El dispositivo de Granadilla: lecciones aprendidas y apuesta por el multilateralismo sanitario europeo y mundial
Granadilla de Abona, domingo 10 de mayo, 6:40 horas. El crucero MV Hondius fondea frente al puerto industrial pese a los intentos de rebelión del presidente canario. No atraca. Un equipo de Sanidad Exterior —médicos, técnicos de salud pública, equipo protector completo— sube primero al barco para realizar la evaluación epidemiológica de pasajeros y tripulación. Los pasajeros son evacuados con gran eficiencia en aviones fletados especialmente para repatriarlos a sus países de origen para que inicien ahí sus respectivas cuarentenas. Los ciudadanos españoles son conducidos al Hospital Gómez Ulla que dispone de todas las facilidades necesarias para atenderlos y supervisar sus cuarentenas y para lidiar con un brote de Hantavirus de los Andes, incluida una planta de aislamiento para quienes pudieran resultar positivos.
Horas después, en el mismo puerto, comparece ante los medios el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, junto a la ministra de Sanidad, Mónica García, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y el ministro de Administraciones Territoriales, Víctor Ángel Torres. Esa imagen —el máximo responsable de la salud mundial avalando in situ el dispositivo español en coordinación con otras instituciones europeas como el ECDC y la protección Civil Europea— dice más sobre lo ocurrido que cualquier comunicado oficial.
El operativo del 10 y el 11 de mayo en Granadilla ha mostrado lo mejor de la salud pública española, de la coordinación con las instituciones europeas y de la cooperación sanitaria multilateral encabezada por la Organización Mundial de la Salud. También ha dejado en evidencia las lagunas tanto del marco europeo como del Reglamento Sanitario Internacional: la coordinación existe, pero las obligaciones vinculantes en materia de medidas restrictivas siguen sin existir, y desafortunadamente cada país va a su aire. Pero España ha sabido sacar pecho, jugar en equipo y responder a los imperativos humanitarios, sanitarios y morales internacionales que la situación demandaba
El operativo se saldó sin incidentes. Los 14 pasajeros españoles fueron evacuados, trasladados por la Unidad Militar de Emergencias al aeropuerto de Tenerife Sur, volados a Torrejón y conducidos al Hospital Central de Defensa Gómez Ulla, donde guardan cuarentena. La Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel del Hospital Universitario de Nuestra Señora de La Candelaria —una de las diecisiete que existen en España— había quedado preparada por si era necesaria. La Audiencia Nacional rechazó paralizar el desembarco. El Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea aportó una ambulancia aérea de Noruega. Cero contagios comunitarios en España. Es la cifra que importa. Y es, sobre todo, una victoria de una manera de hacer las cosas que merece ser explicada.
El primer ministro neerlandés agradeció públicamente a España la gestión. El presidente del Gobierno lo resumió en una frase que merece subrayado: “el mundo nos observa y vamos a responder a la altura”. Y así fue. Prueba de ello ha sido la aclamación unánime de los delegados de 192 Estados miembros de la OMS a la intervención del presidente del Gobierno de España en la apertura de la Asamblea Mundial de la Salud el lunes 18 de mayo al manifestar su decidido apoyo al multilateralismo sanitario.
El marco que ha hecho esto posible: el Reglamento Sanitario Internacional
El operativo de evacuación del Hondius no fue una improvisación. Se ejecutó dentro de un marco jurídico internacional que conviene recordar, porque es poco conocido y porque, en buena medida, explica lo que funcionó. Se trata del Reglamento Sanitario Internacional (RSI), aprobado por la Asamblea Mundial de la Salud en 2005, vinculante para los Estados Parte de la OMS. El RSI obliga a cada país a mantener capacidades mínimas de detección y respuesta, a designar un punto focal nacional disponible las 24 horas, a notificar a la OMS en un plazo de 24 horas cualquier evento que pueda constituir una emergencia de salud pública de importancia internacional y a colaborar en la respuesta internacional para enfrentar brotes, epidemias y pandemias.
