Quién alimenta el odio en Ceuta
Lo ocurrido en Ceuta no puede explicarse únicamente como un “estallido de indignación ciudadana” ante una situación que se ha vuelto insostenible tras la llegada, desde finales de julio, de miles de personas migrantes y ante una gestión del Gobierno de Pedro Sánchez que no está funcionando. Los gravísimos incidentes de estos últimos días deberían hacernos mirar más allá, porque las manifestaciones y concentraciones contra la presencia de personas migrantes, los llamamientos a su expulsión, los señalamientos, las amenazas, las persecuciones y las agresiones ni se explican solo por el malestar acumulado ni han aparecido de manera espontánea.
Cuando la violencia alcanza ya a quienes prestan ayuda, es decir, a organizaciones como Cruz Roja y otras, quizá es momento de empezar a tomar posición. Cuando estas ONG denuncian amenazas e intimidaciones, y algunas han tenido que retirarse por seguridad, la pregunta es: ¿qué está ocurriendo para que haya quienes consideren legítimo perseguir por las calles a otras personas por ser migrantes, quemar sus pertenencias y atacar los lugares donde se refugian y hostigar a quienes les ayudan?
Nadie se levanta una mañana y decide salir a la calle a “cazar” migrantes, por mucha tensión que exista en la ciudad, antes alguien ha tenido que convertirlos en una amenaza. El diputado de Vox José María Figaredo lo hizo de forma especialmente explícita cuando pidió “cazarlos a todos, uno por uno” y devolverlos a Marruecos porque “son invasores”. De hecho, Vox lleva semanas hablando de “invasión”, de “acto de guerra”, de casas y comercios “asediados” y de un ataque contra la seguridad de los españoles. Su portavoz en el Congreso, Pepa Millán, ha llegado a describir a las personas migrantes como un “ejército” frente al que el pueblo de Ceuta “se defiende como puede” y hay gente que “se arma con lo que puede”.
Pero el marco de la invasión, la amenaza y la expulsión no lo está alimentando únicamente Vox. Durante estas semanas, también el PP ha contribuido a presentar a las personas migrantes como un problema de seguridad y orden público, vinculándolas con la delincuencia o con riesgos sanitarios, reclamando deportaciones en bloque y llegando a plantear el confinamiento por razones de salud pública. El propio José María Aznar ha viajado a Ceuta para denunciar un “asalto” a las fronteras españolas y la amenaza a la soberanía nacional y a la integridad territorial,
Toda esta retórica, este marco que presenta lo sucedido en Ceuta como una cuestión de defensa de la nación frente a una invasión, desplaza el foco y cruza los límites de lo aceptable y tolerable en una sociedad democrática. Es muy grave. Palabras como “cazar”, “invasión”, “guerra”, “ejército”, “seguridad” o “enfermedades contagiosas” han ido preparando el terreno y naturalizando un relato peligrosamente xenófobo y racista que convierte a la población migrante en una amenaza y extiende el señalamiento a quienes la ayudan. El odio no aparece de repente, necesita un relato que se repita, imágenes que lo refuercen, bulos que circulen, altavoces dispuestos a amplificarlo y líderes que inciten lo más irracional hasta conseguir borrar al ser humano que está en situación de vulnerabilidad, hasta borrar cualquier atisbo de humanidad en quienes sucumben al lenguaje del odio.
Eso es precisamente lo más preocupante de lo que está sucediendo en Ceuta, que las palabras con las que, durante semanas, formaciones políticas con representación institucional y responsabilidades de gobierno han señalado a las personas migrantes como invasoras, peligrosas o portadoras de enfermedades se han convertido en las palabras con las que una parte significativa de la sociedad ceutí las mira y, en consecuencia, las trata y las ataca. Vox y el PP tienen una responsabilidad evidente en estar alimentando y legitimando ese marco, contribuyendo así a normalizar la hostilidad y la violencia contra ellas. De Vox poco se puede esperar, pero ahora que el PP pide calma y el fin de la violencia, ha de estar a la altura y resolver públicamente la encrucijada en la que se encuentra, no puede pretender desactivar la violencia y el odio y, al mismo tiempo, seguir llamando “invasores” a quienes están siendo perseguidos y violentados, mientras se intimida a quienes les ayudan.
Pero entender cómo se construye el odio no basta, hay que saber cómo frenarlo y, sobre todo, hacerlo sin reproducir la misma lógica que lo alimenta. Frenarlo exige gestionar mejor, informar con transparencia, proteger a quienes están siendo perseguidos y también a quienes los ayudan, investigar las conductas delictivas y no dejar espacio a la desinformación. Pero exige también no aceptar el marco de quienes han convertido a las personas migrantes en una amenaza, no amplificar cada provocación ni contribuir a la ficción de que toda Ceuta piensa igual, porque no es así. El odio no solo deforma la mirada hacia las personas migrantes, también puede deformar nuestra mirada hacia la población ceutí. Una sociedad que lleva semanas conviviendo con una situación extraordinaria.
De ahí que haya que comprender el miedo, el cansancio o el abandono de quienes sufren una respuesta pública insuficiente y reconocer también a tantos ceutís que están cubriendo con solidaridad y cuidados los vacíos de las instituciones. Defender los derechos de las personas migrantes no exige ignorar las necesidades de quienes viven en Ceuta, al igual que comprender su malestar tampoco justifica que se descargue la violencia sobre las personas migrantes que están en una situación de mayor vulnerabilidad ni se impida que se les ayude ni atienda, porque no es caridad, son derechos. La salida a esta situación creada por los discursos de odio pasa, entre otras cosas, por dejar de enfrentar unas necesidades con otras, por dejar de alimentar una guerra entre oprimidos. Ambas situaciones deben formar parte de una misma respuesta pública, capaz de devolver a Ceuta la convivencia y la normalidad sin que para ello las personas migrantes tenga que renunciar a su derecho a un trato digno y humano. Y pasa también por acabar con la impunidad de quienes incitan el odio, sea desde las instituciones, los partidos políticos o las redes sociales. El lenguaje del odio, sí es delito.