La culpa de muchos, la responsabilidad de uno
Ciento quince personas han perdido la vida en accidentes ferroviarios en apenas diez meses. Detrás de esa cifra hay familias destrozadas y una sociedad que ha perdido la confianza en poder viajar con seguridad en unas infraestructuras públicas. Saber quién tuvo la culpa de cada accidente corresponderá a los jueces, quienes de todos modos tendrán dificultades debido a la naturaleza del evento, pero determinar quién debe asumir la responsabilidad política corresponde a la ciudadanía y a sus representantes. Y en política es importante entender que ambas cosas no son necesariamente lo mismo. Porque una tragedia puede ser el resultado de muchos años de decisiones equivocadas y, aun así, exigir que quien está al frente del ministerio asuma sus consecuencias.
Lo cierto es que la culpa de tragedias como estas se encuentra mucho más distribuida de lo que parece, porque en gran medida es el resultado de la erosión de las infraestructuras y de la incapacidad demostrada, durante años, de mantenerlas en buen estado mediante suficiente gasto en mantenimiento corriente y, sobre todo, con inversiones públicas que permitieran adaptar las infraestructuras tanto tecnológicamente como físicamente a un contexto de creciente demanda de viajeros. Es el “problema de las muchas manos”, es decir, lo que emerge cuando el daño es el resultado de decisiones dispersas en el tiempo y que conduce a que puede que no haya un único responsable causal, sino más bien una acumulación de decisiones y omisiones que contribuyeron a crear las condiciones de la tragedia. Serán los juzgados quienes tendrán que ponderar qué grado de culpa (y responsabilidad jurídica) le corresponde a quienes recortaron en inversión, a quienes archivaron las alertas, a quienes minusvaloraron las incidencias previas en la circulación, etc. Los jueces dirán lo que puedan, pero lo esencial quedará fuera de su alcance porque no es fácil delimitar esa culpa “estructural”.
En esa cadena de culpables, el ministro Óscar Puente había llegado relativamente tarde. Su gestión, de hecho, se ha caracterizado por el intento de recuperar la credibilidad de un ministerio que había sido dirigido por el ahora encarcelado José Luis Ábalos. Durante esa etapa previa, el Ministerio de Transportes fue testigo de desvíos de dinero y corrupción, de enchufes para colocar a gente sin preparación alguna, de decisiones políticas altamente cuestionables, y todo ello mientras la cabeza del ministerio y sus más allegados se lanzaban hacia todo tipo de excesos e ilegalidades. El daño que Ábalos ha hecho al gobierno progresista, que en esos momentos se bregaba contra una pandemia y la ola reaccionaria al mismo tiempo, es inmenso. Y la misión de Puente era, por lo tanto, hercúlea; en realidad, casi imposible.
Aun así, su gestión ha sido mucho más que decente. Se nota que se preparaba a conciencia los temas sobre los que tenía que trabajar, y lograba explicarlos a la población con verdadera claridad. La gestión posterior a la DANA, por ejemplo, fue una demostración de excelente gestión y comunicación; algo que le valió numerosos reconocimientos públicos, incluso de sus adversarios. Las informaciones y explicaciones sobre los accidentes ferroviarios fueron, en general, también correctas, porque buscaban deshacer la confusión reinante.
No en todo acertó, claro. Señalar a un trabajador individual como culpable de un accidente ferroviario, además con filtraciones de audios incluidas, fue un error mayúsculo. Que todas las barreras tecnológicas de seguridad fallaran y que el sistema terminara dependiendo de la actuación de una persona es, en sí mismo, una señal de que algo fallaba mucho más profundamente. Ningún sistema de seguridad contemporáneo debería depender de algo tan frágil como la capacidad humana para evitar una catástrofe. Ahí el ministro se puso innecesariamente a la defensiva cuando, en rigor, era consecuencia de la dejación histórica en esos ámbitos.
