El Gobierno del PP sigue recortando las pensiones
Durante estos días se han conocido dos noticias que demuestran hasta qué punto el Gobierno del PP mantiene su política de recorte de las pensiones, aún en un contexto de crecimiento de la economía española por encima del 3%. Se confirma, por tanto, que la derecha financia el crecimiento del PIB con el aumento de la desigualdad y la pobreza.
Efectivamente, los datos de la subida interanual de los precios a mes de noviembre llegaron hasta el 1,6%, mientras que el Gobierno sigue limitando la subida de las pensiones al 0,25%. Por tanto, los pensionistas españoles van a ver recortado el poder adquisitivo de sus prestaciones en más de un punto durante este año y en cerca de tres puntos si contabilizamos los dos últimos ejercicios.
A la vez, el Gobierno ha sometido a información pública un decreto mediante el que recorta de facto las pensiones de las viudas mayores de 65 años con menos ingresos. La ley de las pensiones de 2011 establecía una mejora progresiva para sus prestaciones, que debían pasar del 52% de la base reguladora en 2012 hasta el 60% en 2019, a razón de un punto por año. Pero el Gobierno del PP se ha negado a aplicar esta medida hasta ahora.
En este ejercicio 2017, las pensiones más reducidas de viudedad debían calcularse ya con el 58% de la base reguladora, lo que supondría más de un 10% de subida respecto a 2011, cerca de 90 euros mensuales extras para más de 600.000 viudos y, sobre todo, viudas. Pero el decreto del Gobierno niega esta actualización, plantea la subida de un solo punto (hasta el 53%) para 2018, y retrasa hasta 2019 el aumento legalmente establecido.
La suspensión de esta mejora de las pensiones de viudedad durante los años de la recesión económica, en 2012 y en 2013, fue un error, porque había otras partidas más prescindibles donde recortar. La suspensión durante los años 2014, 2015 y 2016, ya en etapa de crecimiento, fue una injusticia. Pero negar la subida legal de las pensiones mínimas en este año de crecimiento del PIB por encima del 3%, constituye sencillamente una inmoralidad.
El Gobierno engaña, además. Porque el martes 12 de diciembre el Pleno del Congreso mandató al ejecutivo para que mejorara las pensiones de nuestras viudas, conforme a lo establecido en la ley de 2011 y a propuesta del Grupo Socialista. Pero el miércoles día 13 el Gobierno dio a conocer un decreto que supuestamente cumple tal mandato, pero que en realidad niega la subida legal durante el presente año y demora su efectividad plena durante dos ejercicios más.
La verdad sobre la política de pensiones del Gobierno del PP desde el año 2012 es la verdad del recorte permanente y sistemático. Porque subir las prestaciones por debajo de lo que aumenta el coste de la vida, es recortar las pensiones. Porque subir las pensiones un 0,25% mientras se aumentan los copagos farmacéuticos y se retiran hasta 400 medicamentos del sistema nacional de salud, es recortar las pensiones. Y porque subir un 0,25% las pensiones mientras se hace crecer abusivamente la factura de los suministros básicos en la electricidad, el gas o el agua, es recortar las pensiones. Se recortan las pensiones cuando se niega una revisión racional de los ingresos de la Seguridad Social, al tiempo que se permite crecer el déficit anual hasta los 18.000 millones, se endeuda el sistema y se vacía irresponsablemente el fondo de reserva, que el Gobierno socialista elevó hasta los 68.000 millones de euros.
En consecuencia, exigimos que se retire el decreto que regula los cambios en las pensiones de viudedad, para cumplir el mandato del Pleno del Congreso del pasado 12 de diciembre. Las pensiones de más de 600.000 viudas mayores de 65 años han de mejorarse para este año 2017 hasta el 58% de la base reguladora (desde el 1 de enero, con carácter retroactivo), hasta el 59% en 2018 y hasta el 60% en 2019.
Por justicia social, porque las viudas necesitan y merecen esta subida. Porque está en la ley, y las leyes tienen que cumplirse, para el autogobierno en Cataluña, y para las viudas pobres de toda España también. Y porque hay que dignificar nuestras Cortes Generales, haciendo cumplir al Gobierno los mandatos de la mayoría de quienes allí representamos la soberanía popular.
Y reclamamos que, de una vez, el Gobierno se avenga a acordar en el Pacto de Toledo un futuro digno y viable para las pensiones de los españoles. Este Pacto ha de pasar necesariamente por derogar la reforma unilateral impuesta por el PP en el año 2013, con aquel índice de revalorización injusto (el límite del 0,25%) y con el aún más injusto factor de sostenibilidad, que castiga con recortes extras a los españoles en función de su esperanza de vida.
El Gobierno debe reconocer que el auténtico problema de nuestras pensiones no está en el crecimiento exiguo de sus prestaciones, ni en el peso del sistema de Seguridad Social sobre el conjunto del PIB, que se sitúa apenas por encima del 10% y muy por debajo de otros países europeos. Sino en sus ingresos insuficientes. El nuevo Pacto de Toledo tiene que pasar, pues, por una revisión a fondo y en paralelo de los gastos del sistema y, sobre todo, de sus ingresos. Unas prestaciones dignas y unos ingresos suficientes. Este es el reto.
Y ¿dónde está la dificultad para el acuerdo? Me temo que la derecha busca un sistema de pensiones ajustado (recortado) a la medida de su modelo económico, fiscal y laboral, mientras que el PSOE apuesta por ajustar el modelo económico, fiscal y laboral a la medida de un sistema digno de pensiones al que no estamos dispuestos a renunciar.
