ZONA CRÍTICA

Techo, luz y votos

Pancarta antidesahucios en Barcelona

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Se llamaba Segundo, tenía 58 años, y el lunes se tiró por el patio interior del tercer piso en el que vivía en el barrio de Sants, en Barcelona. Estaba solo, en el paro y llevaba meses sin poder pagar los 800 euros mensuales del alquiler. Se había presentado a ocho ofertas de trabajo pero no había conseguido que le diesen ninguno. Ya no podía enviar nada a su familia en Ecuador y sobrevivía gracias a Cáritas. Aun así, un juez consideró que su situación no era de vulnerabilidad. No era una persona, solo un expediente y como la documentación no estaba completa se ordenó su desahucio. Cuando la comitiva judicial llamó a la puerta, Segundo les abrió, les dijo que se esperasen un momento y se quitó la vida. 

Según los últimos datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial, en el primer trimestre de 2021 los desahucios por impago del alquiler han aumentado en 29 de 50 provincias (no hay datos de Ceuta y Melilla). Barcelona es una de ellas. Si se compara con las cifras de hace un año, entre enero y marzo del 2020 hubo 1.074 desahucios mientras que en el 2021 han sido 1278, un 19% más. El Gobierno aprobó un decreto extraordinario para paralizar situaciones como la de Segundo, pero es evidente que no ha funcionado. Esa es la consecuencia de sumar años de menosprecio a las políticas de vivienda a la crisis provocada por la pandemia. El parque de viviendas públicas en España es de 452.040, es decir, el 2'5% del total. La media europea es del 9'3%. El porcentaje de España se sitúa al nivel de Bulgaria y es una broma del mal gusto si se compara con el 30% de los Países Bajos.

El lunes, cuando Segundo se lanzó al vacío, políticos y medios andábamos enfrascados en nuestros bucles, que si los indultos, que si Ayuso la ha vuelto a liar, que si el paseo con Biden fue más corto que las explicaciones de Sánchez...Este vecino de Sants, que lo único que quería era poderse ganar la vida y tener un techo, nos devolvió por un momento a otra realidad, la que tenemos aquí al lado, la que a menudo no queremos ver, la que no da grandes audiencias ni tiene espacio en las tertulias. Una realidad que tendemos a invisibilizar porque nos incomoda. Además, ¿quién quiere leer malas noticias ahora que llega el verano, nos están vacunando, nos dicen que podremos sacarnos la mascarilla y pensar ya en las vacaciones? 

El martes, los lamentos por la muerte de Segundo consiguieron colarse en los titulares. Ese día elDiario.es abría su portada con otra bofetada de realismo: El ingreso mínimo vital solo llega a un tercio de los hogares previstos un año después. Esta renta, reclamada no únicamente por las entidades que se dedican a luchar contra la pobreza sino incluso por la Comisión Europea, solo ha alcanzado a 725.000 hogares del objetivo de 2,3 millones que se fijó el Ejecutivo. Los trámites son eternos, tal y como vienen denunciando desde el primer día las oenegés y voluntarios que intentan ayudar a muchas familias a rellenar las farragosas solicitudes. Las peticiones acumulan meses de retraso y en la mayoría de casos cuando llega la respuesta es negativa. Cáritas solo ha conseguido que se acepten el 16% de las que ha tramitado en nombre de personas que les pidieron ayuda para solicitarla. Una gran medida, más que necesaria, y un desastre en la gestión. 

También esta semana se ha alcanzado un nuevo pico en el precio de la luz. El recibo se ha disparado un 45 % en la primera quincena de este mes. Facua calcula que este junio podemos estar ante la segunda factura más cara de toda la historia. ¿Ha pensado el Gobierno que tal vez se vayan más votos por ahí que por los debates estériles provocados por la oposición o los suyos propios? Ese mismo día el Consejo de Ministros recurrió la ley del alquiler catalana porque vulnera competencias. Optó por no pedir la suspensión a la espera de la decisión del Constitucional. Que la pugna sea por las competencias y no por ver quién aprueba una ley mejor y que mientras PSOE y Podemos siguen negociando la suya lo que haga el Gobierno sea recurrir una norma autonómica que va en el sentido correcto es para pensárselo. De momento han llegado a un primer acuerdo y es el de congelar los precios en las zonas que, tras pactarlo con la respectiva comunidad y teniendo en cuenta la opinión del ayuntamiento, se consideren como tensionadas. Está por ver cómo afecta la norma a los nuevos contratos y si finalmente se fija también un tope obligatorio. No basta con presumir de ser el gobierno más progresista de la historia. Hay que demostrarlo.   

Este artículo seguramente se leería más si se refiriese a las barbaridades de Vox, a las declaraciones de Ayuso, las que sean, o al último político que haya preferido las preguntas de Trancas y Barrancas a las de cualquier periodista. Pudiendo ser todo eso importante, más o menos dimensionado, estaría bien no tener que recurrir a a otro caso tan dramático como el de Segundo para exigir a políticos y jueces que no dejen en manos de la caridad y la buena fe lo que es su responsabilidad. Y sería bueno que los partidos de izquierdas no esperasen a las elecciones para preguntarse por qué en barrios como los barceloneses de la Meridiana o Nou Barris, antiguos feudos suyos, la extrema derecha obtuvo tan buen resultado sea en las generales o las autonómicas. Si se pasean por allí descubrirán que la respuesta no está en la bandera sino en el bolsillo.

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Publicado el
16 de junio de 2021 - 22:43 h

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