La Agencia Estatal de Salud Pública que España debe poner en marcha cuanto antes

En mayo de 2020, desde las páginas de elDiario.es, al tiempo que comparecíamos ante la Comisión de Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados, planteábamos la importancia de que España creara una Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP). Habíamos salido de la primera ola de la pandemia de COVID-19 y quedaba muy claro que teníamos que fortalecer un sistema de vigilancia integrado, con protocolos de emergencia predefinidos, con capacidad de modelización predictiva a través de un organismo técnico que enlazara de la mejor manera posible con el Centro Europeo de Control de Enfermedades (ECDC) y con la OMS. Y que teníamos que dar respuesta a muchas otras cuestiones de salud publica insuficientemente desarrolladas, entre ellas el análisis y desarrollo de políticas sobre inequidades en salud y la evaluación de la efectividad del sistema sanitario.

La pandemia había dejado al descubierto la necesidad de fortalecer la infraestructura y los programas de salud pública y de generar un mecanismo funcional de cogobernanza suficientemente ágil e independiente.

A principios de 2025, cuando se llevó al Congreso de los Diputados la primera iniciativa de ley para la creación de la AESAP hubo que lamentar un voto desfavorable que retrasó la aprobación de la ley definitiva y ralentizó un proceso que debería haber evolucionado con más celeridad ya que se trataba, de facto, de una cristalización de una política de Estado que ya había sido acordada desde el 2020. En marzo de 2025 ya nos referimos a este asunto en una tribuna publicada en eldiario.es en la que señalábamos que el Partido Popular y Junts per-Catalunya habían unido sus votos al oscurantismo de Vox para rechazar el proyecto de Ley de creación de la AESAP en el pleno del Congreso de los Diputados y que con esta decisión habían dado un golpe bajo a la salud pública en España perjudicando al conjunto de la sociedad española

Cinco años después de que fuese reclamada desde la Comisión de Reconstrucción Social y Económica del Congreso, en un informe aprobado por la mayoría del arco parlamentario, y nueve meses después de que la ley que la crea entrara en vigor, la AESAP sigue sin estatuto, sin director, sin Consejo Rector, sin sede y sin personal. 

Canadá la hizo en menos de un año tras el SARS. El Reino Unido tardó quince meses en levantar la suya tras el COVID. España lleva quince años prometiéndola. La agencia que pedíamos existe ahora en el Boletín Oficial del Estado, publicada el 29 de julio de 2025 como Ley 7/2025. Pero no existe en ningún otro sitio. A nueve meses de la entrada en vigor de la ley, la Agencia Estatal de Salud Pública es, hoy mismo, una promesa de cuatro páginas en el BOE y una sucesión de plazos incumplidos a los que ha llevado el tira y afloja para su ubicación territorial, el bloqueo de algunas CCAA ante la incomprensión de su independencia y atribuciones supra autonómicas, y la dificultad para reorganizar y aglutinar núcleos que hoy están repartidos y dispersos en distintas instituciones y ministerios que deberían ser ubicadas en la AESAP .

 Quince años de espera: una cronología de la negligencia colectiva

La historia de la AESAP es, ante todo, la historia de un mandato legal ignorado. La Ley 33/2011, General de Salud Pública, ya estableció la creación de un Centro Estatal de Salud Pública. Pasaron dos gobiernos del Partido Popular y ese centro nunca se puso en marcha. No hubo presupuesto. No hubo voluntad política. La salud pública, una vez más, fue el pariente pobre del sistema sanitario.

Cuando llegó el COVID-19, en enero de 2020, España carecía de esta institución Los sucesores de aquellos que no la habían creado tuvieron que improvisar sistemas de vigilancia, buscar epidemiólogos y rastreadores, coordinar a diecisiete comunidades autónomas con diecisiete sistemas de información distintos, y tomando decisiones técnicas de emergencia sin el aparato científico que debería haberlas sustentado. Afortunadamente se optó en su momento por el mando único para atajar la crisis aguda pero luego se volvió a la falta de coordinación sanitaria generada por los reinos de Taifas modernos. 

