El Consejo de Estado recibe la reforma local, de la que realizará informe para el Gobierno en un plazo de un mes

El Ejecutivo obtuvo el pasado martes el visto bueno de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), paso obligatorio para enviar el anteproyecto al Consejo. Una vez que obtenga el informe, lo que no será antes de finales de junio o principios de julio, podrá aprobar en Consejo de Ministros el proyecto y remitirlo a las Cortes.

Hacienda aceptó en la CNAL varias aportaciones de los ayuntamientos, aunque aún quedaron asuntos en los que la FEMP mantiene discrepancias y espera que se modifiquen en el trámite parlametario.

La reforma supone la fijación de las competencias obligatorias de los ayuntamientos, una lista de las que desaparecen la educación, la sanidad y los servicios sociales, en manos exclusivamente de las comunidades. Los municipios de menos de 20.000 habitantes deberán someter sus servicios a examen, de maenra que aquellos que resulten ineficientes tengan que ser cedidos a las diputaciones (a las comunidades en caso de uniprovinciales). Los municipios podrán recuperarlos en cinco años si mejoran su gestión.

Para realizar esos exámenes, Hacienda y la FEMP fijarán lo que se denominará coste estándar, un límite de coste que no se podrá superar. El ministerio de Cristóbal Montoro espera tener diseñada una fórmula para septiembre y empezar a partir de entonces a revisar los servicios de los municipios afectados por la medida.

Entre otros muchos aspectos, con esta reforma se limitará los sueldos de los cargos públicos y el número de contratos de confianza que pueden realizar, pero no se reducirá finalmente el número de concejales, que se mantiene. Las diputaciones son los entes que salen reforzados, como grandes centrales de prestación de servicios y de compras, lo que según Hacienda abaratará los costes manteniendo la calidad.

El Consejo de Estado tiene que decidir a qué sección le corresponde estudiar este asunto; un letrado realizará una primera propuesta, la sección la debatirá después y decidirá si envía el texto a la comisión permanente, que es la que deberá aprobar definitivamente un dictamen que enviar al Gobierno.