El Gobierno de Cantabria restringe la asistencia a domicilio a las personas dependientes durante los fines de semana

El Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) del Gobierno de Cantabria (PP) ha modificado, desde el 1 de octubre, el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) para personas dependientes. El SAD pasa así de prestarse de 7 a 22 horas, todos los días del año, en función de las necesidades del usuario, a distribuirse en dos tipos de jornadas: ordinaria —de lunes a viernes de 7 a 22 horas y sábados de 7 a 15 horas— y excepcional —sábados de 15 a 22 horas, domingos y festivos—, exclusivamente para tareas de atención personal (aseo, movilidad, alimentación), según consta en el pliego técnico.

La nueva categoría de 'excepcional' se limita ahora a tareas de atención personal sábados tarde, domingos y festivos. Esto significa que excluye, según el pliego, servicios relacionados con la atención de las necesidades domésticas o del hogar, como limpieza, lavado, cocina u otros.

Eso sí, este cambio horario no afecta a la atención del tipo que sea que reciban los futuros usuarios de grado III, también llamados grandes dependientes, ni de los usuarios de cualquier grado que, antes de octubre, ya recibían las prestaciones sábados tarde, domingos y festivos. Pero, y aquí viene el matiz a interpretar, pueden recibir el servicio en estas jornadas las personas de “cualquier grado que por motivos excepcionales motivados se consideren necesarios”, según el pliego técnico.

No consta en la documentación qué circunstancias concretas son ahora excepcionales. Tal como advierten los sindicatos y algunos afectados que han contactado a elDiario.es, el cambio está sujeto a interpretación y supone un condicionante para los usuarios de grado I y grado II que entren a partir de octubre.

El grado I supone una dependencia moderada, en la que la persona necesita apoyo al menos una vez al día o de forma intermitente. El grado II implica dos o tres veces al día, pero no necesita de forma permanente un cuidador, a diferencia del grado III, que supone la pérdida total de autonomía y apoyo generalizado.

Según confirman los sindicatos UGT, Comisiones Obreras (CCOO) y las delegadas de atención a domicilio por USO, los nuevos usuarios quedarán sujetos a la consideración y valoración de la Fundación Cántabra de Salud y Bienestar, empresa pública vinculada a la Consejería de Servicios Sociales, que determinará, caso por caso, si concede a estos usuarios el servicio en las franjas horarias consideradas ahora “excepcionales”, a través de la Unidad de Ejecución y Seguimiento de Contratos (UESEC), según lo que indique su Programa Individual de Atención (PIA), que es el documento en el que se expone qué servicios recibe un usuario.

Queja elevada al Parlamento

Personas afectadas han elevado al Parlamento la situación mediante un escrito que ha sido admitido a trámite y trasladado a los grupos parlamentarios. En el documento se señala que el Servicio de Ayuda a Domicilio “no es una prestación accesoria” y se subraya que “para muchas personas constituye el apoyo que permite levantarse, asearse, vestirse, alimentarse, mantener unas condiciones mínimas de higiene y permanecer en su domicilio con seguridad y dignidad”. Necesidades, inciden, “que no desaparecen durante el fin de semana ni en los días festivos”.

Los usuarios señalan en su escrito que este cambio puede generar conflictos de interpretación y ponen ejemplos: “La higiene corporal de una persona no puede separarse siempre de tareas indispensables como cambiar ropa de cama tras una incontinencia, limpiar un derrame que compromete la seguridad o preparar una comida sencilla”.

Consideran el cambio “una limitación” que afecta “especialmente” a quienes viven solos, a los hogares en los que conviven dos personas dependientes, a las familias con cuidadores de edad avanzada, a quienes no disponen de recursos para contratar apoyo privado y a quienes residen en zonas rurales.

Este cambio ha generado molestias por lo que consideran “restricciones” en los horarios para nuevos usuarios. De hecho, también se ha trasladado al ICASS la preocupación por las nuevas condiciones horarias y se ha solicitado expresamente que se garantice que “cualquier persona” en situación de dependencia, “con independencia de su grado”, pueda acceder a atención personal los sábados por la tarde, domingos y festivos mediante una valoración individualizada, “cuando sus necesidades básicas así lo requieran”, sin excepcionalidades.

La directora del ICASS, Carmen Arce, asegura a elDiario.es que el cambio “no supone una restricción ni una reducción” de los derechos de las personas usuarias del SAD. La consideración de determinadas franjas horarias como prestaciones de carácter excepcional, subraya, “no supone, por sí misma, la exclusión de las personas usuarias que precisen atención en dichos periodos”, afirma.

Y en esa formulación “no supone, por si misma, la exclusión” es donde los afectados advierten el riesgo de no tener el servicio garantizado los fines de semana y festivos.

