La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado el archivo de la pieza de los presuntos sobresueldos en el seno de Podemos, enmarcada en el caso Neurona, después de que el juez Juan José Escalonilla lo hubiera hecho ya en dos ocasiones. La sala se ha tenido que pronunciar porque una asociación denominada Prolege, que ejerce la acusación popular junto a Vox en distintas causas sobre Podemos, recurriera la decisión del magistrado instructor. En su auto, los jueces de la Audiencia Provincial incluyen un duro reproche a Prolege, a la que acusan de perseguir “una auditoría general” al partido político. Vox se había sumado al recurso.
El objeto de esta investigación es la gerente de Podemos Rocío Esther Val, inicialmente acusada por presuntos delitos de administración desleal. Escalonilla investigaba los pluses salariales y gastos reembolsados que autorizó Val a partir de la denuncia del abogado despedido de Podemos José Manuel Calvente, quien acudió a la Guardia Civil a finales de 2019 denunciando, entre otras presuntas actuaciones delictivas, una supuesta caja B y sobresueldos en el partido, ambas cuestiones están descartadas ya por la instrucción.
Los magistrados de la Sección 30 de la Audiencia de Madrid deciden “parafrasear” a la representación legal de Podemos en su escrito de impugnación y coinciden en que “parece que la acusación popular de Prolege está empeñada en poner en entredicho la política retributiva de dicha formación política para considerar que algunos de sus empleados no son merecedores de determinados complementos salariales, como si de una nueva auditoría general se tratara, cuando su posición procesal es discutible que le legitime para reclamar explicaciones al titular del patrimonio a quien se las exige y decidir cuáles han de ser los sobresueldos de sus trabajadores”.
El recurso de Prolege se produjo pese a que el juez ya había explicado que la exgerente de Podemos “no implementó en su nómina y en la nómina del Responsable de Finanzas y Transparencia del partido, Daniel de Frutos Ramírez, dos complementos salariales, sino uno sólo”. Ese complemento, “sobresueldo” según la terminología del abogado despedido, correspondía a la Coordinación Ejecutiva y ascendía a 400 euros.
El pasado mes de octubre, el juez Escalonilla archivó las pesquisas sobre las donaciones efectuadas por cargos públicos del partido al denominado Proyecto Impulsa al no ver indicios racionales de apropiación indebida o administración desleal de estos fondos. En el auto, el magistrado afirmaba que tras la documentación entregada por el partido queda “suficientemente acreditado” el destino dado a través del Proyecto Impulsa —gestionado por la Fundación Instituto 25 de Mayo para la Democracia— a las donaciones efectuadas por los cargos públicos a dicho proyecto durante el año 2016, ejercicio en el que se centraban las pesquisas.