El Gobierno pide explicaciones sobre Aznalcóllar y la Junta rechaza que se politice

El Gobierno central ha reclamado hoy a la Junta de Andalucía explicaciones sobre el proceso de adjudicación de la mina de Aznalcóllar, en el que una juez ve falta de rigor y posibles irregularidades, mientras que el Ejecutivo regional ha rechazado que se politice el asunto y se use como “arma arrojadiza”.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha urgido a la Junta a dar explicaciones sobre la “transparencia” del proceso y sobre las perspectivas que tiene este proyecto, ya que de él “depende mucho empleo” en Andalucía.

Ha mostrado la preocupación del Ejecutivo por “cómo se ha llevado a cabo el proceso de adjudicación” y sobre lo que va a pasar con el proyecto, y ha explicado que los términos del auto son de una “gravedad extraordinaria” y al Gobierno le preocupa que no se haya respetado en lo más mínimo, como dice la juez, el procedimiento.

La vicepresidenta ha recordado que el Gobierno “eliminó todos los obstáculos” para que fuera posible la adjudicación de la explotación de la mina de Aznalcóllar y ha recordado que se exigió un “proceso abierto, de concurrencia competitiva” y en el que se “comprobara la solvencia científica, técnica y económica”.

Por su parte, la presidenta de la Junta en funciones, Susana Díaz, ha defendido que el Gobierno andaluz ha paralizado el procedimiento de concesión de la reapertura “cuando se ha tenido conocimiento del auto”, del que supo a través de un medio de comunicación porque la Junta no está personada en la causa.

“En este caso o en el que sea, cuando haya una sospecha de algún juez sobre un contrato de la Junta, automáticamente se paralizará hasta que haya una resolución definitiva y claridad”, ha subrayado.

El vicepresidente de la Junta en funciones, Manuel Jiménez Barrios, ha rechazado “tajantemente la politización de este asunto, sobre todo en plena campaña electoral”, a raíz de las palabras de Soraya Sáenz de Santamaría.

Ha lamentado que “se vuelva a utilizar una vez más la mesa del Consejo de Ministros para hacer oposición a Andalucía”, y ha defendido que la Junta ha actuado “con la máxima diligencia” al paralizar el procedimiento de concesión de la reapertura cuando ha tenido conocimiento del auto judicial.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha afirmado que ante cualquier posible caso de corrupción, se debe “llegar hasta la últimas de las consecuencias”.

Desde el PP-A, su líder, Juanma Moreno, ha cuestionado si Díaz “está dispuesta a poner la mano en el fuego” por la concesión y ha mostrado su preocupación porque “llueve sobre mojado” y “una vez más” ven “la actitud y la manera de gestionar del socialismo en Andalucía”.

Ha asegurado que se están poniendo en riesgo puestos de trabajo e inversiones “por hacer las cosas como siempre se están haciendo en Andalucía”, que en su opinión es “sobre parches, sin rigor y sin respeto a nuestro propio ordenamiento y procedimiento administrativo”.

Además, el responsable de Infraestructuras del PP-A, Jaime Raynaud, ha exigido a Díaz que aclare “cuántas subvenciones de la Junta ha recibido la empresa bajo sospecha” (México-Minorbis), a la que le ha sido adjudicada la explotación de la mina de Aznalcóllar.

Para el abogado de la empresa denunciante, Emérita Resources España, Ramón Escudero, la decisión de la Junta de paralizar el procedimiento es de carácter “político”, pero no lo anula.

En declaraciones a Efe, el abogado ha dicho que su cliente no iba buscando la repercusión política que ha tenido el auto pero los “tiempos han coincidido” con el debate de investidura, aunque ha celebrado que “judicialmente se reconocen los hechos denunciados” por Emérita Resources.

Por su parte, Ecologistas en Acción ha denunciado que el auto judicial confirma que “la Junta sigue anteponiendo el mantenimiento de su red clientelar a la defensa de Andalucía”.

La titular del juzgado de instrucción 3 de Sevilla emitió un auto en el que reprocha a la Junta de Andalucía que concediera “sin el más mínimo rigor” la explotación de esta mina, que está marcada por el desastre ecológico del 25 de abril de 1998, cuando la rotura de la balsa de residuos mineros vertió al río Guadiamar seis hectómetros cúbicos de lodos y aguas ácidas.

Según el auto de la juez, no se ha apreciado que la empresa ganadora, Minorbis -formada por la multinacional Grupo México y la cordobesa Magtel-, “cumpliese las exigencias mínimas, ni siquiera, para superar la primera fase del concurso de adjudicación”.