España actuó, en este caso, como un Estado Parte modelo. Sanidad Exterior —la subdirección general del Ministerio de Sanidad responsable de puertos, aeropuertos y fronteras— ejerció sus competencias con precisión. El Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias coordinó con la OMS y con las autoridades de los Países Bajos (bandera del buque), el Reino Unido (responsable de la escala en Santa Helena), Francia, Alemania y Cabo Verde. Que el director general de la OMS escogiera comparecer en Granadilla, y no en Ginebra, es un dato. Tedros no acude a operativos rutinarios. Este era un caso especial. Un dispositivo emblemático de la coordinación sanitaria internacional y una clara muestra a países como EE. UU. y Argentina del craso error que han cometido al abandonar la OMS y salirse del marco del reglamento Sanitario Internacional. También es una señal de cómo se debe actuar en las previsibles crisis futuras.
Lo que la Unión Europea ha hecho bien
El marco europeo también funcionó, y conviene reconocerlo. El Sistema de Alerta Precoz y Respuesta de la UE —el EWRS, por sus siglas en inglés— distribuyó la información a los Veintisiete y a los Estados asociados. El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades, con su mandato ampliado tras la pandemia (Reglamento UE 2022/2370), publicó una evaluación rápida de riesgo el 4 de mayo y la actualizó una semana después dando a conocer la confirmación genética de la cepa andina no mutada. El nuevo Reglamento sobre amenazas transfronterizas graves para la salud —el 2022/2371— ha demostrado que el aprendizaje de la COVID-19 ha dejado herramientas utiles. La HERA, la Autoridad Europea de Preparación y Respuesta ante Emergencias Sanitarias creada en 2021, asegura ahora la disponibilidad de contramedidas. El Mecanismo de Protección Civil Europea, como dijimos, también aportó medios. Todo esto representa un avance objetivo respecto a 2020. Negarlo sería injusto. Pero no es suficiente.
Las insuficiencias del marco mundial y europeo
Pero el éxito de la operación no tiene por qué hacernos pasar por alto los aspectos en los que los marcos multilaterales europeo y mundial resultan insuficientes y hay que referirse a ello sin ambigüedad. El RSI y el derecho europeo de la salud pública obligan a los Estados a detectar, a notificar y a compartir información. No los obligan, salvo recomendaciones, a aplicar medidas restrictivas armonizadas: cuarentenas, aislamientos, restricciones de movimiento. El artículo 168 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sitúa la salud pública como ámbito de coordinación y apoyo, no de armonización legislativa. Y eso ha tenido consecuencias visibles esta misma semana.
España impone una cuarentena de cuarenta y dos días a los catorce pasajeros nacionales, en línea con el periodo de incubación del hantavirus andino, que puede llegar a seis semanas. Francia aplica seis semanas a sus cinco pasajeros repatriados. Otros países de la UE con pasajeros en el Hondius no han comunicado públicamente protocolos equivalentes. Los treinta pasajeros que abandonaron el crucero en Santa Helena —territorio británico de ultramar— antes del estallido público de la crisis siguen siendo, a día de hoy, un agujero negro en el seguimiento internacional. Cada país aplica el protocolo que considera, o no aplica ninguno. Y un patógeno con período de incubación largo y letalidad alta merece algo más que la suma desordenada de decisiones nacionales.
La enfermedad no tiene fronteras y ningún país es una isla epidemiológica. Esto debería llevarnos a más capacidad vinculante de los marcos europeos y mundiales.
No estamos planteando armonización total ni traspaso de soberanía sanitaria a Bruselas. Estamos diciendo que, en eventos transfronterizos calificados como tales por el ECDC o la OMS, las medidas restrictivas básicas —cuarentenas, vigilancia activa de contactos, criterios de notificación al país de destino— deberían tener un estándar mínimo vinculante. La pandemia de COVID-19 nos enseñó que la asimetría de respuestas erosiona la eficacia colectiva. Y los patógenos no se molestan en consultar competencias antes de saltar fronteras.
