El petróleo y el gas, fuente de conflicto en un Mediterráneo gravemente amenazado por la emergencia climática

Desde su descubrimiento, el petróleo y el gas han sido causa directa o indirecta de numerosos conflictos bélicos; la Historia reciente está llena de ejemplos. En estos últimos meses, Grecia, Chipre y Turquía están enzarzados en una fuerte disputa por el control de los recursos de hidrocarburos en el Mediterráneo oriental. De momento, el conflicto está en una fase diplomática y esperemos, por el bien de todos, que no vaya a más. 

Después de meses de tensión, el pasado mes de agosto, Turquía envió su buque Oruc Reis, con varios barcos de escolta, para hacer prospecciones de hidrocarburos en el mar en una zona reclamada por Grecia, Turquía y Chipre. Las autoridades griegas y chipriotas protestaron enérgicamente ante esa acción, que entendieron como una provocación. La disputa dio lugar a que Grecia y Turquía organizaran simulacros aéreos y navales en las aguas entre Chipre y la isla griega de Creta.

Ante las protestas de la Unión Europea, Turquía retiró su barco, lo que generó esperanzas de que la crisis pudiera resolverse diplomáticamente. Diversos gobiernos europeos, incluido el español, han estado tratando de mediar en el conflicto, con una apuesta por el “diálogo y la negociación” para resolver las tensiones que amenazan con estallar entre Chipre y Grecia contra Turquía, pero sin demasiado éxito. A principios de octubre, la UE amenazó con imponer sanciones a Turquía si no desistía de llevar a cabo lo que calificó como actividades ilegales de perforación y exploración energética en aguas reclamadas por Chipre y Grecia. Pero el gobierno de Ankara reaccionó anunciando que el Oruc Reis reanudaría sus actividades de exploración, lo que no hizo otra cosa que reavivar las tensiones.

En una situación de emergencia climática mundial, la cual nos aboca a abandonar lo antes posible la era de los combustibles fósiles, estas disputas por seguir buscando petróleo y gas a toda costa resultan un completo sinsentido. Más aún, si cabe, en el área del Mediterráneo, donde los efectos del calentamiento global se están mostrando ya con una especial virulencia.

En efecto, la cuenca mediterránea se considera un punto caliente de cambio climático. Así lo expresa el “Informe 2019 sobre el estado del medio ambiente y el desarrollo en el Mediterráneo” (SoED 2019) del Convenio de Barcelona (UNEP/MAP), del que son miembros Turquía, Grecia y Chipre y todos los demás países europeos ribereños de este mar, además de la propia Unión Europea.

Este informe presenta aterradoras perspectivas para todo el área del Mediterráneo frente a los efectos del cambio climático. Según datos del citado informe del Convenio de Barcelona presentado ante su COP21 (diciembre 2020), la región del mar Mediterráneo se ve afectada por el cambio climático a un ritmo muy superior al promedio mundial, en particular por un calentamiento más rápido del aire y de la superficie del mar en todas las estaciones. 

Mientras que la temperatura media mundial del aire ahora es aproximadamente 1.1°C por encima de los valores preindustriales, la región mediterránea se acerca a un calentamiento de 1.6°C y se espera que se haya calentado 2.2°C entre 2030 y 2052. En paralelo, la temperatura de la superficie del mar en el Mediterráneo ya se ha calentado alrededor de 0,4°C por década durante el período comprendido entre 1985 y 2006 y se espera que alcance entre +1.8°C y + 3.5°C para 2100 en comparación con el período entre 1961 y 1990. 

En resumen, las Partes Contratantes del Convenio de Barcelona, entre ellas los tres países citados, reconocen abiertamente -y lo ponen por escrito- que el cambio climático ya se está expresando con gran dureza en el presente y que los efectos esperados en las próximas décadas serán devastadores, pero siguen actuando como si nada pasara.

De forma irresponsable, Turquía aún no ha ratificado el Acuerdo de París contra el cambio climático. El presidente turco, Erdogan, aprovechó en 2017 el anuncio de Trump de que Estados Unidos se saldría de este acuerdo, para anunciar la suspensión del proceso de ratificación del mismo por parte de Turquía. Pero Grecia y Chipre, miembros ambos de la Unión Europea, sí lo han ratificado y están obligados a cumplirlo, siguiendo además las directrices y obligaciones que adopte la UE al respecto.

La crítica a Turquía es también extensiva a Grecia, cuyos últimos gobiernos, haciendo caso omiso de la emergencia climática, han seguido apostando por una economía basada en los combustibles fósiles, incluida la pretensión de llevar a cabo actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en aguas del mar Jónico y del mar de Creta, en una zona de extraordinario valor medioambiental conocida como la Fosa Helénica.  

Se trata de una interesantísima formación geológica, con profundidades de más de 5.000 metros de profundidad en algunas zonas, que es un hábitat fundamental para la subpoblación mediterránea de cachalote, en peligro de extinción, y de otras especies legalmente protegidas como el zifio de Cuvier, el rorcual común, el calderón gris, el delfín mular, el delfín de dientes rugosos, el delfín común y el delfín listado así como de la foca monje del Mediterráneo y diversas especies de tortugas marinas. La importancia ecológica primordial de la Fosa Helénica ha sido reconocida por diversos acuerdos internacionales, como el Acuerdo para la Conservación de los Cetáceos en el Mar Negro, el Mar Mediterráneo y las aguas del Atlántico adyacentes (ACCOBAMS). Los negativos efectos de las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos supondrían una seria amenaza para el delicado equilibrio ecológico de esta zona de gran valor ambiental.

Además, no tiene ningún sentido, desde el punto de vista climático, ni en Grecia ni Chipre ni en Turquía ni en ninguna otra parte, continuar buscando nuevos depósitos de hidrocarburos, cuya explotación solo perpetuaría de manera incoherente la presencia de estos combustibles fósiles en nuestro sistema energético.

Actuando consecuentemente al respecto, algunos países ya tienen en vigor leyes que prohíben la exploración de nuevos yacimientos de hidrocarburos. En efecto, el 19 de diciembre de 2017, la Asamblea Nacional gala aprobó el proyecto de Ley del Gobierno Macron por medio de la cual Francia se convertía en el primer país del mundo en prohibir de forma efectiva la producción de hidrocarburos en la totalidad de su territorio. La ley francesa prohíbe el otorgamiento de cualquier nueva licencia de exploración de hidrocarburos por el método que sea. Desde entonces otros países han dado pasos importantes en esa dirección, como Nueva Zelanda.

España podría pronto seguir ese camino, dando así, junto con Francia, ejemplo a Grecia, Chipre y Turquía en su absurda y perjudicial pugna por los hidrocarburos. En efecto, España también prohibirá cualquier nueva actividad de exploración y explotación de hidrocarburos en todo su territorio, terrestre y marino, una vez que se apruebe la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que se encuentra actualmente en trámite parlamentario. 

Esta ley permitirá el despliegue a gran escala de las energías renovables, lo que ayudará a España a convertirse en un país líder en producción de hidrógeno verde, el cual está llamado a ser un vector energético clave en la descarbonización de la economía. Esto, además, será una clara señal para que las empresas petroleras cumplan de verdad su compromiso de ser neutras en carbono en 2050, apostando seriamente por la producción de combustibles alternativos de cero emisiones de gases de efecto invernadero.