Concluye la etapa de instrucción en la causa contra la ex primera dama de El Salvador Ana Ligia de Saca

Una corte de El Salvador concluyó este viernes la etapa de instrucción de una causa penal que enfrenta la ex primera dama Ana Ligia de Saca y otras 13 personas por el supuesto lavado de 22 millones de dólares, informó el órgano Judicial.

La fuente señaló que el Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador finalizó la audiencia preliminar sin indicar la fecha en la que dará a conocer si el proceso pasa a juicio o es sobreseído.

Señaló que en la jornada de este viernes los imputados “reiteraron su inocencia” durante el uso de la “última palabra”, mientras que los representantes de la Fiscalía General de la República (FGR) pidieron pasar a juicio con todas las pruebas presentadas.

El órgano de Estado señaló que los fiscales del caso aseguraron que dichas pruebas “confirman que los procesados tenían conocimiento de lo que estaban haciendo” al colaborar para lavar la millonaria cifra proveniente de fondos estatales.

Según la FGR, estos 22 millones de dólares son parte de los más de 300 millones que malversó el expresidente Elías Antonio Saca (2004-2009), quien paga una pena de 10 años de prisión impuesta en septiembre de 2018 por peculado y lavado de dinero.

La cónyuge de Saca es la primera esposa de un expresidente salvadoreño en ser procesada penalmente en la historia reciente del país centroamericano.

La ex primera dama buscó en esta etapa del proceso someterse a un “juicio abreviado” para confesar el delito de lavado de dinero a cambio de una pena excarcelable.

No obstante, el pacto no prosperó por las diferencias entre ambas partes sobre la responsabilidad civil, dado que la Fiscalía pedía que entregará más de 17 millones de dólares y la defensa aseguró que la procesada no posee el dinero suficiente para el pago.

El Congreso del país centroamericano recibió el pasado 15 de mayo una iniciativa de reforma legal que busca bloquear el proceso “abreviado” en casos relacionados con delitos de corrupción.

Este recurso permitió al expresidente Saca evitar una condena de al menos 25 años de prisión por la millonaria malversación, trama en la que involucró a sus empresas de comunicaciones para lavar los fondos estatales, según su confesión.