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Los grupos dispondrán de ocho días para enmendar el decreto de Thomas Cook

Vista del congreso.

EFE

Madrid —

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Los grupos del Congreso dispondrán de ocho días para presentar sus enmiendas al decreto-ley para compensar los efectos de la quiebra del operador turístico Thomas Cook, que fue convalidado por la Diputación Permanente de la Cámara, pero no definitivamente, porque decidió tramitarlo como proyecto de ley.

Una situación inédita en democracia porque nunca antes, con las Cortes disueltas, se había tramitado un decreto-ley como proyecto de ley, lo que abre la posibilidad de incorporar modificaciones al texto original aprobado de manera urgente por el Gobierno.

Como desde la disolución del Parlamento por la convocatoria electoral no hay comisiones constituidas en el Congreso, la tarea de discutir e incorporar o no las enmiendas corresponde a la Diputación Permanente, el órgano que sustituye al pleno en períodos inhábiles o con las Cortes disueltas, como es el caso.

La Mesa de la Diputación, presidida por la presidenta de la institución, Meritxell Batet, se ha reunido hoy y ha acordado abrir un plazo de ocho días hábiles para la presentación de enmiendas, que arrancará a partir de la publicación del proyecto de ley en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Si la publicación se produjera mañana martes el plazo finalizaría el viernes 15 de noviembre, apuntan fuentes de la Mesa, que también aclaran que lo único que ha hecho este órgano es determinar el plazo de enmiendas, por lo que todavía no hay fecha para su debate en la Diputación Permanente, en todo caso ya para la segunda quincena del mes.

Lo que sí está claro es que la tramitación completa de las medidas para afrontar la quiebra de Thomas Cook que impulsó el Gobierno en funciones deberá estar concluida, con o sin modificaciones al texto original, antes de la constitución de las Cortes de la nueva legislatura, que tendrá lugar el 3 de diciembre.

Así lo determinó un informe encargado en la anterior legislatura a los servicios jurídicos del Congreso por la Mesa, en el cual se apuntaba: “No parece posible trasladar a la Cámara que se constituya en la siguiente legislatura una iniciativa que procede de una Cámara distinta”.

También señalaba el dictamen que los plazos a seguir en estos casos deberían ser la publicación en el boletín, la apertura de un plazo de enmiendas de uno a ocho días, la calificación de las enmiendas por la Mesa y la posterior celebración del debate en el seno de la Diputación Permanente.

Algo que ya ocurrirá cuando se hayan celebrado las elecciones del 10 de noviembre y se sepa la nueva composición del Parlamento, de manera que se dará una situación peculiar, porque el Congreso tramitará un proyecto con unas mayorías que podrán ser distintas a las surgidas de las urnas en los comicios del domingo.

El PP, Ciudadanos y Unidas Podemos figuran entre los grupos que votaron por introducir cambios, al considerar que las medidas aprobadas por el Ejecutivo eran insuficientes.

Entre ellas figura la apertura de una línea de financiación de hasta 200 millones de euros para las empresas directamente afectadas por la quiebra del turoperador británico, así como otras que podrán alcanzar los 500 millones para el sector turístico en general.

Eso sí, el ya proyecto de ley todavía tendrá que pasar por la Diputación Permanente del Senado, con mayoría socialista, una vez que haya superado las modificaciones de la Cámara Baja.

Por otro lado, todavía está pendiente el debate de convalidación o derogación del decreto-ley que aprobó el Gobierno el viernes pasado, sobre medidas urgentes, por razones de seguridad, en la administración digital, el cual no se fijará hasta que el texto no haya sido publicado.

La Mesa de la Diputación Permanente tendrá que fijar fecha para su discusión, en la que también habrá dos votaciones, una sobre su convalidación o derogación y otra para determinar si se tramita o no como proyecto de ley, tal y como ha ocurrido con el de Thomas Cook.

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