La economía y la política se “maximizan”

Quizá hay cosas que funcionan demasiado bien. Pienso, concretamente, en el capitalismo y en la democracia liberal. Hablamos de un sistema económico y un sistema político íntimamente relacionados, aunque el primero pueda existir sin el segundo, y el segundo dependa del primero para existir. Abundan las quejas sobre ambos. Y, sin embargo, creo que ambos, para la desgracia colectiva, cumplen sus objetivos fundamentales mejor que nunca. Simplemente, maximizan sus recursos.

El verbo “maximizar” parece indispensable para definir lo que viene ocurriendo en lo que llevamos de siglo XXI.

Veamos. El capitalismo es un sistema económico basado en la propiedad privada y en el libre mercado. Su objetivo es el beneficio, es decir, la extracción del máximo rendimiento en cada inversión de capital. Su dinámica consiste en la asignación de recursos a través del mercado (oferta y demanda) y tiende de forma natural, pese a lo que digan quienes hoy se definen como libertarios, al oligopolio y al monopolio.

El actual capitalismo está cerca de alcanzar la plenitud. Los beneficios de las grandes empresas nunca habían sido tan altos ni su capitalización tan desmesurada. Nvidia, que diseña y comercializa chips y sistemas informáticos (y depende de Taiwan Semiconductor Manufacturing para la fabricación de sus productos) vale en Bolsa casi seis billones de dólares: más de lo que producen en un año el Reino Unido o España.

En cuanto a la tendencia al oligopolio, es más realidad que tendencia: un puñado de tecnoligarcas, desde Elon Musk hasta Jeff Bezos, poseen las plataformas tecnológicas de las que depende la economía mundial.

Como resulta evidente, el capitalismo es ajeno a las cuestiones sociales. Contra lo que suele suponerse, la pauperización de grandes sectores de la población mundial no le afecta: da igual que pocos puedan adquirir una vivienda urbana, mientras casi todos sigan adquiriendo, por ejemplo, teléfonos móviles y aplicaciones, y las viviendas (pocas) sigan vendiéndose a unos pocos: en el capitalismo financiero, casi liberado de cargas fiscales, lo que sobra es el dinero.

Corresponde a la política “domar” en lo posible al capitalismo con limitaciones legales y fiscales. No puede decirse que cumpla la tarea con éxito. Más bien al contrario. Pero es que, como decíamos, la democracia liberal depende del capitalismo.

Lo que ha hecho la política, y más en concreto las democracias liberales (los sistemas políticos considerados como más justos y eficientes), ha sido adaptarse al capitalismo rampante y copiar sus métodos. Es decir, “maximizarse”.

Podríamos afirmar que las democracias liberales, empezando por la estadounidense y pasando por casi todas las demás, España incluida, se han zambullido en el populismo. Podríamos afirmarlo si el término “populismo”, como el término “terrorismo” y otros, no hubiera fallecido hace tiempo por sobredosis de polisemia.

La democracia liberal tiene como objetivo garantizar la representación y los derechos de los ciudadanos. Ya conocen las condiciones: elecciones por sufragio universal, igualdad ante la ley, propiedad privada, libertad de expresión, protección de las minorías y separación de poderes.

A veces olvidamos que la democracia liberal es, como cualquier otro sistema, un mecanismo para la obtención y el mantenimiento del poder. Eso resulta esencial. En nombre de quien le otorga legítimamente el poder (una mayoría entre los ciudadanos que se molestan en votar y en delegar la soberanía popular a un grupo de representantes), el dirigente de una democracia liberal contemporánea busca maximizar su poder mediante todos los recursos a su alcance. Igual que una empresa busca maximizar sus beneficios.

La separación de poderes es la primera víctima. Fijémonos en el caso español. El Parlamento, que representa la voluntad popular, busca extender su representatividad a la judicatura (recuérdese quién elige a los miembros del Consejo General del Poder Judicial). Lógico, ¿no? Como consecuencia, la alta judicatura adopta (cada vez con menos escrúpulos) las coloraciones y los intereses de los partidos políticos parlamentarios.

A su vez, el Poder Ejecutivo, el Gobierno, que emana del Parlamento, se siente legitimado para imponerse a ese mismo Parlamento. ¿No es el Gobierno el delegado final de la voluntad popular? ¿Acaso no ha recibido el mandato electoral de utilizar al máximo su poder, dentro de los límites legales?

Una vez emprendida esa senda, que en la práctica impugna a Montesquieu y su idea de la separación de poderes, resulta relativamente fácil demoler otra de las condiciones de la democracia liberal: la protección de las minorías. En Estados Unidos ya lo está sufriendo una minoría, la procedente de la inmigración. En España puede ocurrir lo mismo en poco tiempo.

Sobre la igualdad ante la ley basta con señalar la evidencia de que se mantiene en el ámbito de las aspiraciones.

En último extremo, la democracia liberal evoluciona hoy, en nombre de la eficiencia y la “maximización”, a un sistema de representación de la mayoría que garantiza la alternancia (dentro de un orden), la propiedad privada, el libre mercado, los derechos humanos básicos (no todos y no siempre) y la libertad de expresión (que pierde relevancia cuando los medios para difundir esa expresión se concentran en pocas manos).

Todo lo que estorbaba a la economía y a la política (la visión a largo plazo, el consenso, el respeto, las formas, los conceptos mismos de “verdad”, “libertad” o “justicia”) desaparecen. La eficacia del poder se impone sobre lo demás.