Luz e hipocresía sobre las filtraciones
Los debates sobre periodismo son una de las cosas que más me aburre de la profesión, pero mucho más cuando esos mensajes se trasladan a la opinión pública y se convierten en debate nacional porque tenemos que asistir a espectáculos bochornosos de hipocresía en la profesión y también en los lectores y los consumidores de información. A nadie le importa el hecho de acceder a información reservada en fase de instrucción cuando es lo suficientemente jugosa para sus intereses, le importa cuando afecta a alguien que le cae bien o defiende sus mismas ideas. La filtración de la agenda y las conversaciones de José Luis Rodríguez Zapatero han vuelto a poner en el debate público el caso de las filtraciones. Lo ha hecho porque es un personaje que tiene muchos defensores. Porque la vergüenza de esa filtración, que lo es, se ha dado miles de veces en democracia sin que movamos una sola ceja. Si el hecho nos escandaliza nos tiene que escandalizar cuando afecta a Bárcenas si somos de izquierdas, y cuando afecta a Zapatero si somos de derechas. Pero eso da igual. Somos unos hipócritas y unos cínicos.
Filtraciones de información reservada fueron los mensajes de la reina Letizia a Javier López Madrid cuando le mandó apoyo tras su implicación en el caso de las tarjetas black. El mensaje era este: “Te escribí cuando salió el artículo de lo de las tarjetas en la mierda de LOC y ya sabes lo que pienso Javier. Sabemos quién eres, sabes quiénes somos. Nos conocemos, nos queremos, nos respetamos. Lo demás, merde. Un beso compi yogui (miss you!!!)”. ¿Está justificado conocer un mensaje privado de la reina Letizia a un amigo suyo por mucho que nos parezca censurable apoyar a un implicado en un caso de corrupción? Pues diría que no. Que no es suficientemente relevante como para vulnerar el secreto de las comunicaciones por mucho que esté en un sumario al que no hemos tenido acceso y pueda tener cierto valor informativo. ¿Vale menos la intimidad de la reina Letizia que la de José Luis Rodríguez Zapatero? Pues si somos republicanos, de verdad, en un sentido cívico mucho más amplio que el de denostar a la monarquía tendríamos que defender que el secreto de las comunicaciones y el valor de la intimidad son derechos fundamentales que no pueden ser vulnerados a la ligera. Si analizan cada filtración poniéndose ante un espejo puede que no les salga un retrato bonito.
Este diario donde escribo publicó, e hizo muy bien, unos audios enmarcados en el caso Lezo entre Ignacio González y Eduardo Zaplana en el que hablaban de cómo colocar a jueces y fiscales en plazas convenientes para sus intereses. Esa información estaba bajo secreto de sumario. No se podía tener acceso a ella, pero la tuvieron y la publicaron. A nadie nos importó. Hicimos bien. En el caso de la investigación a Jorge Fernández Díaz por la Kitchen, que años después está en fase de juicio oral, se conocieron audios en fase de instrucción que corrieron por todas las redacciones. Se publicaron porque tenían valor informativo. Por cierto, en ese sumario también hay mensajes vergonzantes para periodistas que van de dignos que se cruzaron con el secretario de Estado de Interior. Porque ese es otro debate, la responsabilidad de los medios a la hora de publicar esos mensajes que no tienen valor informativo, yo creo que de manera general la prensa progresista tiene más clase a la hora de filtrar que hay cosas que sabemos que no tienen más que interés de descrédito, chisme o humillante y no informativo. Porque uno de los problemas principales es que tenemos una prensa que muchas veces da vergüenza y publica mensajes inmersos en las causas que solo tienen valor para humillar a alguien que les cae mal. Porque no, no tiene ninguna importancia, ni tiene valor informativo, saber con qué periodista cenó José Luis Rodríguez Zapatero. Porque como se abra ese melón habrá muchos que estén rezando para que jamás se conozcan los mensajes que se cruzan con el jefe de gabinete de Ayuso o en qué áticos que cenan y con quién. Que todos sabemos cosas.
Las filtraciones se han convertido en debate, ciertamente, por la vergüenza de condena al Fiscal General del Estado como método disciplinante por perseguir las corruptelas del novio de Isabel Díaz Ayuso. Ese caso es una de las vergüenzas más oscuras de nuestra justicia. Pero no se puede obviar que se produjo porque las filtraciones, cuando parten de un funcionario público son un delito, el problema no es que se investigara esa filtración, el problema es la desproporción con la que se actuó y que solo se actúa, no ya con desproporción, sino de ninguna manera, en otros casos donde se producen filtraciones tan delictivas como esas. Al Fiscal General, además, se le condenó sin pruebas y reconociendo que no sabían si lo había filtrado él u otra persona. Pero en este artículo hablamos de otras cosa; de la base moral que hay tras la afectación que fingimos al tener acceso a información a la que no tenemos derecho acceder al estar en fase de instrucción.