La prestación del servicio los sábados tarde, domingos y festivos, defienden desde el ICASS, mantendrá la valoración individualizada de las necesidades de cada persona, “teniendo en cuenta su situación funcional, social y familiar”, así como los criterios técnicos. Respecto a la intensidad, horario y contenido del servicio, “podrán contemplarse actuaciones” en sábados por la tarde, domingos y festivos “cuando concurran las circunstancias previstas en la regulación vigente”. Una frase, ésta última, que de nuevo genera enormes dudas de la aplicación práctica y deja abierta a la interpretación los criterios concretos de la Fundación para las jornadas excepcionales.

Empleadas “quemadas” con condiciones “pésimas”

Los sindicatos UGT y CCOO hablan de “concentración” para describir el cambio en la prestación entre semana y sábados de 7 a 15 horas, que realizan las trabajadoras a domicilio contratadas por las empresas para dar servicio al ICASS. Y, para las delegadas de las trabajadoras a domicilio por el sindicato USO, “no se específica cuál es el carácter excepcional” de las jornadas de sábado tarde, domingo y festivo, en el pliego técnico.

Para UGT, la nueva regulación se traduce en una atención “centrada en la persona, garantizando que el servicio se dirija de forma prioritaria” a los usuarios que presenten un mayor grado de dependencia, valora Gema Fernández Oria, secretaria de Dependencia e Intervención Social, de UGT Cantabria. El acceso a las jornadas excepcionales, abunda, se reserva “preferentemente” a personas con Grado III, mientras que los nuevos usuarios de otros grados dependerán de la valoración que se le realice y el grado, lo que determinará si “tendrá o no” atención personal (alimentación, aseo), excluyendo otras tareas, apunta.

CCOO interpreta el cambio del horario de atención domiciliaria como una concentración de todos los servicios “que sean de limpieza o paseo”, de lunes a viernes. “Es mejor para intentar rellenar los horarios a las trabajadoras”, analiza Silvia Solar, encargada del sector de Ayuda a Domicilio de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de Comisiones Obreras, en Cantabria, “para que así consigan tener jornadas completas”. Consultada sobre el efecto en los usuarios, Solar admite que es “un recorte” porque se trata de “una reducción de acceso” a los días de prestación del servicio, pero señala que las trabajadoras son profesionales que están “muy quemadas” con un empleo “muy precario”, aunque cuestiona que “desde luego, el Gobierno no lo ha hecho por el beneficio” de las empleadas.

En UGT perciben el cambio organizativo como “positivo”. Gema Fernández advierte de que las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio “están cansadas, agotadas, se sienten invisibles, con condiciones laborales son pésimas”.

Para las delegadas por USO, hay más cosas que reivindicar dentro del nuevo pliego. Por un lado, con relación a la suma de kilómetros a partir de los cuales la entidad adjudicataria debe asumir el gasto de desplazamiento del personal, que se reduce de 40 a 20. Por otro, que se contempla 0,24 euros por cada kilómetro de trabajo efectivo, pese a que el convenio marca 0,18 euros por kilómetro. También afirman que las empresas no están renovando a las trabajadoras que carecen de vehículo propio. “Con el combustible por las nubes los trabajadores tendremos que pagar de nuestro bolsillo para poder trabajar”, lamentan.

“Mientras el Gobierno de Cantabria aumenta en 8,7 millones el presupuesto para residencias, centros de día y pisos tutelados, el servicio de atención domiciliaria sigue en el olvido”, cuestionan las delegadas por USO.

La atención a domicilio del SAD del Gobierno de Cantabria es un servicio externalizado, de ahí los pliegos para concurrir a los contratos. Reivindican que las empleadas deberían de ser trabajadoras públicas por ser “un servicio esencial” que ofrece la administración.

El Servicio de Ayuda a Domicilio del Gobierno autonómico divide Cantabria por lotes, que son las zonas geográficas que luego se adjudican a las empresas. En marzo, una de las empresas a licitación para el expediente CA-ICASS/2025/0022 interpuso un recurso ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Esta situación suspendió el procedimiento hasta que el Tribunal desestimó el recurso. En junio, los lotes que no estaban en el recurso comenzaron a funcionar con las nuevas empresas: Ogara, para el lote 4 y People Plus Innovation, para el 5. En octubre, fecha de incorporación de los cambios en el pliego, empezará Ogara con los lotes 1 y 3 y la empresa Urgatzi, con el 2.

A diferencia del anterior pliego, en el que CCOO y UGT afirman que pudieron contribuir con aportes, subrayan que en este proceso ninguno ha sido informado directamente por el ICASS sobre los cambios.

Aparte del SAD del Gobierno de Cantabria, los ayuntamientos también ofrecen por su lado atención a domicilio, en su mayoría también realizada por empleadas de empresas privadas de servicio a domicilio. Los únicos consistorios que mantienen el servicio municipal a domicilio sin privatizar son Peñarubia, Selaya y la mancomunidad de servicios sociales Alto Pas, que incluye Toranzo, Luena, San Pedro del Romeral, Santiurde de Toranzo y Vega de Pas, según datos recopilados por CCOO.