Nunca antes se habló de la vivienda de un político en España, salvo alguna cosa
Corría mayo de 2019 cuando la entonces candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recorría Galapagar junto al periodista Cake Minuesa para denunciar la hipocresía de Pablo Iglesias e Irene Montero. “El Partido Popular tiene un modelo de gestión que es tan exitoso que luego es el que todos en la izquierda eligen para sus hijos a la hora de vivir”, decía entonces paseando por las calles de la localidad.
La justificación para aquel escrutinio era precisamente la hipocresía de Iglesias y Montero entre su estilo de vida y su discurso. Y la hipocresía es perfectamente criticable. Otra cosa es utilizarla como coartada para traspasar todos los límites acosando a las trabajadoras que cuidaban de sus hijos, difundiendo fotografías de los menores saliendo del colegio y teniendo durante meses a activistas de ultraderecha apostados a las puertas de la casa, algunos denunciados incluso por grabar hacia el interior de la vivienda.
El miércoles escribía Miguel Ángel Rodríguez lo siguiente: “¿Hay interés periodístico en publicar dónde reside la presidenta Díaz Ayuso (salvo que se hubiera alquilado una sauna de prostitución del padre de Begoña)? La presidenta nunca ha vivido en un ático. Es la primera vez que veo que se persigue dónde vive un político... Increíble”. No solo existen incontables referencias al “casoplón” de Iglesias y Montero o a los “marqueses de Galapagar”, muchas procedentes del mismo Miguel Ángel Rodríguez en estado de gracia. Incluso llegó a decir que la casa se compró con dinero que les puso Venezuela en un paraíso fiscal. Es que las casas, alquileres, hipotecas y patrimonio inmobiliario de los políticos llevan años formando parte de la conversación pública. Se ha hablado de la vivienda de Gabriel Rufián, de Mónica García, de Tania Sánchez, de Manuela Carmena, de ministros, expresidentes y presidentes. Galapagar demuestra hasta qué punto de hostigamiento puede llegar ese interés cuando se considera que la vivienda revela una contradicción entre lo que un político predica y cómo vive.
La hipocresía, que siempre es criticable (yo misma he criticado en una columna la hipocresía de algunos políticos de izquierdas de defender la educación pública y llevar a sus hijos a centros privados), funciona como un perfecto búmeran. Si decides convertir la incoherencia ajena entre discurso y conducta en una categoría política, tienes que estar dispuesto a que esa misma vara de medir se utilice contigo. Y, siguiendo precisamente el criterio que Ayuso y su entorno aplicaron a Iglesias y Montero, hay muchos motivos para hablar de las contradicciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Ayuso ha hecho de vivir de alquiler y de las dificultades para comprarse una vivienda parte de su propio relato personal, mientras una empresa pública dependiente de la Comunidad que preside le compraba por 6,3 millones de euros un ático con fines cambiantes, coincidiendo en el tiempo con la venta del ático en el que vivía con su pareja y con su mudanza a otra urbanización de lujo. Pero podríamos continuar por el hecho de que también resulta paradójico construir buena parte de un discurso político alrededor de la meritocracia, el esfuerzo individual y la crítica a quienes viven de lo público cuando has desarrollado prácticamente toda tu carrera profesional dentro de la política y, al mismo tiempo, te niegas a hacer público tu expediente académico.
El límite siempre debería haber estado en denunciar las contradicciones políticas sin involucrar a menores y sin llegar al acoso personal. Pero después de años convirtiendo el domicilio de dos políticos en destino de peregrinación ultra, hace falta un cuajo considerable para estrenar ahora una defensa solemne de la intimidad.