 2000, sino a una UTE llamada CPEIP Arbizu, pero es de similar composición, en este caso Acciona y una sociedad 'hermana' de Servinabar 2000, Alegure.
En el caso de la adjudicación de las viviendas protegidas, el Tribunal de Cuentas indica que en la documentación que Acciona y Servinabar 2000 presentaron en la oferta para concurrir a la licitación señalaron que los porcentajes de participación en la UTE serían del 80% para Acciona y del 20% para Servinabar 2000. “Sin embargo, posteriormente, según las declaraciones del impuesto de sociedades de la UTE, estos porcentajes son del 99,99% para Acciona y del 0,01% por ciento para Servinabar”, recoge Comtos.
Lo mismo sucede con el contrato para la construcción del colegio público de Arbizu. En la oferta Acciona informa que su porcentaje de participación en la UTE es del 75%, mientras que el de Alegure es del 25%. Sin embargo, estos porcentajes se cambiaron posteriormente en escritura pública y Acciona pasó a tener el 99% de las participaciones y Alegure únicamente un 0,01%. “Desconocemos los motivos por los cuales estos porcentajes de participación en la UTE se modificaron”, destaca Comptos.
De igual manera el tribunal de cuentas avisa que las cifras de ingresos y gastos de las cuentas anuales de Servinabar 2000 depositadas en el Registro Mercantil “no contienen la integración de su participación en las UTE contrariamente a lo establecido en la normativa contable”. “Al no disponer de información suficiente en dichas cuentas, no podemos cuantificar el efecto contable en las mismas”, apostilla.
El tribunal de cuentas también menciona varias “deficiencias” en los procesos de adjudicación que ya fueron anteriormente señalados por el informe de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción (OANA) y la auditoria externa. Así ,Comptos destaca que la mesa de contratación del contrato de construcción de 62 viviendas protegidas no incluía un representante de la Junta de Contratación Pública, “que debiera haber participado dado el importe del contrato”, ni nombraba a personas suplentes de las previstas. También apunta que no consta ningún acta de la mesa de contratación que acredite su constitución, así como sus actuaciones ni sus decisiones. “Solo hemos tenido acceso a determinada documentación intercambiada entre distintas personas con propuestas de valoraciones técnicas y económicas sin fecha ni firma”, añade.
También indica otras deficiencias como que se debería haber realizado un desglose de las puntuaciones estableciendo unos criterios “más precisos de asignación de la valoración” en la adjudicación de las obras del colegio público de Arbizu. Por último, el órgano fiscalizador recomienda al Gobierno navarro aprobar pliegos de contratación con “la mayor concreción técinica posible de los criterios cualitativos de adjudicación” y modificar la regulación sobre las UTE “regulando de forma más completa los efectos de las modificaciones en la composición de las mismas”, si bien concluye que las adjudicaciones se ajustaron a la normativa.
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