Este es un cuento muchas veces contado. Un fondo de inversión, Vencar Capital (cuya misión, según sus redes sociales, es «que las personas prosperen y las comunidades florezcan»), en el caso que nos ocupa, compra un edificio en el centro de Madrid, en Malasaña, en la calle Valverde 42; bloque con pisos, es decir, con vidas, con pequeños comercios que se verán obligados a cerrar, con un bar en el cual se hace vida, olor a cúrcuma y especias cuando una abre el portal y entra al rellano. Se lo compra al antiguo propietario de todo el bloque; una vez comprado, he aquí la parte más oscura, el antiguo propietario se suicida. Sin entrar en interpretaciones psicológicas a propósito del acontecimiento, lo que le queda a los inversores es gestionar capital desnudo después de la muerte, exactamente con la misma frialdad con la cual lo hubieran gestionado en vida, y buscar la forma más eficiente de expulsar a quienes en el edificio se queden.
En el bloque hay pisos vacíos, familias a las que se les acaba el contrato dentro de unos meses o en un plazo inasumible para buscar una alternativa habitacional, dentro de la ola de renovaciones de los contratos firmados pospandemia que se va produciendo este año, y algunas personas a las que les queda todavía un año de contrato. Aparte de querer vender cuanto antes el bloque con fines especulativos, maximizando los beneficios, la actuación del fondo buitre se ha reflejado particularmente en la imposición de un régimen de vigilancia sobre los vecinos del bloque: un “guardia” intimidador, cual agente de Desokupa, que se instala en lo que antes era la garita del portero, arranca los carteles que los vecinos colocan en sus balcones, hace fotografías al bloque o mantiene una actitud amenazante con los antiguos vecinos mientras se le enseña a posibles compradores todas las posibilidades de lo que el bloque vaciado podría ser.
Sucede al tiempo que se da un enfrentamiento dentro del Gobierno de coalición sobre si bonificar o no a los propietarios como medida para paliar el auge del precio de la vivienda, entre la tendencia del PSOE a los beneficios fiscales y las resistencias de Sumar, en el ala minoritaria del Gobierno, a asumir esas medidas. Un ejemplo así nos permite, en realidad, ver que detrás de medidas legales concretas o de su aplicación lo que hay son vidas específicas, vidas que en ocasiones se quitan, proyectos de futuro que son cercenados o todo aquello de lo que hablamos cuando hablamos de lo que hace una ciudad. Cualquiera que viva en el centro de una ciudad española ha podido ver la transformación de esta, en un país tan dado a creerse different, en parques temáticos para el turismo donde se sustituyen comercios por lugares donde los guiris pueden guardar maletas. O la conversión, por ejemplo, del edificio histórico donde estaba el antiguo restaurante Baobab, en Lavapiés, en un hotel cápsula para cuantos más turistas mejor, con una obra a medio paralizar cuyo futuro, a la espera de que dicte sentencia la Comunidad de Madrid, queda todavía por dirimir.
Malasaña ni se ha gentrificado ni se ha convertido hoy en un parque temático: lleva siéndolo mucho tiempo. Cuando el Sindicato de Inquilinas ha hablado en los últimos años de bloques en lucha, solían ser bloques residenciales, de familias, más bien en el sur de la ciudad, sometidos a dinámicas como las que, por ejemplo, han venido convirtiendo los barrios limítrofes con Madrid Río en focos de una nueva gentrificación a la que acudía —expulsando en ocasiones a quienes habían crecido allí, hecho allí toda su vida— una juventud caricaturizada como bohemia, expulsada de los barrios del centro. El mensaje de fondo, cuando lo que se expulsa, hasta en 2026, es la propia Malasaña, es que en Madrid ya no queda sitio para nadie: no queda sitio en los barrios que contemplan la gentrificación como una posibilidad, porque también con ellos se especula; no queda sitio en los barrios que ya se daban por perdidos, pues también esos son susceptibles de ser reinventados y destruidos una enésima vez. Y el movimiento de una ciudad en venta, al cual no se le quiere poner freno, lleva a estas últimas consecuencias.
El sábado 24 los vecinos de Valverde 42 han convocado un despliegue de pancartas en los balcones y presentación pública del bloque en lucha. Hoy recibía el mensaje de una pareja de amigos, que acaban de mudarse de La Latina al otro lado del río, con el anuncio en Idealista del que era su antiguo piso: una vez salidos de allí, el nuevo alquiler cuesta más del doble que el antiguo, y aún se da el descaro de que se cuelgue en la página web enunciando que cuenta con un 11% de descuento. La sensación final es que, si los vecinos no se plantan, e incluso entonces con enormes dificultades, no va a haber pisos para nadie. No habrá pisos para las abuelas que otros fondos buitre han querido expulsar, que llevaban viviendo en sus casas más de 70 años. No habrá pisos, obvio, para quienes quieran llegar a la ciudad con el objetivo de formar nada. No habrá pisos para quienes consigan por primera vez un contrato decente, ni para quienes malvivan. Lo que habrá serán viviendas de alquiler temporal, bloques turísticos ilegales, el atrezo terrible de un Madrid falso, impostado, invivible para cualquiera. No habrá pisos para quienes llevan viviendo en Valverde 42 más de veinte años y se tienen que ir allí en dos meses. Es vender los barrios, es matar los barrios.