El Supremo de EE.UU. permite a los estados cobrar impuestos a los vendedores “online”

El Tribunal Supremo de Estados Unidos dio hoy luz verde a que los estados del país puedan cobrar impuestos a empresas que vendan bienes en internet aunque no tengan presencia física en ese territorio.

El alto tribunal, de mayoría conservadora, falló dividido -cinco magistrados a favor y cuatro en contra- a favor de los estados que buscan imponer tasas sobre este tipo de empresas, dando un importante giro en las decisiones judiciales en este ámbito en un contexto de comercio electrónico en constante evolución.

El caso parte de una regulación establecida por el estado de Dakota Sur en la que se establecían impuestos para las compañías que, aun sin tener presencia física, vendieran en ese territorio una cuantía superior a 100.000 dólares en bienes.

En la sentencia, redactada por el juez Anthony Kennedy, la mayoría de la sala se hace eco de los argumentos esgrimidos por el tribunal supremo estatal, que se había servido de fallos previos sobre regulaciones que buscaban eliminar la competencia interestatal y argumentaba que la falta de presencia física lo hacía ilegal.

Sin embargo, los magistrados consideran que el empleo de estas sentencias previas en la coyuntura actual sirve como un “paraíso fiscal elaborado fiscalmente” para las empresas en red.

“Se ha convertido de facto en un paraíso fiscal elaborado judicialmente para los negocios que buscan limitar su presencia física y venden sus bienes y servicios a los consumidores del estado”, asegura el fallo.

En este sentido, también subraya que “la norma provoca un incentivo para evitar la presencia física en múltiples estados”, lo que implica que el mercado carezca de “escaparates, puntos de distribución y centros de empleo que serían eficientes y deseables”.

“Este tribunal no debe prohibir a los estados requerir impuestos legales debido a las normas de presencia física que lo permiten solo si hay un edificio o un empleado en el estado”, concluyó la sala, que abogó por revertir el mandato de la corte inferior.

El fallo supone un giro al mercado de comercio electrónico a nivel nacional, que se había beneficiado de los resquicios de unas regulaciones inspiradas en la venta tradicional de bienes.