Poner trabas a la propuesta de Rufián ¿Es irresponsable?
¿Es un capricho la propuesta de Rufián sobre la unión de la izquierda? ¿Es imposible que PP y Vox alcancen 3/5 partes de los escaños en Congreso y Senado?
Desgraciadamente, en el entorno político actual, no es descabellado que pudiesen alcanzarlo, y esa mayoría les permitiría reformas constitucionales profundas que abrirían la puerta a un cambio de régimen en clave recentralizadora y socialmente regresiva, con impacto directo sobre las clases más desfavorecidas.
Rufián plantea una unidad táctica novedosa entre ERC, Comuns, Más Madrid, IU, Movimiento Sumar, a la que se unirían fuerzas como Bildu, BNG y otras izquierdas territoriales, sin tener que renunciar a la plurinacionalidad ni a sus proyectos propios. No propone borrar siglas ni liderar un nuevo espacio personalista, sino evitar que la fragmentación actual condene a cada grupo a “morir por separado”, para ello plantea una unidad electoral con especial incidencia en las cuestiones materiales –vivienda, trabajo digno, servicios públicos– que permita ilusionar y así poder frente a un bloque conservador decidido a cristalizar en la Constitución una correlación de fuerzas favorable al capital, a la recentralización y a la erosión de derechos.
Sin embargo, la reacción de buena parte de la izquierda es de rechazo o desconfianza, Bildu, BNG y su propio grupo ERC, cierran la puerta a una alianza estatal de este tipo en las generales. Alegan razones de “izquierda kilómetro cero”, defensa de proyectos nacionales propios y el problema real de las circunscripciones provinciales. Sumar y su entorno, por su parte, reivindican su propio proyecto y su propia alianza, sin aceptar de facto una reconfiguración profunda del espacio. Podemos utiliza la propuesta más como munición contra Sumar y el PSOE que como base real para un frente compartido. En todos los casos, hay un patrón común: cada actor prioriza la preservación de su identidad, su marca y su control interno por encima del riesgo sistémico de una derecha con capacidad constituyente.
Considero probable que si la izquierda a la izquierda del PSOE se mantiene dividida en listas múltiples enfrentadas, su resultado será una infrarrepresentación parlamentaria por la lógica de las circunscripciones pequeñas y el peso del voto útil hacia el PSOE, lo que facilitará que PP y Vox puedan lograr una mayoría de 3/5, que no es simplemente un número, es la posibilidad de que puedan abordar reformas constitucionales y legislativas para recentralizar y limitar el autogobierno, debilitando la capacidad de las comunidades para proteger servicios públicos y políticas sociales propias; revertir avances en igualdad de género, derechos LGTBI, memoria democrática y libertades públicas, restringiendo el margen de organización y protesta de las clases populares.
El coste social de esa pasividad de la izquierda lo pagarían sobre todo las clases trabajadoras y los sectores más vulnerables, que ellos quieren defender, tanto inquilinos en un mercado de vivienda depredador, jóvenes sin estabilidad laboral, o mujeres y migrantes expuestos a una ofensiva reaccionaria, pero además la izquierda soberanistas vería cómo se recortan sus herramientas de autodefensa institucional.
En este contexto, la responsabilidad política de quienes rechazan la unidad no puede presentarse como una simple opción táctica sin consecuencias. Negarse siquiera a explorar fórmulas flexibles de frente común –listas coordinadas, acuerdos circunscripcionales, primarias compartidas, liderazgo coral– implica, de facto, asumir el riesgo de facilitar la mayoría cualificada de la derecha, no planteo que la unidad garantice la victoria, sino que su división maximiza las posibilidades de derrota, ya que el argumento de que “lo mejor contra la derecha es fortalecer cada proyecto propio” tiene por límite que el resultado combinando todos esos proyectos por separado sea aritméticamente insuficiente, y la defensa de la pureza identitaria sería a costa de quienes sufrirán los recortes, la pérdida de derechos y la precarización. La decisión de decir “no” a la unión –o de aplazarla, diluirla, vaciarla– es también una elección sobre quién asumirá el coste del fracaso, y esa decisión se medirá en desahucios, recortes, desigualdad y libertades recortadas.