A nadie le molestan las filtraciones en genérico, solo molestan las filtraciones que perjudican al espectro ideológico que cada uno defienda porque se usarán esas filtraciones sin rubor cuando nos cae mal el encausado. Eso también sirve para el que replica esas informaciones desde sus perfiles en redes sociales como lector y ciudadano crítico, porque si está mal, está mal también moralmente difundirlo y ampliar su alcance. Desde la izquierda todos hemos defendido con vehemencia la necesidad de conocer el correo electrónico del abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso a pesar de que no teníamos por qué conocerlo. Yo creo que tiene valor informativo y puedo defenderlo, pero estoy seguro de que habrá muchos que defiendan lo mismo en casos en los que yo no creo que lo tiene. En todos los casos acceder a esas filtraciones es irregular porque la ley no lo permite.
La ley de enjuiciamiento criminal dice en su artículo 301 que todas las diligencias en fase de instrucción, lo que llamamos sumario, son de carácter reservado hasta la apertura del juicio oral. Solo entonces se convierten en públicas. Es decir, toda la información que conocemos en la actualidad sobre cualquier proceso sobre el que no se ha abierto juicio oral tiene carácter reservado y solo puede ser consultada por las partes. Sirva como ejemplo que el juicio de las mascarillas que ha terminado con la condena de José Luis Ábalos a 24 años de cárcel comenzó en abril de 2026. Pues llevamos hablando sobre noticias que emanan de la instrucción del caso desde septiembre de 2023. Casi tres años publicando informaciones y comentando noticias a las que por ley no teníamos que tener acceso. Ni que decir tiene que muchas de esas noticias tenían que ver sobre la vida privada de José Luis Ábalos y que no tenían nada que ver con el caso. A nadie nos molestó, a nadie le indignó, a pesar de que el exministro se ha quejado amargamente, y con razón, de esa indefensión. ¿Tenían valor informativo? Algunas sí, otras no, no importó. Nunca se investigó.
Quienes filtran, son, en una inmensa mayoría, abogados y procuradores de las acusaciones particulares que están en procedimientos mediáticos precisamente para eso, para generar daño a partir del acceso privilegiado a una causa y con eso regar de noticias a medios de comunicación de su cuerda sin esperar a la resolución del caso. Para ellos filtrarlo no es delito, solo sanción administrativa. Es importante constatar que el daño se genera independientemente de la ideología del encausado y de que nos caiga peor o mejor. Porque desde la izquierda nunca nos hemos quejado de que en el caso Kitchen o Gürtel, o el de las tarjetas black, se afectara a la reputación de los encausados cuando antes de que hubiera una resolución condenatoria difundiéramos toda la información del sumario. Hace muy poco asistí extasiado al hecho de que el PP tuviera información que está en los sumarios cuando ellos son acusación popular en todos y cada uno de los procesos judiciales de ámbito político que estamos teniendo. ¿Pero para qué creen que se personan en esas causas? ¿Por responsabilidad cívica? ¿O por tener información privilegiada que filtrar? Nos hacemos los tontos de maneras insospechadas.
Hay casos conocidos de insignes jueces y fiscales que filtraron información reservada sin que hubiera ningún tipo de consecuencia. Porque todos intuimos hasta saber con poco margen de duda quién filtró la causa del procès antes de que se publicara y da lecciones de integridad desde el Tribunal Supremo. Porque el fallo del procès se filtró, de manera reconocida y sin esconderse y nunca jamás se inició ninguna investigación. ¿Importó que se filtrara? ¿Alguien se escandalizó? Pues tampoco. Hay dos maneras de afrontar este debate, desde la hipocresía y el cinismo o entendiendo lo que supone la vulneración de derechos fundamentales también de aquellos que nos caen mal, pero comprendiendo a su vez que legislar en serio sobre las filtraciones implica cambiar la ley para condenar a los periodistas y los medios que publican esa información reservada que en muchos casos tiene un indudable valor informativo y hace que los ciudadanos pueden tener acceso a información vital para el ejercicio libre de su acción política. Eso se hace en muchos países. ¿Quieren eso? ¿De verdad lo quieren? Puede que sí, si es así yo creo que no saben lo que dicen.