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José Martínez Olmos

Ex Secretario General de Sanidad 2005-2011 y profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública en Granada

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Garantizar la seguridad sanitaria al desescalar el confinamiento: no tirar por la borda el esfuerzo colectivo

La protección de la salud colectiva y el alivio de la enorme presión que sufre en estos momentos el sistema sanitario son los objetivos esenciales que persiguen el estado de alarma con la decisión de confinar en sus domicilios al conjunto de la población española, de reducir la movilidad y de hibernar la actividad laboral no esencial. Estas medidas están siendo un arma muy poderosa frente al coronavirus y producirá una disminución drástica de la transmisión del virus evitando enfermedad y muertes, al tiempo que aliviará en breve plazo la presión asistencial. Se trata de un enorme esfuerzo colectivo que no hay que tirar por la borda si se hace un des escalamiento prematuro.

Por eso, consideramos importante ampliar el confinamiento durante, al menos, dos semanas adicionales a las actualmente autorizadas para consolidar las tendencias a la baja en la incidencia de nuevos casos, ingresos en UCI y fallecidos por COVID-19. Pero es tiempo también de planificar la siguiente etapa que podríamos denominar de deshielo para asegurar que las medidas que se vayan tomando permitan continuar haciendo compatible la protección de la salud colectiva e individual con la recuperación de la normalidad asistencial y de la actividad social y económica.

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Sanidad era esto

La pandemia por COVID-19 y la gestión de la catástrofe sanitaria y económica va a conllevar ríos de tinta y multitud de horas de televisión y radio con reflexiones y análisis sobre todos los aspectos que se podrían haber hecho mejor por parte de todos los organismos e instituciones implicadas: la OMS, la UE, el Gobierno de España o los Gobiernos de las Comunidades Autónomas, entre otras instancias.

Incluso, es previsible que en las Cortes Generales y en los parlamentos autonómicos se hará una evaluación de lo realizado, con debates y comisiones de análisis que ocuparán su tiempo y actividad en los próximos meses.

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Situación de emergencia

Con la gestión de la alerta sanitaria por la pandemia causada por el COVID-19 es evidente que afrontamos una situación que pone en cuestión ante el conjunto de la ciudadanía casi todos los resortes que se disponen desde un Estado democrático para hacer frente a los desafíos que se van presentando día tras día.

Incluso se pone en evidencia la dificultad de gestionar una pandemia que afecta de manera global con unas instituciones de gobernanza global (como es el caso de la OMS o de la UE), a las que les faltan algunos mecanismos concretos para poder ejercer adecuadamente sus funciones.

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La OMS y el nuevo coronavirus: el reto de la transparencia y la respuesta equilibrada

En esta nueva alerta sanitaria producida por el coronavirus 2019-nCoV y cuyo foco se sitúa en la ciudad de Wuhan (China), enfrentamos otra vez la incertidumbre lógica ante una enfermedad nueva, cuya expansión y gravedad son aún una incógnita sanitaria.

Al igual que en crisis y alertas sanitarias recientes (alertas por Gripe A, SARS, Ébola, vacas locas, etc.), resulta de enorme importancia el papel de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya que tiene la responsabilidad de recopilar toda la información epidemiológica y clínica relevante, para proceder así a realizar las recomendaciones técnicas que puedan fundamentar las decisiones de las autoridades sanitarias de todos los países del mundo.

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Madrid Central es salud pública

El nuevo gobierno municipal de Madrid apoyado por PP, Cs y Vox parece que tiene la voluntad de acabar con Madrid Central anulando lo que denominan "política de prohibiciones y restricciones de los últimos cuatro años puesta en marcha con este proyecto", según se desprende de los acuerdos firmados hace unos días.

Madrid Central es una zona de bajas emisiones que comenzó a funcionaren noviembre de 2018 y es una medida contenida en el Plan A de Calidad del Aire y Cambio Climático que, en sus 472 hectáreas, evita un 37% de los kilómetros recorridos antes de su puesta en marcha y un 40% de las emisiones de dióxido de nitrógeno (NO2), un contaminante que afecta a la salud y cuyos niveles incumplían la normativa desde 2010.

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