En mayo de 2020, la Comisión de Reconstrucción Social y Económica del Congreso recomendó por consenso, incluido el Partido Popular, la creación de la agencia. El primer proyecto de ley se elaboró y luego decayó con el adelanto electoral de mayo de 2023. El segundo llegó al pleno del Congreso el 20 de marzo de 2025 y fue rechazado. El Partido Popular y Junts sumaron sus votos al de Vox para tumbarlo. Lo hicieron a pesar de que el PP había votado favorablemente el mismo texto semanas antes en la Comisión de Sanidad, al aceptarse sus enmiendas. El cambio de postura no tuvo justificación técnica ni sanitaria. Fue pura aritmética de obstrucción. El tercer intento, finalmente, prosperó. La ley se aprobó el 22 de julio de 2025 y entró en vigor el 29 de julio. España tenía, al fin, la norma. Pero aún no tenemos la institución.

El reloj que no para: nueve meses de retrasos acumulados

La Ley 7/2025 estableció un plazo de seis meses para que el Gobierno aprobara el estatuto de la agencia mediante real decreto. Ese plazo venció el 29 de enero de 2026. El estatuto no estaba aprobado entonces. Tampoco está aprobado ahora, en mayo de 2026. El Ministerio de Sanidad afirma que lo tendrá listo antes de que termine el primer semestre y ojalá que así sea

La decisión sobre la sede es igualmente reveladora. Estaba prevista para diciembre de 2025. No llegó. Se prometió para el 17 de febrero de 2026. Ocho ciudades candidatas —Oviedo, Toledo, Granada, Zaragoza, Murcia, Barcelona, León y Lugo— habían presentado sus propuestas. El día señalado llegó y la decisión no se tomó. El BOE publicó el aplazamiento oficial: hasta el 18 de agosto de 2026, al menos. Motivo oficial: dudas sobre la adecuación de los edificios candidatos. La agencia podrá, dice el ministerio, iniciar su actividad sin sede definitiva. Lo cual plantea una pregunta obvia: ¿qué actividad, con qué personal, bajo qué estructura de gobierno, regulada por qué tipo de estatuto?

Sin estatuto no hay estructura organizativa formal. Sin estructura no puede convocarse ningún proceso de provisión de puestos. Sin personal no hay operatividad. Y sin Consejo Rector, que debe constituirse en los tres meses siguientes a la aprobación del estatuto, para luego elegir al director, no hay nadie que tome decisiones. El encadenamiento de dependencias convierte cada retraso en un multiplicador de los siguientes.

Lo que tienen los demás: el espejo que incomoda

Cuando en 2003 el SARS golpeó Canadá con especial virulencia —el brote de Toronto fue el más grave fuera de Asia—, el gobierno de Paul Martin creó la Public Health Agency of Canada en menos de un año. No fue fácil. Hubo resistencias institucionales, debates sobre competencias provinciales en un país federal, discusiones presupuestarias. Pero el diagnóstico fue claro y la respuesta fue rápida. Hoy la PHAC tiene más de 1.600 empleados, laboratorios de bioseguridad nivel 4, y fue el organismo que coordinó la respuesta canadiense al COVID-19 con gran capacidad técnica.

El Reino Unido anunció en julio de 2020 la creación de la UK Health Security Agency. En octubre de 2021 estaba operativa. Quince meses. En ese periodo se fusionaron las funciones de protección de salud de Public Health England con las de NHS Test and Trace y el Joint Biosecurity Centre, se nombró a su directora ejecutiva, con credenciales científicas impecables, se definió su estructura, se dotó de presupuesto y se establecieron los protocolos de relación con el sistema sanitario. El Instituto para el Gobierno británico advirtió entonces, con honestidad poco habitual, que el proceso había sido demasiado acelerado y que la falta de instalaciones, personal y sistemas adecuados desde el primer día había comprometido la eficacia inicial. Una lección que España debe aprender.

