La Audiencia corrige a Alaya y pide las agendas personales de altos cargos

La Audiencia de Sevilla ha revocado un auto de la juez Mercedes Alaya cuando aún dirigía el juzgado de instrucción 6, que investiga el caso de los ERE, y ha aceptado la petición de la Fiscalía para que se aporten las agendas personales de dos exconsejeros y de otros altos cargos andaluces imputados.

En un auto notificado hoy, al que ha tenido acceso Efe, la Audiencia solicita las agendas del periodo 2000-2011 de los exconsejeros Antonio Fernández y Magdalena Álvarez y del exinterventor de la Junta Manuel Gómez, y afirma que esta diligencia “podría ayudar al esclarecimiento de los hechos”.

También pide las agendas, entre otros, de los exviceconsejeros Agustín Barberá y Justo Mañas; y de los ex directores generales de Trabajo Francisco Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, así como de otros empleados públicos o de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE).

La Fiscalía solicitó estos documentos por primera vez el 7 de noviembre del 2014, según recuerda la sección séptima de la Audiencia, en la que desde junio pasado está trabajando Alaya tras lograr la plaza que solicitó.

Alaya dictó el 8 de abril del 2015 un auto en el que rechazaba esta prueba sobre las agendas y otras diligencias, tras lo cual la Fiscalía Anticorrupción presentó un recurso de apelación que ahora ha sido resuelto a su favor por la Audiencia.

También acepta la Audiencia la petición de la Fiscalía de que declaren como testigos-peritos los integrantes de la Cámara de Cuentas de Andalucía, lo que Alaya rechazó porque su informe se elaboró dentro de las funciones de ese órgano y no por una solicitud suya.

En la resolución del recurso, la Audiencia reprocha que Alaya no da ninguna explicación ni razona “la masiva inadmisión de diligencias” propuestas por la Fiscalía, como pedir a la Agencia Tributaria informes del delito contra la Hacienda Publica de los imputados o declaraciones de testigos que ya lo hicieron ante la Guardia Civil.

La Audiencia, tras criticar que Alaya no da ninguna razón para su rechazo, considera que las declaraciones solicitadas por la Fiscalía son “pertinentes” y pueden delimitar la participación de algunos imputados, “en particular” los que pertenecieron a la agencia pública IFA/IDEA, que era la que pagaba las ayudas de los ERE.

Además, la Audiencia considera que se deben aportar los informes de la Intervención General de la Junta de Santana Motor y de Hijos de Andrés Molina para “una mejor comprensión de los elementos de juicio con los que contaban los altos cargos de la Consejería de Hacienda sobre las posibles irregularidades” cometidas con las transferencias de financiación.

Estas transferencias sirvieron para financiar “actuaciones que, realmente, eran subvenciones excepcionales o encargos de ejecución”, indica la Audiencia.

También considera “pertinente y útil” una nueva declaración de los exinterventores Manuel Gómez y Rocío Marcos así como pedir a la Guardia Civil, para averiguar el destino de los fondos presuntamente malversados, que informe sobre si algunas sociedades beneficiadas de las ayudas laborales hicieron negocios de transmisión de acciones, de participaciones o de bienes de su propiedad.