Una de cada cinco personas en España es de origen migrante. ¿Cuántas trabajan en la administración pública?

España superó en enero de 2026 los diez millones de habitantes nacidos en el extranjero. En apenas dos décadas se ha producido una gran transformación demográfica que afecta a todos los ámbitos de la vida colectiva: la escuela, el mercado laboral, el sistema sanitario, la fiscalidad. Pero hay un ámbito en el que esa transformación prácticamente no ha llegado: la administración pública. Los más de 3 millones de empleados públicos que gestionan los servicios que atienden a esa sociedad diversa siguen siendo, en una proporción abrumadora, de nacionalidad española y de origen no migrante. Según la EPA del primer trimestre de 2026, solo el 2% de la población ocupada extranjera trabaja como asalariada en el sector público, frente al 20% de la española. Una asimetría de diez a uno. No hay tampoco un seguimiento del tema. El Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas no incluye ninguna variable sobre país de nacimiento ni trayectoria migratoria de los empleados públicos.

La falta de adecuación de las administraciones públicas a la nueva realidad del país tiene un origen normativo. El Estatuto Básico del Empleado Público exige la nacionalidad española para acceder a las plazas de funcionario de carrera. Unas plazas que hoy representan el 54% del empleo público. Los ciudadanos comunitarios pueden optar a la mayoría de esas plazas, pero los extracomunitarios quedan excluidos por mucho que lleven décadas residiendo legalmente en el país. Lo que si pueden es ocupar puestos de personal laboral, que suponen el 21% del total y que, además, presentan barreras de acceso similares a los de las plazas de funcionario. Aquí también hay procesos selectivos, homologación de títulos, demostración de dominar el lenguaje jurídico-administrativo. En este sentido podríamos afirmar que lo que Vox reclama bajo el eslogan de “prioridad nacional” ya funciona, de hecho, como principio estructural del empleo público español al estar inscrito en la ley.

Lo curioso es que esa exclusión se contradice con lo que ocurre en el caso del ejército nacional. Desde 2002, nacionales de dieciocho países hispanoamericanos y de Guinea Ecuatorial pueden alistarse como militares profesionales de tropa y marinería con una simple tarjeta de residencia. Por lo que parece alrededor del 6% de los soldados de tropa han sido históricamente de nacionalidad extranjera, casi todos colombianos y ecuatorianos, y cerca de trescientos han participado en misiones internacionales. Así se produce esa situación paradójica: el Estado confía la defensa armada del país, a personas no nacidas en el territorio nacional, pero, en cambio, les prohíbe presentarse a una oposición de auxiliar administrativo. 

Más allá de esta contradicción la cuestión relevante es la relacionada con el tipo de convivencia con la que queremos construir el país. Una sociedad en la que una de cada cinco personas tiene origen migrante pero las administraciones que les atienden, que tramitan sus papeles, que ponen en práctica las políticas que les afectan, está compuesta casi exclusivamente por personas que no han vivido esa experiencia vital, puede acabar generando una distancia institucional que con el tiempo acabe convirtiéndose en deslegitimación. Esa distancia o extrañamiento no se da en la calle, sino en lugares como la ventanilla que da acceso a la tramitación de cualquier trámite, en el centro de salud, en la escuela pública o en la oficina de empleo. No se quiere con ello afirmar que un funcionario nacido en España no pueda atender bien a un ciudadano independientemente de cuál sea su origen, sino que un servicio público que no incorpora la diversidad de la sociedad a la que sirve va perdiendo capacidad de comprenderla y de conectar con ella. Y pierde, sobre todo como decíamos, legitimidad para pedirle que se sienta parte de un proyecto compartido.

Otros países europeos han empezado a abordar esta cuestión, al menos en el plano del diagnóstico. Francia mide la brecha: el 6% de sus funcionarios son personas inmigradas, frente al 12% en la población activa, y un informe gubernamental constató que cuanto más alto es el nivel jerárquico, menor es la presencia de personas de origen extranjero. Alemania reveló en 2024 que el 16,2% de los empleados de su administración federal tienen antecedentes migratorios, frente al 31,9% de la población activa. El Reino Unido publica cada año datos detallados sobre etnia, discapacidad y origen socioeconómico de todos sus funcionarios: el 16,6% pertenecen a minorías étnicas, aunque en los puestos directivos la cifra baja al 10,7%. Canadá emitió en 2021 un llamamiento formal para nombrar y promover a empleados indígenas y racializados en cargos de liderazgo público. No quiero con ello afirmar que sean modelos a seguir, pero al menos parten de una premisa que España aún no ha asumido: que lo que no se mide no se puede corregir.

El proceso de regularización extraordinaria abierto en abril de 2026, que otorgará residencia y permiso de trabajo a cientos de miles de personas que ya viven en España, no resolverá esta brecha por sí solo. No concede nacionalidad, que es el requisito para ser funcionario, y no elimina las barreras materiales de acceso. Pero sí amplía el número de personas que podrían acceder a puestos de personal laboral, y en el medio plazo acelerará los procesos de adquisición de nacionalidad. Lo que no hará, si no se acompaña de una política deliberada, es cambiar la composición de una administración que sigue funcionando como si la sociedad española fuese la de 1985.

Al final lo que está en juego no es una cuestión de cuotas. Es algo más básico: la capacidad de construir un “nosotros” que incluya a quienes ya están aquí. Las sociedades que gestionan bien la diversidad son aquellas en las que las instituciones reflejan, siquiera parcialmente, a las personas a las que sirven. Las que no lo hacen acaban generando dos mundos paralelos: uno que gestiona y otro que es gestionado, uno que decide y otro que obedece, uno que pertenece y otro que simplemente reside. Esa fractura, si se acaba consolidando, resulta difícil de reparar. Se necesitaría empezar a medir la composición real del empleo público, debatir si tiene sentido mantener la exclusión de residentes permanentes de las oposiciones, facilitar adecuación de requisitos, incluir la diversidad de origen en las estrategias de recursos humanos de las administraciones. Nada de ello es revolucionario. Es, simplemente, tomarse en serio la sociedad que ya somos.