Una guerra por el sentido común

«La vulnerabilidad, señores, mata», sentenciaba Olga Matute en su profética intervención en la Comisión de Estudio sobre la Salud Mental y las Adicciones del Parlament de Catalunya en condición de desahuciada. Tenía 54 años y dos hijas, y resistió el desahucio por la hipoteca primero, y después el del alquiler social que entonces logró: el Sabadell había vendido su hogar a un fondo buitre. El juez no dudó en dejarle clara su indefensión: «En ningún caso está previsto que sufrir situaciones de ansiedad permitan la suspensión de un lanzamiento», sentenció. Dos años después, Olga se suicidó. Se la llevó por delante nuestro mercado inmobiliario, ese que consentimos de una u otra manera entre todas.

La precariedad, la vulnerabilidad económica y la pérdida definitiva de calidad de vida están detrás de casi el 50 % de los suicidios o sus intentos, según estima Aquimicasa.net, siendo el desahucio una de las circunstancias más prevalentes. La PAH cifró en 2017 en más de 13.300 las personas que hasta entonces se habían quitado la vida debido al llamado «terrorismo financiero». Algunos psiquiatras corrieron a corregirles y, a pesar de carecer de estudios que avalaran una conclusión en la dirección opuesta, se permitieron aseverar que no existe vínculo entre desahucios y suicidios.

Puede que sí, puede que no, que esos psiquiatras defendieran posiciones ideológicas, ejerciendo el poder de la «bata blanca» que sustituyó en torno al siglo XIX el de la «bata negra», los curas. Michel Foucault explicó cómo nuestras sociedades modernas incorporaron al viejo poder de «hacer morir y dejar vivir» otro poder, ahora predominante: el de «hacer vivir y dejar morir». La permisividad con el círculo mortal de la deuda y los desahucios es una clara prueba de ello.

Un sentido común, una idea compartida acerca de qué está bien y qué está mal —cosmología, visión del mundo, hegemonía… tiene muchos nombres— se construye desde diversos lugares y, a la postre, toda la sociedad es responsable de aquello que acabamos considerando moralmente aceptable. El capitalismo neoliberal ha conseguido instalar, desde los años noventa, un consenso acerca de la vivienda que permite que, como tantas otras cosas elementales para la supervivencia, haya dejado de ser considerada ante todo un derecho para convertirse en un bien especulativo.

Raquel Rolnik explica muy bien este proceso en La guerra de los lugares. La colonización de la tierra y la vivienda en la era de las finanzas. Quien fue relatora especial de Naciones Unidas para el Derecho a una Vivienda Adecuada describe «un largo proceso de deconstrucción de la habitación como un bien social y de su transmutación en mercancía y activo financiero»: la financiarización de la vivienda. Los Estados —impulsados por instituciones como el Banco Mundial— desmantelaron las políticas de vivienda pública que garantizaban el techo como un derecho social y las familias de menores ingresos fueron empujadas a depender de un mercado financiero desregulado a través del crédito hipotecario. Las hipotecas locales se conectaron así con los mercados de capitales transnacionales, convirtiendo la necesidad de refugio en un campo de especulación global.

Ahí es donde se ubica, precisamente, la lucha que hoy simbolizan los sindicatos de vivienda o inquilinas y las plazas ocupadas. Están librando lo que Rolnik denomina «guerra de los lugares»: una pelea por construir otro sentido común que coloque la vivienda donde le corresponde, como derecho y requisito indispensable para una vida digna. Y eso implica legislar para garantizarlo e impedir que los especuladores se lucren sin límite con un derecho básico. Y no solo los fondos buitres, porque la conducta de rapiña ha contagiado a pequeños propietarios: si las plazas ganasen esta disputa por la racionalidad dominante, a quien se atreviese a pedir un alquiler desmedido por un piso cutre se le caería la cara de vergüenza, y las legiones de pequeños especuladores que presumen en las redes de comprar pisos para hacer negocio se pensarían un poco más si exhibirlo. Porque las leyes importan, pero también importa lo que una sociedad aprende a considerar intolerable.

La derecha entendió perfectamente que esta era una batalla por el sentido común allá por 2011. Y peleó con rabia el primer round, llenando medios, televisiones y hasta bloques publicitarios de okupas e inquiokupas después del 15M. De la mano del clima de las plazas, las PAH habían conseguido deslegitimar socialmente los desahucios, pero buena parte del ciclo reaccionario posterior se dedicó a recorrer el camino contrario: convertir a la persona vulnerable en amenaza y al rentismo en víctima, construyendo un pánico moral alrededor de una sobredimensionada ocupación que llegó a hacer doblete con las migraciones. Pobres y más pobres en el target. Y la construcción de chivos expiatorios se convierte en un vaso comunicante entre rentismo y fascismo.

Hoy se podría estar jugando un segundo round de las plazas, de Sol a la Porticada, pero no solo: hoy hay sindicatos de la vivienda y de inquilinos además de las PAH, y quienes se preocupan de librar cotidianamente este pulso se autodenominan “militantes”, algo que podría ser un paso adelante respecto a la organización del 15M. Si el otoño o las multas minaran la permanencia sostenible en las plazas, quedarían estructuras de trabajo que han mostrado su potencia colectiva, y parece que no hay esa letal obsesión por enfoques unitarios: todas las formas de lucha son necesarias y cada una debe sumarse a aquella con la que se sienta a gusto. Se trata, de facto, de una idea que asentó el 15M: aprender a trabajar por lo que nos une, minimizar lo que nos separa. Y hoy la vivienda tiene una potencia singular porque atraviesa a prácticamente todo el mundo: todo lo que se haga en su favor, sumará.

La cuestión común es la necesidad de abrir paso a otra mirada acerca de qué puede y qué no puede aceptarse, qué es bueno para la mayoría social, qué clase de mundo estamos construyendo cuando alguien puede enriquecerse indefinidamente a costa de una necesidad imprescindible y básica. Cualquiera, hasta el rentista más cerril y egoísta, sabe que la vivienda no es una mera estructura física, arquitectónica e inmobiliaria, sino una prolongación del cuerpo, de la vida, de nuestro mundo y nuestra identidad, respuesta a nuestras humanas necesidades de protección y seguridad. Un mundo que habitamos y no solo ocupamos. Quien mira sin alma dice ‘ocupaciones’ donde las más moramos en ‘habitaciones’.

Los decretos han decaído. Pero, a cambio, hemos descubierto, entre otras vitales cuestiones, que seguimos sabiendo luchar; que siempre podremos luchar juntas para torcer el brazo a quienes instauran consensos sociales que nos roban la vida a las mayorías; y que la «Generación Z», esa que la exdiputada del PP y filósofa Montserrat Nebrera acusó de ser «de cristal», no solo no se rompe por ser sensible y expresarlo sino que, además, está comandando un movimiento por la vivienda en el que podemos y debemos participar todas, y cuyo símbolo, unas llaves agitadas en el aire, podría transformar la (in)cultura de la vivienda en el Estado español.

Porque, más allá y más acá de la regulación de los alquileres temporales y por habitaciones, que en Cantabria necesitamos como el agua; de una nueva moratoria de desahucios; de las compensaciones por impago cuando no se ofrece alternativa habitacional; de los límites —siempre parciales— a la especulación; más allá de las medidas concretas, escasas, iniciales… se está disputando algo sin lo cual ninguna de ellas puede sostenerse mucho tiempo: el sentido común.

Batalla a batalla, luchando colectivamente, podremos ganar la «guerra de los lugares». Amor para las que luchan.