El Congreso confirma al TC y al Senado que en dos semanas denunciará al Gobierno por no someterse a control

El Congreso de los Diputados ha puesto en marcha este martes la preparación del conflicto de atribuciones que va a presentar ante el Tribunal Constitucional por la negativa del Gobierno en funciones a someterse a control parlamentario por parte de las Cámaras que surgieron de las elecciones del 20 de diciembre.

En concreto, según han indicado a Europa Press fuentes parlamentarias, la Mesa de la Diputación Permanente ha facultado este martes a los servicios jurídicos del Congreso para empezar a redactar ese recurso, que se espera que esté concluido en dos semanas, y se ha comunicado formalmente tanto al TC como al Senado la intención de denunciar al Gobierno.

MONCLOA SE RATIFICÓ EL VIERNES

El pasado viernes, el Gobierno de Mariano Rajoy ya se ratificó en su negativa a someterse al control parlamentario, respondiendo así al requerimiento que le había hecho el Congreso. En su escrito, registrado la víspera de que acabase el plazo de respuesta, el Ejecutivo insiste en que “no se puede someter al Gobierno en funciones a iniciativas de control en la medida en que no existe una relación de confianza entre éste y el Congreso”

Según explica, un Gobierno sólo “responde solidariamente” ante el Congreso que le ha dado su confianza mediante la investidura y que, al estar en funciones, carece de capacidad para fijar la orientación política, que precisamente es lo que pretende un Parlamento al controlar a un Ejecutivo.

Ese escrito era el último trámite que le faltaba al Congreso para poner en marcha el recurso al TC que en su día acordó el Pleno el Congreso con el voto en contra del PP. En su reunión de este martes, la Mesa de la Diputación Permanente ha tomado nota de la respuesta del Gobierno y ha encargado a los letrados de la Cámara la redacción del escrito que la Cámara prevé presentar en el Tribunal en un par de semanas.

Además, se ha informado formalmente al Senado (la otra Cámara de las Cortes Generales) y al TC de que la cuenta atrás del conflicto institucional ha empezado. Según el procedimiento que establece la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, una vez que reciba el escrito del Congreso, el tribunal deberá comunicarlo al Gobierno en los diez días siguientes y fijará un mes de plazo para que formule las alegaciones que estime convenientes.

EL TC PUEDE INVITAR A LA CAUSA A OTRAS INSTITUCIONES

Durante ese mes, podrán comparecer en el procedimiento si consideran que éste afecta de algún modo a sus propuestas atribuciones, los demás órganos legitimados para plantear este tipo de conflictos y podrán pronunciarse “en apoyo del demandante o del demandado”.

A lo largo de este proceso, el tribunal podrá requerir aclaraciones a las partes y tendrá que tomar una decisión definitiva durante el mes siguiente o, cómo máximo, 30 días después del plazo que fije para la recepción de las mismas. Es decir, el proceso podría alargarse hasta julio, pero se supone que habrá un pronunciamiento del TC para el primer periodo ordinario de sesiones de las Cortes que surjan de las elecciones del 26 de junio.

El secretario segundo de la Mesa del Congreso, Ignacio Prendes, de Ciudadanos, ha defendido el procedimiento iniciado alegando que la posición del G9obierno del PP resulta “inaceptable” porque “pretender saltarse la separación de poderes es tanto como eludir la democracia”. “El PP quiere un Parlamento al servicio del Gobierno como el que venía disfrutando desde 2011 con su mayoría absoluta”, ha remachado.

DESPEJAR DUDAS Y LLENAR HUECOS

A su juicio, “es bueno” que el Tribunal Constitucional vaya a resolver este conflicto despejando dudas jurídicas, “llenando huecos constitucionales” y evitando que en el futuro se repita la situación vivida estos meses.

Por contra, el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha insistido en tachar de “desafortunada” la decisión de la Mesa del Congreso. A su juicio, en estos meses de interinidad “algunos han querido hacer una simulación del Congreso, cargados de demagogia y falsedades, con el único objetivo de atacar al Gobierno en funciones y tapar su incapacidad para elegir un nuevo Ejecutivo”.