Suecia lleva desde 2014 con su Folkhälsomyndigheten —creada por fusión de dos institutos ya existentes— con una plantilla de casi 500 personas y autonomía técnica plena respecto al gobierno. Francia puso en marcha Santé Publique France en 2016 con más de 600 empleados y un presupuesto que supera los 150 millones de euros anuales. Australia creó su Australian Centre for Disease Control en 2023, como segunda oleada de refuerzo institucional post-pandémico. Y el Robert Koch Institut de Alemania, el referente técnico indiscutido durante el COVID-19, lleva funcionando desde 1891. Ciento treinta y cuatro años.

No se trata de que España construya en un mes lo que otros han tardado décadas en consolidar. Pedimos que lo haga con la urgencia que la situación exige superando la inacción estructural. Esto debería ser una política de Estado prioritaria. 

Lo que España sí sabe hacer cuando quiere

España ha sabido crear agencias independientes. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) es hoy un referente europeo en análisis presupuestario, citada por la Comisión Europea y por institutos fiscales de todo el continente como ejemplo de independencia técnica y rigor analítico. Su ley se aprobó en noviembre de 2013. Su estatuto orgánico, en marzo de 2014. Su primer presidente tomó posesión en febrero de 2014. El Comité Directivo se reunió por primera vez en junio de 2014. En siete meses, la AIReF pasó de ser una promesa legislativa a ser un organismo funcionando, con equipos de analistas, sistemas de información y publicaciones técnicas. 

La Agencia Española de Protección de Datos existe desde 1992 y opera con independencia real y es reconocida internacionalmente. La Comisión Nacional de Mercados y la Competencia se creó en 2013 y estuvo operativa el mismo año. Son organismos con mandatos exigentes, recursos limitados y que han construido credibilidad institucional con el tiempo. La clave no fue la rapidez irreflexiva, sino la decisión firme de que el estatuto, el personal y el presupuesto llegaran en el mismo movimiento que la ley.

La recientemente creada Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas, configurada como un instrumento independiente para impulsar la modernización de la Administración, reforzando con mayor rigor técnico la evaluación de las políticas públicas y promoviendo la rendición de cuentas, tiene ya su estatuto aprobado el 3 de febrero de 2026 por medio del Real Decreto 65, 2026 ha puesto ya en marcha su Consejo Rector y ha designado ya a su directora el 24 de abril pasado.

El momento que vivimos: por qué importa más que nunca

Si bien la pandemia de COVID ha pasado, el riesgo de futuras pandemias está presente. Sería un error grave dormirnos en nuestros laureles.

La gripe aviar H5N1 ha registrado en 2024 y 2025 los primeros casos de transmisión documentada a humanos fuera de contextos de exposición directa a animales en varios países. La OMS la monitoriza con máxima atención. No hay certeza de que vaya a producir una pandemia. Tampoco la hay de que no. Lo que sí sabemos es que si lo hace, la ventana de actuación efectiva en las primeras semanas será determinante. España, sin sistema de vigilancia integrado en tiempo real, sin agencia técnica con autoridad y capacidad de respuesta rápida, y sin interlocutor nacional creíble ante el ECDC y la OMS, estará en una posición de partida peor que la de 2020.

La retirada de los Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud, en enero de 2025, ha debilitado la arquitectura global de alerta epidemiológica en un momento en que esa arquitectura necesita ser más fuerte. Europa ha respondido reforzando el ECDC y creando la Autoridad Europea de Preparación y Respuesta ante Emergencias Sanitarias (HERA). Pero ese refuerzo europeo necesita contrapartes nacionales reales —agencias técnicas con personal, datos y protocolos— para funcionar. España tiene aún la asignatura pendiente de la puesta en marcha de la AESAP para estar a la altura.

Además, España tiene comprometido con la Comisión Europea, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el hito CID 281: el sistema de información de la Red Estatal de Vigilancia en Salud Pública debía estar operativo antes del 31 de diciembre de 2025. El nodo central de ese sistema reside, según la propia ley, en la AESAP. La agencia no existe como organismo operativo. El hito está en riesgo. Y con él, potencialmente, una parte de los fondos 

Las desigualdades en salud —con brechas de hasta siete años en esperanza de vida entre los municipios más ricos y pobres de España— necesitan un sistema de información que las mida, un organismo que las informe públicamente y una voz técnica independiente que las traslade al decisor y al debate político. Todo eso debe ser la AESAP. Y todo eso sigue sin existir.