España: por qué el mando único importa
La lección española con relación al Hondius tiene también un capítulo doméstico que conviene abordar con franqueza. En la madrugada del 10 de mayo, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, anunció que no aprobaba la entrada y el fondeo del crucero en el puerto de Granadilla. La Marina Mercante, dependiente del Gobierno de España, le recordó lo que el ordenamiento jurídico establece de manera inequívoca que los puertos de interés general son competencia exclusiva del Estado (artículo 149.1.20ª de la Constitución) y la Sanidad Exterior también lo es (artículo 149.1.16ª). El crucero fondeó.
No se trata aquí de hacer leña política del episodio, sino de extraer la lección institucional. En materia de salud pública transfronteriza, España tiene un sistema constitucional que atribuye la respuesta a la administración central a través de Sanidad Exterior. Esa preeminencia responde a una lógica funcional simple. Las amenazas sanitarias que llegan por puerto, aeropuerto o frontera no respetan los límites territoriales autonómicos, y exigen un único interlocutor capaz de notificar a la OMS, activar el EWRS, coordinar con otros Estados y dirigir el dispositivo sin fricciones competenciales. Diecisiete autoridades sanitarias autonómicas no pueden —ni deben— negociar con la OMS la respuesta a un brote transfronterizo.
El operativo del Hondius funcionó precisamente porque el mando único se ejerció con normalidad institucional. Es exactamente lo que durante la pandemia de COVID-19 hubo que hacer en la fase del Estado de Alarma pero que, al desactivarse, en muchos momentos falló por la proliferación de criterios autonómicos divergentes que afectaron la coherencia de la respuesta. También hemos echado en falta que la Agencia Estatal de Salud Pública, recién creada por Ley y aún en proceso de despliegue, estuviera operativa. Este episodio, al haber sido protagonizado por España, debería ser tenido en cuenta en la articulación de sus capacidades de vigilancia, coordinación y respuesta ante amenazas transfronterizas, las cuales necesitan asentarse sin ambigüedad competencial. Es el momento de poner en pie esta Agencia.
Tres propuestas
En nuestra opinión hay tres propuestas operativas que valdría la pena considerar a partir de esta experiencia.
Primera. Avanzar, en el marco de la revisión del RSI aprobada por la Asamblea Mundial de la Salud en 2024 y en la futura negociación del Acuerdo sobre Pandemias, hacia obligaciones vinculantes mínimas en materia de medidas restrictivas para eventos transfronterizos calificados. Cuarentena, vigilancia activa de contactos y notificación al país de destino deberían tener un suelo común. España, con la credibilidad técnica acumulada este fin de semana, está en condiciones de liderar esa propuesta.
Segunda. Reforzar el papel de la HERA y dotar al ECDC de capacidad operativa, no solo evaluadora. Que el ECDC pueda movilizar equipos de respuesta rápida —algo que hoy solo realiza la OMS— acortaría los tiempos críticos en el espacio europeo.
Tercera. Consolidar en España la preeminencia de Sanidad Exterior y dotar a la nueva Agencia Estatal de Salud Pública de los recursos técnicos, humanos y normativos que la pongan a la altura de sus pares europeos. Un solo punto focal, una sola cadena de mando, una sola voz técnica frente a la OMS y la UE.
El Hondius ha dejado este fin de semana una imagen que vale por mil informes: la del director general de la OMS validando, sobre el suelo de Tenerife, una operación española en la que han coincidido eficacia técnica, serenidad política y coordinación europea. El patógeno no era el SARS COV 2 y el dispositivo no tenía precedentes recientes en Europa, pero el resultado está ahí: trece ciudadanos españoles en cuarentena segura, uno más positivo en el aislamiento adecuado, cero contagios comunitarios, una imagen pública de competencia institucional. No es poco. Lo que falta —un marco europeo y mundial más vinculantes y una arquitectura interna sin fisuras— depende ahora de las decisiones que se tomen. Buena parte de ellas pasan por Madrid, por Bruselas y por Ginebra. Algunas pueden empezar a tomarse desde ya.