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Ley de violencia contra la mujer: acierto en la teoría, falta concretar los recursos

Colectivos sociales reconocen como un paso adelante el texto presentado por el Ejecutivo foral sobre la ley de violencia contra la mujer, pero insisten en su preocupación por su falta de medidas concretas.

Las entidades esperan que el trámite parlamentario de la norma, cuyo debate se anunció para marzo, permita asegurar los recursos y el personal para aplicarla.

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El Gobierno de Navarra ya ha presentado las novedades que pretende incluir en la nueva ley contra la violencia contra la mujer. Su propuesta, que aún debe afrontar el trámite parlamentario, ha recibido opiniones positivas por parte de diversos colectivos sociales y de la titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Pamplona, Ana Llorca, que entienden que se trata de un texto meditado, incluso pionero, que concreta muchas de las cuestiones que se avanzaron en la anterior ley, de 2002 (y ampliada en 2003). No obstante, también hay cabida para las críticas. Las principales se centran en la dotación de medios. El consejero navarro de Políticas Sociales, Íñigo Alli, ya adelantó que destinará este año 1,1 millones de euros al Instituto Navarro para la Familia e Igualdad para financiar actuaciones y que el plan tendrá una memoria económica. No obstante, diversas asociaciones cuestionan que no se hayan concretado las medidas, que no haya un listado con proyectos y partidas, y que por tanto todo se quede en un buen planteamiento, pero sin medidas sobre el terreno.

Entidades como la asociación pro derechos de la mujer maltratada (Aprodemm), el colectivo de mujeres Andrea o la plataforma de mujeres contra la violencia sexista han destacado el avance que, en la teoría, supone esta norma. Sus principales novedades son que concreta los tipos de violencia e incluye la psicológica, la económica y la sexual; que no se refiere solo a la violencia causada por parejas o exparejas, sino en general; que incluye a los hijos e hijas como víctimas y que plantea medidas integrales. Otra cuestión que quizá genera más debate es que la ley se centre en la violencia ejercida contra las mujeres, algo que dejaría fuera por ejemplo a los casos de violencia entre parejas gays, pero en general las fuentes consultadas coinciden en valorar la propuesta del Ejecutivo como un paso adelante. Ahora esperan con expectación saber cómo se aplica. Entre otras cuestiones, porque para ello se necesita personal formado en igualdad.

La portavoz de la asociación Andrea, Tere Saez, muestra estas dudas porque recuerda los problemas que, en su día, hubo para desarrollar el reglamento de la ley de 2002, la forma por así decirlo en la que se iba a poner en práctica. Lo que en principio tenía un plazo de seis meses se alargó más de cuatro años. Y la clave del nuevo reglamento de la ley que ha propuesto el Gobierno Foral es que no solo se hablaría de ideas, sino también de personal y recursos.

Los "recortes" en igualdad

“Las directrices están muy bien, aunque habla de muchas generalidades y de pocas concreciones”, apunta la coordinadora de la plataforma de mujeres contra la violencia sexista, Teresa Zabalegui. Por ejemplo, esta portavoz insiste en que, mientras en el texto anunciado por el Gobierno de Navarra se habla de esta materia como algo que afecta a diversos departamentos, esto debe llevarse a la práctica, y el reciente plan de igualdad presentado (y tumbado por la oposición) tras un año de trabajo tiene un contenido que difiere, según lamenta Zabalegui, del ahora presentado por Alli. Esta representante de la plataforma insiste en que es necesario que estas propuestas cuenten con recursos, y más tras los “recortes sufridos en materia de igualdad” en los últimos ejercicios: “El gobierno dice que no los ha habido, pero nosotras sí los hemos percibido”.

Los colectivos consultados esperan ahora que estos vacíos de la ley puedan ser completados durante el trámite parlamentario. Desde el Ejecutivo prevén que el debate pueda darse en marzo, antes de la disolución del Parlamento foral con motivo de las elecciones. El consenso, por tanto, se presenta clave para una norma que deberá aplicar el próximo Ejecutivo foral, sea el que sea.

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