¿A quién le interesa golpear a la infancia?
Los datos sobre la riqueza que la migración y las personas migrantes aportan a España son bien conocidos: hasta el 25% del crecimiento se vincula a la migración, el 71% de las personas jóvenes migrantes que llegaron solas a nuestro país están dadas de alta en la seguridad social. Pero esto no basta para desactivar el discurso de la extrema derecha y del Partido Popular, que actúa como su rehén, su cómplice y su altavoz, y que ha decidido estigmatizar a una parte de la población que vive en nuestro país en vez de señalar a quienes verdaderamente saquean y explotan nuestro territorio: los fondos buitres y las grandes fortunas que acumulan beneficios mientras precarizan la vida de la mayoría.
El dato no siempre mata el relato.
Pero la irresponsabilidad y la falta de altura institucional que el PP está demostrando en su carrera por competir con Vox en racismo merece, de todos modos, ser contada.
Después de las elecciones de julio de 2023, donde la mayoría social había dicho que no a Feijóo, aunque él quisiera ser presidente, la extrema derecha española, copiando un programa elaborado ya en otras partes de Europa, decidió utilizar el discurso del odio hacia la migración como resorte para dividir a la sociedad española. Con una particularidad de los patriotas de pulserita: señalar a las niñas y niños que llegan solos a nuestro país.
En ningún otro lugar de Europa la violencia racista se ejerce de forma tan explícita contra la infancia. No hay lugar en Europa donde el acrónimo administrativo que ha servido para describir (y ocultar) estas infancias se haya utilizado como insulto. Como herramienta de estigmatización, de criminalización y deshumanización
Sin embargo, a pesar de la estrategia de odio, de los recursos instrumentales ante la justicia y de los berrinches de los ultras encabezados por la señora que preside la Comunidad de Madrid, la ley se ha cumplido: ha habido traslados y ha habido acogida. La reforma del Artículo 35 ha sido una victoria de la decencia política en un contexto mundial en el que abundan ejemplos de gobiernos autoritarios y racistas.
Pero, además, ha sido un éxito en términos humanos. Hay imágenes que condensan mejor que cualquier discurso lo que significa la política cuando está al servicio de la gente: educadores de la comunidad de origen y de la comunidad de destino acompañando, sonriendo, sosteniendo el tránsito de un chico o una chica que vuelve a cambiar de ciudad para ganar seguridad, estabilidad y una oportunidad de futuro. En el centro de esa imagen está el país que queremos ser.
Cuando pienso en la acogida y en las historias de las personas migrantes me vienen a la mente estos momentos. También me vienen a la mente las travesías en el mar, las preguntas sobre el futuro que se hacen unos chicos a menudo hacinados en estructuras no dignas por la desidia de quienes han preferido usar su sufrimiento como arma electoral.
Sé que ni Feijóo, ni Abascal ni muchos de sus compañeros de partido han visitado nunca los centros de acogida para interesarse por estas historias. Lo sé, porque cuando invitamos a las y los consejeros del PP a visitar con nosotras los centros donde habitan los niños y niñas en Canarias, no se presentó nadie. Y lo sé, porque los ultras solo se convocan en las puertas de los centros de acogida para vomitar su odio contra ellos.
Nadie, en las 28 reuniones de coordinación que hemos tenido con las comunidades y ciudades autónomas ha puesto sobre la mesa ni un solo criterio para la acogida de los menores migrantes. Nadie.
El PP gobierna en 14 comunidades y ciudades autónomas. Gobierna en todos los territorios a los que llegan estos niños y niñas, y en muchos de los de destino. Debería tener todo el interés en encontrar una solución para el país, una solución que pudiera acreditar su capacidad de gestión como partido de Estado. Y, sin embargo, ni una sola vez una persona levantó la mano en una reunión para proponer un criterio. No lo hicieron ni siquiera fuera de las reuniones.
¿Por qué?
Porque al PP no le interesa.
No le interesa si las personas que viven en Canarias, Ceuta y Melilla tienen unos servicios públicos tensionados. No le interesa que los niños y adolescentes vivan en condiciones indignas.
No le interesa resolver. Le interesa rentabilizar electoralmente el sufrimiento ajeno en una competición delirante con Vox.
A pesar de todo esto, el Gobierno de España ha puesto sobre la mesa una propuesta y una solución con la reforma del Artículo 35.
Y, sorpresa: el sistema de acogida no se ha roto. Como no se rompe la economía cuando se mejoran las condiciones de los trabajadores. Como no se fractura una sociedad cuando se amplían derechos. Como no se hundiría un país si tuviéramos una fiscalidad más justa que hiciera que los súper ricos pagaran más en lugar de hacerle regalos fiscales como hace el Partido Popular allí donde gobierna.
El resultado demuestra que a pesar de los bloqueos, esta reforma ha funcionado y señala el camino de cómo debemos seguir mejorando el sistema de acogida de menores en nuestro país.
El PP tenía la oportunidad de haberse sentado en la Conferencia Sectorial de Infancia para hablar, proponer o discrepar sobre este tema y otros de enorme importancia, como la evaluación de la estrategia para la erradicación de la violencia contra la infancia. Sin embargo, una vez más, han preferido subordinar los derechos de los niños y niñas a su agenda de partido. A las exigencias de Vox para repartirse los gobiernos autonómicos o a las instrucciones de los gurús de la teoría ultra.
Porque para ellos nunca se trató de la infancia. Ni de Canarias. Ni de la convivencia.
Se trata del poder.
Y en la derecha el poder siempre ha sido un fin en sí mismo. El dispositivo necesario que garantiza los privilegios, el interés económico y el gobierno de su clase social: los ricos.
Y por eso necesitan un chivo expiatorio que nos convenza de que una trabajadora en España se parece más a un señor del IBEX 35 que a una niña migrante que llega sola a nuestro país.