Lo que pedimos: aquí y ahora

No estamos pidiendo lo imposible. Estamos pidiendo lo que la propia ley manda y que no se está cumpliendo.

Primero: el estatuto debe aprobarse en semanas, no en meses. El Ministerio de Sanidad y la Presidencia del Gobierno conocen perfectamente qué debe contener —estructura de gobierno, perfil del director, sistema de información, protocolos de emergencia, régimen de personal—. Llevan meses trabajando en él. No hay razón técnica para el retraso. Y si el asunto es la política al interior del gobierno o la territorialidad a ultranza de los ministerios involucrados y las CCAA para ceder soberanías, lo que lleva a obstaculizar la cristalización de la institución, hay que explicitarlo y superarlo.

Segundo: la decisión de sede, aplazada hasta agosto, no puede seguir siendo óbice para la aprobación del estatuto ni rehén de los equilibrios territoriales. La agencia puede iniciar su actividad desde la sede provisional del Ministerio (como en sus inicios sucedió con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), pero necesita un horizonte claro y vinculante. Una agencia técnica que permanece indefinidamente en sede ministerial difumina en la práctica la independencia que la ley le atribuye. El criterio debe ser la idoneidad técnica del entorno y el cumplimiento estricto de las bases de la convocatoria, no la aritmética política de las candidaturas.

Tercero: el nombramiento de la persona que tenga la responsabilidad de la dirección debe ser transparente y basado en excelencia científica. La AESAP necesita un liderazgo que tenga credibilidad simultánea ante la comunidad epidemiológica internacional, ante los profesionales de salud pública de las comunidades autónomas y ante las autoridades políticas sanitarias. Un nombramiento de perfil político o de compromiso institucional comprometería la credibilidad de la agencia antes de que empiece a funcionar.

Cuarto: las organizaciones profesionales de salud pública, las sociedades científicas y la comunidad académica deben ser interlocutores activos y exigentes en este proceso. La SESPAS, las facultades de medicina y salud pública, los colegios profesionales y otras sociedades: todos tienen voz y deben usarla. La presión ciudadana e institucional fue decisiva para que la ley se aprobara. Lo será también para que la institución nazca con los cimientos que necesita.

Y quinto: las fuerzas políticas territoriales y los entes gubernamentales que hoy alojan parte de las piezas que deben integrar la AESAP, deben decidir si están dispuestos a ser parte de la solución o si seguirán eligiendo la obstrucción.

 La AESAP no es una agencia del gobierno de turno. Es una institución del Estado. Como lo es el Robert Koch Institut en Alemania, que ha sobrevivido a más de veinte cancilleres de distinto signo sin perder un solo día de operatividad en ciento treinta años.  

Cinco años después

En mayo de 2020, cuando escribimos desde estas páginas que España necesitaba una Agencia Estatal de Salud Pública, sabíamos que el argumento era correcto. Lo que no sabíamos era que tendríamos que reiterarlo cinco años después.

Hemos visto desde nuestros cargos en la OMS y en el sistema sanitario español lo que ocurre cuando los estados tienen estas capacidades y cuando no las tienen. La diferencia no es teórica. Se mide en tiempo de respuesta ante alertas epidémicas. Se mide en la calidad de las decisiones tomadas bajo presión. Se mide, en última instancia, en vidas.

La ley existe. El momento existe. La urgencia existe. Es necesario actuar con la determinación que la situación exige. Más pronto que tarde habrá una nueva emergencia de salud pública. No sabemos cuándo. Sí sabemos que cuando llegue, nos preguntaremos de nuevo por qué no estábamos preparados. Y esta vez no tendremos excusa: la ley ya está aprobada. Solo falta cumplirla.