La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado una de las decisiones clave del juez Juan Carlos Peinado en los últimos meses: llamar a declarar a Begoña Gómez y su asistente, Cristina Álvarez, acusadas de un delito de malversación de caudales públicos. El tribunal considera “dudoso” e incluso potencialmente delictivo que Álvarez sea “amiga íntima” de la esposa del presidente del Gobierno y no un “funcionario experto” y avala que se investigue si existió una “desviación de sus funciones” para, por ejemplo, ayudar a Gómez en la organización de su trabajo en la Universidad Complutense.
La Audiencia asegura: “Sería la primera vez, en este tipo de nombramientos, que no se hace recaer en un funcionario experto en protocolo, para el mejor ejercicio de la función, sino que se hace recaer en una persona de su máxima confianza” y para atender a sus “intereses particulares”. Jaime de los Santos, hoy diputado del PP, ejerció estas mismas labores para Elvira Fernández, esposa de Mariano Rajoy, fotografiado incluso llevando bolsas de compras para ella. De los Santos, según su currículum, no es “funcionario experto en protocolo”.
Que apenas enviara unos pocos correos relacionados con la Complutense a lo largo de los años, explica la Audiencia, “resulta irrelevante” porque ese “no es el único medio” para descubrir si iba o no más allá de su trabajo en la Moncloa. “La labor investigadora se dirige a determinar la desviación de sus funciones en el interés particular de ambas investigadas, entendiéndolo no en el desarrollo de una actividad privada, sino en aquella que sirve para montar un entramado de beneficios personales”.
El tribunal madrileño ya había avalado en resoluciones anteriores que Peinado investigara por malversación el hecho de que Cristina Álvarez, asesora contratada en Moncloa para ayudar a Begoña Gómez, gestionara asuntos relacionados con su cátedra y sus másters en la UCM. Pero es una ramificación del caso que se ha encontrado con varios varapalos de tribunales superiores contra los intentos de Peinado de escalar el caso hasta la Moncloa y varios altos cargos.
El último archivo, obligado por la Audiencia Provincial, fue recientemente para la imputación de Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid y entonces alto cargo en la Moncloa. Previamente el Tribunal Supremo también había rechazado imputar al hoy ministro de Justicia, Félix Bolaños, por su papel en la contratación de Álvarez. El proceso de contratación, recuerda ahora una vez más la Audiencia Provincial, no está bajo sospecha.
La Audiencia reitera en este nuevo aval a Peinado que la investigación debe determinar si Álvarez iba más allá de sus funciones como asesora para promover el supuesto plan criminal que el juez atribuye a Begoña Gómez: usar su matrimonio con Pedro Sánchez para promocionar una cátedra por la que no cobró. Según los cálculos de la Fiscalía, las colaboraciones de Gómez con la UCM arrancaron en 2012 –seis años antes de que Sánchez fuera investido presidente– y le reportaron unos 40.000 euros de beneficio hasta 2022. A una media de 4.000 euros por año.
“Constan indicios del posible exceso en sus funciones de la asistente de la recurrente”, dice este auto sobre Cristina Álvarez. La instrucción del caso, añade, “sigue viva”, lo que implica que este mismo tribunal tendrá que revisar en un futuro si el caso merece o no llegar a juicio ante un tribunal popular. “Probablemente la actividad de María Cristina Álvarez, podría desarrollarse durante las veinticuatro horas, los siete días de la semana, lo que desde luego parece excesivo, más propio de una amiga interesada en los asuntos lucrativos de la ahora recurrente, que en la fría labor de la encargada de la agenda y demás asuntos protocolarios”, llega a asegurar el tribunal.
Un caso camino de juicio
La causa que arrancó hace algo más de año y medio por una denuncia de Manos Limpias plagada de recortes de prensa y un bulo va camino de sentar en el banquillo, ante un jurado popular, a la esposa del Presidente del Gobierno. De las primeras pesquisas sobre su relación con el empresario Juan Carlos Barrabés, su actividad profesional en el África Center y su trabajo en la Complutense la línea de investigación que avanza hacia juicio es la que tiene que ver con su asesora.
A lo largo del último año, la Audiencia Provincial ha obligado a Peinado a levantar la imputación de varias personas: del rector de la UCM Joaquín Goyache, del empresario y exconsejero madrileño Juan José Güemes, entre otros, además de haber sancionado su tendencia a imputar a alguien a quien previamente ha llamado a declarar como testigo.
Otra de las líneas de investigación tiene que ver con su trabajo en la UCM, una colaboración que arrancó en 2012, y la gestión de una cátedra extraordinaria. Recientemente tanto la interventora del centro universitario como una asociación de Abogados del Estado consultada han explicado al juez que es legal que Begoña Gómez, entre otras cosas, firmara pliegos de contratación para la cátedra.