La C.Valenciana primará a quienes se impliquen ante la emergencia climática

La futura ley valenciana de Cambio Climático primará a aquellas personas o empresas que se impliquen en la lucha contra la llamada “emergencia climática”, aunque también contemplará sanciones para quienes no lo hagan, pues una norma que no tiene herramientas de sanción es una “ley muy coja”.

Así lo asegura la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà, en una entrevista con la Agencia Efe, en la que advierte del “peligro de creer que la carga de mitigación de los efectos del cambio climático debe recaer en todos por igual”.

“Hay quien está muy interesado en que esto fracase porque tiene que implicarse activamente y no le interesa, y trabajará en decir que si tú, como individuo, no haces ciertas acciones en tu día a día, eres igual de responsables que ellos, que dirigen empresas, industrias o 'lobbies' potentes energéticos”, destaca Mollà, quien cree que caer en “esa trampa” será “desastroso”.

Afirma que no es lo mismo las emisiones que pueda hacer la ciudadanía a nivel particular que las que hacen industrias o empresas, y por ello la carga de mitigación será “una de las cosas que se tendrá muy en cuenta”, tanto a nivel normativo como de aplicación de medidas.

La nueva ley no verá la luz antes de año y medio, pero el Consell “no estará mirando a otro lado” sino que irá poniendo en práctica la Estrategia de Cambio Climático, que incluye compromisos concretos como, por ejemplo, contar con una Administración eficiente en 2025, para poder “predicar con el ejemplo”.

Según Mollà, la Generalitat no deja de ser “una gran empresa” en cuanto al número de trabajadores y su experiencia en la puesta en práctica de acciones contra el cambio climático puede servir a la hora de aplicarlas después en empresas privadas, para las que se cuenta con un horizonte hasta 2040 o 2050.

“Debemos asumir ya que les hemos recortado márgenes vitales a nuestros hijos e hijas. Lo que hemos hecho hasta ahora les va a repercutir”, advierte la consellera, quien pide ver esta lucha como “una oportunidad”, no solo para salvar el planeta sino también para crear nuevos modelos de economía y yacimientos de empleo.

Defiende que la gestión de residuos debe poner el foco en “ser capaces de generar menos residuos”, y asegura que el sistema de devolución de envases, cuyo debate cree que no se planteó bien en la pasada legislatura, tendrá que aplicarse porque así lo marca Europa.

En este sentido, apuesta por ir avanzado en su implantación “poco a poco y con margen”, para no tener que acabar haciéndolo una vez agotado el margen dado por Europa y “de un día para otro”.

En materia de agricultura, ve necesario dar “un salto de calidad” en la defensa de los intereses del sector, especialmente del cítrico, en Europa para no quedar “nulos en el debate”, y considera que el Gobierno central está teniendo en este asunto “más errores que aciertos”.

Alerta de que la nueva PAC que se negocia en Europa amenaza con dejar fuera a la agricultura valenciana al primar la concentración del sector en pocas manos, y defiende la necesidad de hacer ver en la UE que el modelo agrícola valenciano es “el más democratizado de todos”.

También lamenta el daño que producen a la agricultura valenciana los últimos tratados de libre comercio firmados por la UE con terceros países, y pide al Gobierno que esté “a la altura de las circunstancias” en unos momentos “críticos” para el sector.

Mireia Mollà rechaza entrar en guerras del agua con otras autonomías, defiende que los trasvases actualmente vigentes en la Comunitat (Tajo-Segura y Júcar-Vinalopó) “son irrenunciables” y aboga por hacer pedagogía para que fuera se entienda el buen uso del agua que hacen los valencianos.

También aboga por optimizar las infraestructuras hidráulicas, haciendo más eficiente energéticamente el proceso de desalinización con el objetivo de reducir al máximo el precio de la agua resultante, para que pueda ser asumible para los agricultores.

Mollà ve con preocupación la nueva convocatoria electoral, pues complica la toma de decisiones y la llegada de recursos y dificulta diseñar el presupuesto autonómico de 2020.

Sin embargo, apuesta por “intentar” elaborar unas cuentas autonómicas para marcar visualmente los objetivos que se quieren cumplir y saber cuánto dinero se necesita, y porque cree que podría ser una herramienta útil para el futuro gobierno de España.