La Justicia chilena niega sobreseimiento a los imputados por la fallida alerta de tsunami

La justicia chilena rechazó hoy las solicitudes de sobreseimiento en favor de la exdirectora de la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi), Carmen Fernández, y del exsubsecretario del Interior, Patricio Rosende, imputados por la fallida alerta del tsunami, del 27 de febrero de 2010.

La decisión del juez Ponciano Sallés se sumó a otros dos rechazos que más temprano afectaron a los exjefes de Alerta Temprana de la Onemi, Johaziel Jamett, y de Oceanografía del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), Andrés Enríquez.

En 2011, la fiscal Solange Huerta que indagó los errores cometidos por las autoridades en el terremoto y posterior tsunami de 2010, imputó por cuasidelito de homicidio a ocho exfuncionarios, entre ellos Patricio Rosende y Carmen Fernández por no alertar a la población del peligro que existía.

Tanto la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) como el SHOA recibieron fuertes críticas por su accionar tras el cataclismo que dejó un saldo de 526 personas, 800.000 damnificados y 30.000 millones de dólares en pérdidas, equivalentes al 18 % del producto interno bruto (PIB) chileno de entonces.

El juez Sallés estableció que lo primero que debió haber hecho la directora de la Onemi al llegar al organismo fue dar cumplimiento a la alerta de tsunami emitida por el SHOA, aun cuando después ésta fue descartada por esa entidad.

Sostuvo que lo mismo debió haber realizado Rosende “pero es un hecho que ninguno de los dos ordenó emitir dicha alerta”, que podría haber evitado la muerte de 156 personas y las desaparición de otras 25.

“Hubo una especie de miedo a tomar las decisiones (de una alerta de tsunami) por las consecuencias políticas que podían provocar”, si después no hubiera ocurrido nada, subrayó el magistrado.

Respecto a Johaziel Jamett, el juez Sallés dijo que éste tenía la obligación de recibir y supervisar los informes que llegaban la madrugada del 27 de febrero a la Onemi.

Afirmó que ignoró información vital, pese a que era la máxima autoridad de la entidad mientras se esperaba la llegada al lugar de su directora Carmen Fernández.

El juez destacó también que entre las omisiones realizadas por Jamett aparece la información no transmitida respecto a la ola destructiva en la isla Juan Fernández, en el Pacífico, circunstancia que no permite establecer la convicción respecto a su inocencia.

En 2010, se dio a conocer un video grabado en las dependencias de la Onemi en el que se refleja la descoordinación que se registró en horas posteriores al terremoto entre las autoridades, incluida la entonces presidenta, Michelle Bachelet, y los mandos militares.

Respecto del papel del exjefe de Oceanografía del SHOA, Andrés Enríquez, Sallés fue categórico al afirmar que independiente de que estuviera de turno o no, la noche del terremoto se constituyó en su lugar de trabajo y, en su calidad de capitán de la Armada, estaba jerárquicamente sobre los funcionarios que estaban de turno esa madrugada.El tribunal consideró que entre las acciones que desplegó Enríquez, descartó de plano la opinión de la oceanógrafa de turno del SHOA, Cecilia Zelaya, quien advirtió de la posibilidad de un tsunami, tras el comportamiento de las mareas.

El juez recordó, además, que en Chile se recibieron al menos dos llamadas del Centro de Alerta de Tsunami del Pacífico, en Hawai, previniendo que las costas de este país serían azotadas por un maremoto como consecuencia del terremoto de 8,8 grados de magnitud Richter ocurrido a las 03.34 hora local (06.34 GMT) del 27 de febrero de 2010.