El Supremo estudia mañana si confirma la inhabilitación de Mas por el 9N

El Tribunal Supremo celebra mañana una vista en la que estudiará si confirma la sentencia que condenó al expresidente de la Generalitat Artur Mas a dos años de inhabilitación por desobediencia por la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014, declarada ilegal por el Constitucional.

Una cita a la que en principio no tiene por qué acudir el antecesor de Carles Puigdemont al frente del Gobierno catalán, sino solo su abogado, y en la que el alto tribunal estudiará su recurso de casación y los de la exvicepresidenta Joana Ortega y la exconsejera Irene Rigau a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, dictada en marzo de 2017.

Los tres fueron condenados a penas de inhabilitación (2 años en el caso de Mas, año y nueve meses en el de Ortega y año y medio en el de Rigau) por “pervertir” los principios de la democracia básicos para la “convivencia pacífica” al mantener la consulta del 9N, que había sido suspendida por el Tribunal Constitucional.

Una convocatoria que llevó a los tres junto al exconseller Francesc Homs a juicio a principios de octubre, en este caso ante el Tribunal de Cuentas, por su supuesta responsabilidad contable en la desviación de fondos para el 9-N, y que aún está a la espera de sentencia.

En sus recursos ante el Supremo, Mas, Rigau y Ortega invocaron sus derechos constitucionales a la participación y a la libertad ideológica y de expresión en busca de su absolución.

Alegaron que sus condenas vulneraron hasta cinco preceptos constitucionales y que el TSJC erró en la valoración de algunas pruebas, no practicó una serie de diligencias solicitadas en tiempo y forma e incurrió en una serie de contradicciones.

La Fiscalía, pese a que anunció que recurriría la sentencia buscando una pena más severa por un delito de prevaricación del que el TSJC absolvió a los condenados, finalmente no lo hizo.

De hecho, el propio ministerio público se manifestó en contra de admitir a trámite los recursos de los condenados -o, en su caso, optó por desestimarlos- e incluso consideró innecesaria la celebración de una vista.

Para la Fiscalía, en el 9N no existía el derecho a votar puesto que era una consulta que el TC proclamó inconstitucional.

“El ejercicio de los derechos y libertades públicas se desvincula de su genuino fundamento cuando su prevalencia se impone a costa de destrozar el edificio normativo y los equilibrios proclamados por el poder constituyente”, aseguró la Fiscalía.

Serán cinco los jueces que integren la Sala, presidida por Luciano Varela, que estudiará mañana a partir de las 10.30 horas si respalda la sentencia dictada por el TSJC o si la revoca o endurece.

Independientemente de lo que diga el Supremo -que condenó por dicha consulta en otro procedimiento al exconseller de Presidencia Francesc Homs a un año y un mes de inhabilitación y a 30.000 euros de multa-, Mas ya anunció en su día que llevaría el caso a instancias europeas.