Rigau acusa a la fiscal de Roma de obviar las pruebas en el caso Lollobrigida

El empresario barcelonés Javier Rigau ha acusado a la fiscalía de Roma de hacer caso omiso a las pruebas que demuestran que la denuncia por el presunto matrimonio falso contraído en 2010 entre él y la actriz italiana Gina Lollobrigida, es falsa, como ya sucedió en España.

En una carta remitida a Efe, Rigau lamenta la pena que ayer solicitó la fiscal Claudia Terracina de ocho meses de prisión y una multa de 500 euros por un presunto delito de estafa.

Rigau reprocha a la fiscal “un afán de protagonismo que sobrepasa todos los limites” y la acusa de “haber dicho ayer en sus conclusiones que no le interesa para nada la justicia español”.

La fiscal de Roma pidió ayer esa pena en el proceso que se sigue en la capital italiana en relación con la unión entre Rigau y la actriz y afirmó que el empresario español tenía intención de acceder al patrimonio de la artista mediante ese enlace.

Rigau asegura que “la fiscal se ha negado a oír al notario que recogió la firma de Lollobrigida cuando esta le requirió para otorgar los poderes especiales para contraer matrimonio con él”.

Y, además, “ha hecho caso omiso de toda la documental que al igual que en España demuestran que la denuncia archivada definitivamente en España por ser falsa deberá acabar en Italia de la misma manera”.

La intérprete italiana y Rigau mantuvieron una relación sentimental entre 2006 y 2007; en octubre de 2006 Lollobrigida anunció su boda con Rigau, aunque tras varios meses de noviazgo suspendió el enlace con el español, 34 años más joven que ella.

Finalmente el polémico matrimonio se celebró en la iglesia de San Vicente del barrio barcelonés de Sarrià el 29 de noviembre de 2010 mediante dicho poder especial otorgado ante notario.

Durante el proceso en España, el empresario ha defendido la legalidad del documento mientras que la actriz ha negado que firmara los documentos para casarse con el español.

Hace un año la justicia española cerró definitivamente la causa abierta tras la denuncia de la actriz.

Un informe de la Policía Nacional había corroborado un dictamen previo que descartaba que la rúbrica de Lollobrigida que aparecía en los poderes firmados el 6 de agosto de 2010 para celebrar la boda con Rigau estuviera falsificada.

La causa contra Rigau se abrió en España a raíz de una denuncia de Lollobrigida, que acusó al empresario barcelonés de un delito de matrimonio ilegal y otro de falsedad documental.