Sobre este blog

Los expertos en Salud Pública José Martínez Olmos, Daniel López-Acuña y Alberto Infante Campos analizan las medidas clave para hacer frente a la pandemia de coronavirus.

Equidad y sanidad pública hoy

Movilización por la sanidad pública en València.

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La sanidad pública sufre hoy signos de deterioro en el acceso, en la calidad y en la equidad, que nos deben llevar a la preocupación. El impacto de los recortes de 2012 tras la crisis económica y el importante daño causado en el funcionamiento del sistema público por la aún vigente pandemia COVID-19, nos han traído a esta situación en la que se corre el riesgo de que cristalice en España una sanidad dual, debido a que amplios sectores de la sociedad ya están buscando en la sanidad privada soluciones a sus demandas, que perciben insatisfechas en la sanidad pública.

No podemos permitir una sanidad pública con diferencias en equidad y calidad ni por territorios ni por capacidad de pago; la sanidad pública, aunque ofrezca a veces servicios mediante conciertos, debe ser la mejor opción para cualquier ciudadano. Ante el deterioro actual, considero que evitar que consolide un sistema dual es el asunto central que debe orientar la acción y la agenda política prioritaria en el ámbito de la salud.

La sociedad española puede aspirar a disponer de una sanidad pública de excelencia con acceso universal y garantía de equidad para todos; una sanidad pública eficiente que ofrezca condiciones que ninguna otra oferta pueda mejorar tanto en la incorporación de los avances médicos en la oferta asistencial, como en la garantía de inmejorables tiempos de respuesta en el acceso. Y si aspiramos a esto, serán necesarios más recursos y una gestión eficiente que haga rentable socialmente esta inversión.

La sanidad pública tiene que poder ofrecer a cualquier paciente, viva donde viva, los mejores centros de referencia acreditados para procesos complejos específicos; centros de referencia públicos o concertados cuya financiación finalista corresponda al Ministerio de Sanidad para hacer honor a sus competencias constitucionales.

También, el sistema público tiene que orientar sus acciones hacia la lucha frente a los determinantes sociales en salud, con políticas de salud pública solventes que incorporen desde el Ministerio de Sanidad fondos de cohesión finalistas para la corrección de desigualdades territoriales en todas las áreas donde éstas se detecten, con estrategias y planes evaluables en sus resultados. Ahora, con urgencia, compete a todos actuar para afrontar las listas y los tiempos de espera en consultas, en diagnóstico y en el ámbito quirúrgico.

La sanidad que necesitamos requiere de una organización orientada a la cronicidad y a las necesidades del ámbito sociosanitario; requiere una atención primaria renovada y fortalecida; una planificación de las necesidades de profesionales para que la universidad pueda responder a ellas; un mejor sistema de gestión y motivación profesional y una adecuada incorporación de los avances de la digitalización y la inteligencia artificial que están transformado de manera disruptiva la respuesta asistencial.

Ello interpela al Gobierno para acometer un amplio y participado proceso de redefinición y reconstrucción del Sistema Nacional de Salud que, con los valores de la Ley General de Sanidad impulsada en 1986 por Ernest Lluch, aporte nuevas respuestas e incorpore los recursos humanos y económicos necesarios en un proceso de luces largas que debe tener visión estratégica y un horizonte de corto, medio y largo plazo.

Habrá que dedicar más recursos para hacer realidad el nuevo sistema sanitario que necesita la sociedad española. Las reformas que necesita nuestra sanidad pública deben venir lideradas (con voluntad de amplios acuerdos que, por cierto, son factibles) desde los principios y valores de la socialdemocracia que en mi opinión interpretan mejor que otras opciones la concreción de la equidad y la eficiencia, como características esenciales de esta área del bienestar social.

Otros aspectos vinculados al mejor y mayor impulso de la investigación biomédica aprovechando los recursos de los fondos europeos y del potencial de nuestro sistema y nuestros profesionales en colaboración con el sector empresarial, requieren una atención específica tanto por su capacidad de transformación de nuestro modelo productivo, como por la anticipación del acceso de nuevas terapias o métodos de diagnóstico para nuestros pacientes.

La importancia de la salud para la sociedad y la importancia de disponer de un potente sistema público de salud se ha revalidado claramente en este periodo de pandemia COVID-19. En el caso español, la gobernanza del sistema ha ofrecido luces y sombras de las que hay que extraer las correspondientes enseñanzas.

Para un mejor engranaje del sistema sanitario en el modelo descentralizado de nuestro Estado Autonómico conviene valorar las ventajas que puede aportar incorporar el derecho a la salud como un derecho fundamental en una futura reforma de la Constitución que, incluso si incorpora cambios en el rol del Senado para mejorar nuestro modelo de Estado, ofrecerá nuevos instrumentos para una mejor cogobernanza.

Pero debemos tener en cuenta que el adecuado ejercicio de competencias que la Constitución establece para las administraciones central y autonómicas requiere muchos más recursos económicos para todos que en el nuevo modelo de financiación autonómica deberían tener un cierto carácter finalista para la sanidad y que, en el caso del Ministerio de Sanidad, debieran ser mucho más cuantiosos para financiar y cofinanciar las políticas de cohesión, calidad y equidad que necesitamos aplicar con urgencia.

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