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Abogacía: España tiene la capacidad jurídica sobrada para asistir a refugiados
El Consejo General de la Abogacía Española ha garantizado hoy que los colegios de abogados españoles tienen capacidad “sobrada” para asistir jurídicamente a los 14.900 solicitantes de asilo que tiene asignados España según el cupo de la Unión Europea (UE).
Así lo han afirmado tanto el presidente del Consejo, Carlos Carnicer, como su vicepresidente, Oriol Rusca, y el presidente de su Subcomisión de Extranjería, Pascual Aguelo, durante una rueda de prensa en la que han explicado las medidas que la Abogacía ha puesto en marcha para colaborar en la respuesta a la crisis de los refugiados.
La Abogacía ya anunció la semana pasada la puesta en marcha de una serie de herramientas adicionales en este sentido, entre las que destaca la apertura de una base de datos de abogados voluntarios para la asistencia jurídica a solicitantes de asilo, que ya cuenta con más de mil inscritos.
Además, ha organizado unos planes extraordinarios de formación para los abogados sobre los aspectos legales que conciernen a los tratados de asilo y, según ha informado Carnicer, los servicios de atención a inmigrantes y refugiados que ya existían en los diferentes colegios se mantendrán a pleno rendimiento.
Para el presidente del Consejo, “es imprescindible” establecer todos los mecanismos existentes para atender las necesidades de estas personas que “están siendo objeto de verdaderas violaciones de los derechos humanos”.
Igual de contundente se ha mostrado Oriol Rusca, quien ha criticado la lentitud con la que están tardando en reaccionar las instituciones europeas así como los gobiernos de los países miembros, entre ellos, ha precisado, el español.
En este sentido, ha rechazado que la atención de los refugiados sea un problema económico, pues, tal y como ha recordado, la UE cuenta con una partida de 3.100 millones de euros, ya aprobada en sus presupuestos, para gastar entre 2014 y 2020 en materias relacionadas con el asilo de refugiados.
“Es un problema de corte político”, ha proseguido Rusca, quien ha considerado que la tardanza con la que están reaccionando las instituciones europeas ante el fenómeno de los refugiados supone una “dejación” del derecho internacional, que garantiza la protección los solicitantes de asilo.
También ha recordado que existe un problema en España respecto al tiempo que tarda la administración en resolver las solicitudes presentadas, un plazo que no debería sobrepasar los seis meses, pero que actualmente es de 4 a 5 años.
Así, los tres abogados han aprovechado para pedir al Gobierno que tome medidas para agilizar los plazos de tramitación de las solicitudes y para que se muestre más solidarios con respecto a los refugiados. “No se pueden utilizar las desgracias ajenas para mermar los derechos de los ciudadanos”, ha sentenciado Rusca.
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