Con todo, la patata caliente le tocó a él. Como en aquel juego en el que los participantes se pasan un objeto que puede explotar en cualquier momento, Puente estaba al mando cuando la situación acumulada durante años llegó a su punto de ruptura. La responsabilidad difusa de muchas decisiones anteriores había generado una situación insostenible y ahora sabemos que las inversiones y los gastos en mantenimiento realizados durante su mandato no bastaron para evitarla. Dicho de otra forma, los accidentes tuvieron lugar cuando Óscar Puente todavía estaba intentando limpiar la basura dejada por la gestión de Ábalos y sus compinches y de los recortes en inversión pública acumulados desde mayo de 2010 (que comenzaron con un gobierno del PSOE y siguieron con los del PP, reflejando de nuevo ese “problema de las muchas manos”). Puente estaba adecentando la casa, pero esta se vino definitivamente abajo.
No es culpable, pero sí es responsable. El cargo político no es algo que se posee. Estrictamente hablando, yo nunca tuve un ministerio porque no era una posesión, sino que asumí un encargo basado en la confianza con la comunidad. Esa relación no es estática, sino que se alimenta continuamente mediante la rendición de cuentas. Los ministros tienen que rendir cuentas ante el parlamento y ante la sociedad, porque es la ciudadanía y sus representantes quienes han realizado el encargo. Se responde de lo que ocurre bajo el propio mandato, haya o no culpa personal, porque eso es lo que significa haber aceptado el encargo. Y cuando la confianza decae, por las razones que sea, es justo y necesario que se asuman responsabilidades. Y estas responsabilidades son de orden político, no necesariamente judicial. Por eso la frontera entre asumir responsabilidades y no hacerlo es difusa y no la marca un juez, sino los valores y principios que sostienen la relación con el cargo.
Cuando dos accidentes muy graves ocurren bajo tu mandato, la confianza se resquebraja de inmediato. La dimisión era, en realidad, la única salida posible ante una crisis de esa magnitud. Otras formas de rendición de cuentas se antojaban realmente insuficientes ante una situación como esta. Por lo tanto, la decisión de Óscar Puente ha sido correcta, y si acaso solo cabe reprocharle que haya tardado tanto. Sabiéndose no-culpable, además era políticamente inteligente haber anunciado su dimisión, gestionar la crisis en el mientras tanto y proponer medidas estructurales y coyunturales para evitar que esto pasara de nuevo, sin dejar de mencionar todo lo que políticamente es clave para entender esta situación: falta de inversión, liberalización, privatizaciones encubiertas, mala gestión por responsables anteriores, etc. La dimisión no constituye, por lo tanto, una confesión de culpabilidad ni una admisión de responsabilidad jurídica. Es más bien el reconocimiento de que la confianza necesaria para continuar ejerciendo el cargo se ha quebrado y de que, en esas circunstancias, la continuidad resulta políticamente injustificable.
El desgraciado accidente de Urda ha cambiado el ritmo de la campaña, y la dimisión de Óscar Puente no parece que sea suficiente para evitarlo. Sin duda, de haberse producido antes nos hubiéramos ahorrado una semana donde el protagonismo ha estado en el ministro más que en las víctimas y las medidas políticas para abordar este problema. Quizás a partir de ahora sea diferente, aunque el daño emocional provocado por este accidente en toda la sociedad es hondo. Para la remontada en las encuestas la izquierda necesitaba un entorno de optimismo y de salir a la ofensiva, algo que se estaba consiguiendo en los primeros días, pero cuya dinámica ha quedado completamente rota. Le toca a Carlos Cuerpo la gestión de un ministerio en el que no podrá hacer nada relevante (léase: estructural) por falta de tiempo, pero al menos se pasa página con una asunción de responsabilidad que era la única salida digna. La campaña seguirá su curso y los deberes más importantes (qué tipo de infraestructuras necesita un país) quedarán para la siguiente legislatura.